El encadenamiento del ajuste

Tras el acuerdo, todos contentos y comprometidos a votar el ajuste.

Vázquez y Astori también contentos por haber logrado zanjar rápidamente las diferencias internas, cuya resolución siempre supone efectos desgastantes. Máxime cuando las acciones del oficialismo están en baja. La solución alcanzada les vino bien al presidente y al ministro para demostrar flexibilidad y capacidad negociadora con lo que creen ganar gobernabilidad para el futuro en la interna frentista. Cosa que habrá que ver.

Es cierto que los plazos legales urgían, pero la rapidez del entendimiento alcanzado —en otros casos les ha llevado semanas y meses lograrlo— despierta sospechas de que lo vivido la semana pasada fue una operación de marketing para mejorar la imagen del gobierno y del Frente Amplio.

El presidente pudo mostrarse sonriente junto con los legisladores de la coalición el jueves 2 y el titular de Economía anunciar el lunes 6 la propuesta consensuada flanqueado por todos los integrantes del gabinete ministerial. Mejor escenificación, imposible. Astori fue bien claro al anunciar las nuevas pautas del ajuste. “Estamos muy contentos de haber llegado a esta situación que no solo le hace bien al país. Nos hace bien a quienes integramos el Poder Ejecutivo, al Frente Amplio en su conjunto y a las relaciones entre el gobierno y el Frente Amplio también”.

Como fue dicho, todos contentos. Al menos, en lo inmediato, así parece.

Superar rápidamente las disidencias internas en torno al ajuste era vital para un gobierno que luce golpeado en la opinión pública: por primera vez en once años un presidente del Frente Amplio tiene un saldo negativo entre quienes apoyan y cuestionan su gestión.

Un giro que refleja el enojo de buena parte de la ciudadanía, incluso de muchos frenteamplistas, ante la evidencia de que durante la campaña electoral del 2014 se les ocultó la compleja situación fiscal y la constatación de que Vázquez y Astori incumplieron la palabra empeñada de que no sería necesario aplicar más impuestos. Afirmaciones poco creíbles cuando, ya con un déficit de más de tres puntos porcentuales del producto, se prometía, además, aumentar el presupuesto de la enseñanza de 4,5% a 6% del PBI y financiar la puesta en marcha del Sistema Nacional de Cuidados.

“Vamos bien”, “lo mejor está por venir”, enfatizaba el discurso oficialista en la campaña.

Descubrir el engaño siempre es un trago amargo.

Engaño que se suma al enojo de parte de la ciudadanía al tomar conciencia del despilfarro en Ancap (U$S 800 millones de déficit acumulados en el ente entre 2011 y 2014) o que el Estado incorporó a 44.000 funcionarios más en el quinquenio 2010-2015.

La herencia de la “administración Mujica” está cada vez más a la vista de todos, entre otras razones porque Vázquez y Astori lo han puesto de manifiesto.

La necesidad de un ajuste de las cuentas públicas para reducir el déficit fiscal que en su último registro anual trepó a 4% del PBI está fuera de toda duda. Para recordárnoslo, esta semana la agencia Standard & Poor’s revisó a la baja la perspectiva de deuda uruguaya. Mantuvo el grado inversor pero encendió una luz que los mercados no dejarán de registrar.

Aunque más tarde de lo deseado, el gobierno ha comenzado a reaccionar. No le sobra tiempo para ello porque la situación ha venido empeorando claramente y no cabe esperar, ni de la región ni del mundo, que el actual contexto cambie favorablemente.

Si esto es así se verá que el ajuste repercutirá en decisiones personales y empresariales que desdibujan el cálculo de sumo acá, resto allá y me da tanto.

En 2015 hubo un cambio de expectativas. Se redujo el consumo interno, cayeron el nivel de actividad y el empleo. El ajuste fiscal anunciado acentuará esta tendencia, porque tanto las personas como las empresas internalizan que es tiempo de ensillar hasta que aclare.

Aun así, coherentes con sus convicciones políticas e ideológicas, en la izquierda muchos proclaman que “quienes más se han beneficiado de la bonanza de los últimos años deben aportar más”, que el gobierno debe reducir o eliminar las exoneraciones fiscales otorgadas a los inversores. Y si lo logran volverán a la carga, a pedir más y más impuestos sobre “los que más tienen”. Porque eso es parte de su naturaleza política. Está implícito en su espíritu “justiciero”, en su obsesión por reducir al máximo las desigualdades del sistema capitalista. Nunca lo que paguen estos contribuyentes será considerado suficiente.

Y lo peor es que creen que ello será gratis, que no tiene consecuencias sobre la capacidad de recibir nuevas inversiones, sobre el nivel de actividad, sobre el salario y el empleo. Incluso en la decisión de emigrar de jóvenes con alto nivel de capacitación —y fundadas expectativas de crecimiento profesional— cuando ven sobre quiénes se descarga la mayor presión impositiva.

La experiencia histórica considera disparatado dicho razonamiento y abundan los fracasos que produjo. Pero los socialistas populistas creen que a ellos no va a pasarles. Por tanto, esta es una controversia de nunca acabar.

El país ya tiene una carga tributaria alta, desmesurada con relación a la calidad de los servicios educativos, sanitarios y de seguridad pública que reciben los contribuyentes. En estos tiempos de “vacas flacas” este nivel de gasto público ya resulta difícil de sostener. Y lo peor es que los ciudadanos no ven esfuerzos significativos por mejorar la cobertura de los servicios públicos. Por tanto, están convencidos de que pagarán más impuestos a cambio de nada.

La cuestión es que quienes desde enero tendrán que aportar más son casualmente quienes ya invierten cifras importantes de sus presupuestos familiares en dotarse de elementos de seguridad, en coberturas privadas de salud y de educación para sus hijos. Y su reacción será reducir el consumo de bienes y servicios. Por ahí sigue lo que es imposible de prever: el encadenamiento del ajuste.