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El Partido Nacional lleva más de 50 años gobernando en el departamento de Tacuarembó, y en las próximas elecciones no se anticipan sorpresas. Los blancos una vez más llevan amplia ventaja con una alianza entre dos pesos pesados: el candidato a intendente es Wilson Ezquerra, que ya ocupó el cargo en los períodos 2005-2010 y 2010-2015, y lo acompaña en el segundo lugar de la lista Eber Da Rosa, quien lo sucedió a partir de 2015.
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Pese a que el desempeño de las intendencias blancas cuenta con el apoyo de la mayoría de la población, la gestión no ha estado exenta de críticas. Recientemente, una investigación de la radio La Kandela de ese departamento reveló un posible conflicto de interés que involucra a un jerarca que ocupó un cargo de confianza en los gobiernos de Ezquerra y Da Rosa. El trabajo periodístico tiene como protagonista principal a Fernando Porcile, director de Obras de la intendencia entre 2010 y 2018, y salpica en particular a la gestión de Da Rosa, al poner en cuestión una serie de licitaciones millonarias.
A mediados de 2018, Porcile renunció a su cargo en la intendencia. Según registraron los medios locales, su decisión estuvo motivada por asuntos estrictamente familiares. Las crónicas, como la que publicó el portal tacuarembó.net, también reflejan que el arquitecto dejó el rumbo marcado con una serie de obras proyectadas.
El trabajo de los periodistas de La Kandela demuestra que pocos meses después de dejar la comuna, Porcile pasó a ser director de la sociedad anónima Inamerica. Esa empresa del rubro de la construcción resultó ganadora de varias licitaciones importantes realizadas por la Intendencia de Tacuarembó entre 2018 y 2020, en cumplimiento del cronograma que el propio Porcile había dejado proyectado.
Obras y ampliaciones
La investigación se concentra principalmente en tres licitaciones: la del Teatro Escayola, la de la terminal de ómnibus de Carguatá y la de la plaza San Gabriel. En total, por esas obras Inamerica S.A. facturó $ 123 millones entre 2019 y 2020.
Originalmente las cifras por las que se le adjudicaron las obras eran menores, pero en los tres casos hubo importantes ampliaciones de los contratos. Los periodistas sostienen que, en general, las extensiones no están debidamente fundamentadas, pero particularmente se detienen en los números de la licitación de la terminal de Caraguatá. El contrato original era por $ 35.689.580 y hubo dos ampliaciones por las que se agregaron otros $ 35.689.579. Con $ 1 de diferencia, el monto es prácticamente el doble de lo proyectado.
Así, la intendencia evitó por $ 1 exceder el límite del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (Tocaf), que establece que “en ningún caso” las ampliaciones pueden exceder el 100% del objeto del contrato inicial.
Además de la situación de Porcile, los periodistas detectaron otro hecho controversial. A través de la información publicada en la página web de Inamerica comprobaron que uno de los integrantes del equipo de la empresa es a su vez funcionario técnico de la Dirección General de Obras de la intendencia. El arquitecto Sebastián Serradell trabajaba para la empresa dirigida por Porcile y, al mismo tiempo, como funcionario municipal formaba parte de los procesos de licitación y de las obras. Incluso La Kandela encontró su firma en representación de la intendencia en una obra de la Plaza del Quebracho, que resultó adjudicada a Inamerica. El currículum de Serradell estaba publicado en la web de Inamerica, pero fue eliminado luego de que la radio divulgara su investigación.
El comportamiento de Porcile y el de Serradell parece ir en contra de normativas que buscan evitar conflictos de interés entre los funcionarios públicos. Por ejemplo, el artículo 31 del Código de Ética de la Función Pública (Ley Nº 19.823). Si bien la norma no es aplicable a estos hechos, porque no estaba aprobada en el momento en que se concretaron, permite observar los posibles conflictos en los que incurrieron los funcionarios. El artículo prohíbe a los funcionarios públicos ejercer su función dentro del Estado en relación con actividades o entidades privadas a las que estén vinculados “profesional, laboral, familiarmente o mediante cualquier otro vínculo” del que pueda derivarse un conflicto de intereses. La prohibición se mantiene vigente durante un año si el funcionario cesa en sus funciones. Otro ejemplo es el artículo 25 del decreto 30/003 que está vigente desde el 2003, y prohíbe a los funcionarios “contratar con el organismo a que pertenecen y mantener vínculos por razones de dirección o dependencia con firmas, empresas o entidades que presenten ofertas para contratar con dicho organismo”.
El viernes 28 de agosto el actual intendente de Tacuarembó, José Omar Menéndez, fue a la Junta Departamental a informar sobre el caso de Inamerica. El jerarca señaló que esa empresa solo se presentó a 8 de las 32 licitaciones que la intendencia hizo desde que Porcile cambió de lado del mostrador, de las cuales ganó cuatro y perdió cuatro. Según su visión, no hay una preferencia hacia esa empresa.
Para los ediles del Frente Amplio las explicaciones no fueron suficientes y pidieron que las autoridades vuelvan a ser convocadas a la Junta. La propuesta fue acompañada por ediles blancos del Herrerismo y por uno del Partido Colorado. La radio envió a la Fiscalía la información para que estudie si hay conductas delictivas.
Consultado por Búsqueda, Da Rosa dijo que las obras que se adjudicaron fueron por licitación y que el porcentaje de adjudicaciones a Inamerica es mínimo respecto a otras empresas. Ante la pregunta de si no veía un conflicto en el hecho de que el exdirector de Obras ganara llamados que él mismo había proyectado, se limitó a decir que está “muy alejado” del tema. “No me preguntes más nada porque no sé”.
