El financiamiento estatal a los sindicatos

En otro artículo, del 29 de abril, se informa que la ANEP paga los sueldos de 40 sindicalistas. Hay que hacer notar que además la ANEP no sólo otorga licencias sindicales a quienes faltan a sus trabajos cuando dicen hacerlo por estar cumpliendo actividades sindicales sino que además les paga el “presentismo” como si hubieran concurrido a trabajar.

Toda persona tiene derecho a dedicarse a trabajar para su gremio, incluso con dedicación total si así lo entiende pertinente. Desde luego toda persona que trabaja para su gremio en forma full time no puede realizar otro trabajo. Es evidente también que aquellas personas que aunque no se dediquen a tareas gremiales a tiempo completo, no pueden trabajar para su gremio en los mismos horarios en los que deberían estar trabajando en el puesto por el que cobran sus retribuciones. Obviamente quienes deseen dedicarse a tareas gremiales deben hacerlo fuera de su horario de trabajo, ya que si lo hacen en ese horario no pueden cumplir con las tareas que les corresponden y por las que reciben sus retribuciones. En caso de que opten por trabajar a tiempo completo para su gremio o que decidan hacerlo en los horarios de trabajo, no pueden cobrar sus retribuciones del organismo en el que tienen su cargo sino que deben hacerlo del sindicato ya que trabajan para él.

Lo que hoy pasa, es decir que el Estado pague a los sindicalistas a pesar de que estos no cumplan con sus obligaciones laborales, es tremendamente injusto para con los demás trabajadores, ya que estos sí tienen que realizar las tareas que les corresponden, además de las que deberían realizar los que no trabajan y cumplir con los horarios para poder cobrar sus retribuciones.

Por otro lado hay empleados del Estado que forman parte de otras organizaciones sociales como comisiones de fomento del barrio, de cooperación con la escuela, el liceo o de un hospital u organizaciones dedicadas a los temas ambientales, sociales, de apoyo a enfermos, a discapacitados, de caridad o a actividades culturales, educativas o religiosas. Muchas de ellas realizan encomiables e incluso indispensables tareas de enorme aporte a muchas personas y a la sociedad toda. Los trabajadores del Estado que realizan tareas en estas otras organizaciones sociales no gozan de permisos o licencias especiales ni las organizaciones son financiadas por el Estado, salvo en los casos en los que éste las contrate para la realización de trabajos específicos. Estas diferencias entre los sindicatos y los sindicalistas y las demás organizaciones sociales y quienes trabajan en ellas discrimina groseramente a estos últimos o, dicho de otro modo, privilegian a los primeros.

Se ha dicho que las actividades sindicales colaboran para el buen funcionamiento de las distintas organizaciones del Estado y por ello son beneficiosas para ellas y para la sociedad toda. Parece que los sindicatos hacen aportes a la sociedad mucho más grandes que los que hacen las demás organizaciones sociales y que ello amerita que el Estado los financie, así como parece que las actividades de los dirigentes sindicales aportan más a la sociedad que las tareas que realizan quienes colaboran con las demás organizaciones sociales. No es así y jamás lo ha sido.

Los sindicatos defienden los intereses de sus miembros, esa es su función. Estos intereses no son los de la sociedad. Por ejemplo, el convenio que realizó la Intendencia de Montevideo con Adeom, cuando era Intendente el Arq. Arana, que establece que los inspectores de Tránsito de Montevideo no tienen que trabajar los fines de semana y los feriados, beneficia a los inspectores pero perjudica a los ciudadanos, incluso poniendo en riesgo sus vidas. Hay muchísimos más ejemplos de este tipo de “beneficios” que han obtenido los gremios que benefician a sus integrantes pero perjudican enormemente a las organizaciones en las que trabajan y, sobre todo, a los ciudadanos, entre ellos dos clásicos. La “escala del burro” por la que los empleados de los bancos del Estado aumentan sus salarios y ascienden por antigüedad sin duda perjudica la gestión de los bancos y desincentiva a los empleados a esforzarse, capacitarse y asumir responsabilidades; total, basta esperar para ir escalando en la institución. Desde luego que este perverso sistema no es exclusividad de los bancos estatales; en realidad se aplica en toda la administración pública. Por otro lado los docentes han “logrado” ser quienes deciden en qué centro educativo dictan clases. Esto impide que los directores armen equipos docentes y que los administradores de la educación envíen a los docentes más adecuados para los alumnos a donde se necesitan. Esta conquista gremial atenta claramente contra los intereses de los alumnos, quienes deberían ser los destinatarios del sistema.

En definitiva, los intereses de los gremios y de sus dirigentes no son los de la sociedad ni los de los organismos en los que trabajan, defienden sus intereses particulares, como es natural, y si bien en algunos casos hacen aportes que pueden resultar beneficiosos, el balance de sus acciones es muy claro: los beneficios que solicitan y los que han obtenido perjudican a los ciudadanos.

Además, buena parte de las declaraciones de los dirigentes gremiales se apartan totalmente de los asuntos relacionados con el trabajo o las condiciones de trabajo de sus afiliados y se refieren a asuntos meramente políticos como: contra la modificación de la edad de imputabilidad de los menores, por el aborto, por los derechos humanos o apoyo a la dictadura cubana. Son declaraciones políticas como son políticas las pretensiones, logradas en la enseñanza, la salud y otros organismos o empresas del Estado, de que la dirección sea realizada por sindicalistas, por cierto, idea totalitaria desarrollada por el fascismo a principios del siglo pasado.

Todos los ciudadanos tienen derecho a tener opiniones políticas y desde luego a expresarlas, pero las organizaciones sindicales no son partidos políticos y por ello no corresponde que sus dirigentes las usen para hacer política aprovechando la notoriedad pública que los sindicatos les dan. Desde luego que si desean transformar a los sindicatos en partidos políticos, para lo que deben tener el acuerdo de sus miembros, lo pueden hacer. Hoy funcionan como partidos políticos sin serlo legalmente. Eso sí: el Estado no puede financiarlos como lo está haciendo actualmente.

El gobierno maneja el dinero de los ciudadanos que es para los gastos e inversiones del Estado. Los ciudadanos pueden estar o no de acuerdo con la distribución que de su dinero hace el gobierno y por ello cada cinco años se realizan elecciones en las que se confirma o cambia a los gobernantes. Sin embargo el gobierno está usando parte de ese dinero para pagar retribuciones a dirigentes sindicales y hasta actividades de los sindicatos, es decir está financiando a organizaciones privadas. Hay que destacar que con estas acciones el gobierno está desviando dinero de ciudadanos que no tienen interés o no quieren financiar a los dirigentes sindicales o a los sindicatos. No tiene derecho a hacerlo. Las organizaciones privadadas deben financiarse con los aportes de sus afiliados, donaciones o con lo producido por las actividades que realicen.

Puede que estos gastos sean legales pero sin duda como no son generales, es decir no se trata a todas las organizaciones civiles por igual, configuran unas prebendas o privilegios que no pueden existir en un país democrático. Los privilegios los han ido obteniendo a lo largo del tiempo por medio de acciones violentas, paros, huelgas, distorsiones en el funcionamiento de las organizaciones y últimamente por amiguismo. En democracia no puede haber privilegios ni los gobernantes pueden mantenerlos ocultos, por lo que ya es hora de que terminen con todas estas prebendas. Además, las autoridades deben transparentar la situación y poner en Internet los nombres de todos los beneficiarios de las “licencias gremiales”, los montos anuales que cada uno cobra incluidas las cargas sociales y tributos, las contribuciones anuales que realizan a los distintos sindicatos y el importe total de lo que están gastando en la financiación de sindicatos y sindicalistas.

Arq. Juan Andrés Sienra

Punta del Este (Maldonado)