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    El futuro del “Dique Mauá”

    Sr. Director:

    Programa “Dique Mauá”: un pie en el pasado, un pie en el futuro. En el año 1986, en función de la resolución del Poder Ejecutivo Nº 1941/1975, los 22 km de la rambla de Montevideo comprendidos entre la escollera Sarandí y el arroyo Carrasco fueron incluidos en el listado de monumentos históricos de la que hasta entonces se conociera como Comisión del Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la Nación. Como consecuencia inmediata y todavía vigente, todos los emprendimientos —no solo los edilicios— que quedaran inscriptos en el área definida en la resolución de referencia, están obligados a una doble tramitación del permiso correspondiente: una en la intendencia y otra en la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación (en adelante CPCN). Como era previsible, se sucedieron situaciones controversiales en la rambla y en otras áreas de competencia común, llevando por feliz acuerdo de partes a la creación de la Comisión Honoraria de los Espacios Públicos Patrimoniales (Res. N° 4327/2000) que aseguraba una previa evaluación conjunta. Pero el trabajo de esa Comisión puso en evidencia la necesidad de contar con un instrumento que además del relevamiento geomorfológico de la faja costera, aportara las bases de un análisis de situación y de una visión prospectiva de las distintas “unidades de paisaje”, con capacidad de orientar decisiones consensuadas en relación con demandas puntuales, cualquiera fuera su escala y su significación en el conjunto. De esa conciencia de debilidad de su “caja de herramientas” derivó el convenio suscrito entre la IMM, la CPCN y la Facultad de Arquitectura (actual FADU) para que esta tomara a su cargo la definición de Pautas para el ordenamiento paisajístico de la rambla de Montevideo. El trabajo multidisciplinario, cuyo costo fue solventado por la intendencia, se desarrolló entre los años 2003 y 2006, dando por resultado un conceptuoso informe de más de 800 páginas, con más peso descriptivo que propositivo… y, cosa lamentable, casi sin incidencia en las políticas de calificación patrimonial a las que estaba dirigido, manteniéndose desde entonces una escasa coordinación entre ámbitos desagregados. Ese panorama nada halagador no impidió que en el año 2010, la rambla de Montevideo pasara a integrar la Lista Indicativa de UNESCO, con vista a su postulación como Patrimonio de la Humanidad, que bien pudiera merecerlo en tanto “paisaje urbano histórico”, asumido como un “constructo” en devenir.

    Apenas seis años más tarde aquellos desencuentros volvieron a pasar factura, cuando la propuesta de Los Cipreses (Buquebús-López Mena) sobre la construcción de una terminal fluviomarítima en el entorno del Dique Mauá —hecha al amparo de la Ley N° 17.555/2002— empieza su recorrido institucional, con información pública escasa y confusa, y protagonismo absolutamente marginal de la CPCN (ver acta del Senado de fecha 23 de agosto de 2017). A la fecha, a dos años de su presentación, la aceptación de la propuesta tiene media sanción y un tiempo escaso para que se levante la niebla y quede a la luz la cuestión central, que podemos sintetizar en estos términos: a) si agotada la capacidad del puerto, es buena cosa para la ciudad —y para el país— contar con una terminal que concentre el tránsito de pasajeros por vía fluvial, quedando toda la obra portuaria en propiedad del Estado; b) si el proyecto “de tierra” se hace compatible con las preexistencias de valor patrimonial y con el uso público de los espacios libres, quedando el Dique Mauá en la órbita de la Armada y agregándose la incorporación del Museo del Tiempo; c) si la enajenación de los predios —contrapartida exigida por el oferente en relación con las obras portuarias— puede sustituirse por una cesión a término (30, 50 años) u otro acuerdo que contemple los intereses de las partes, y d) si existe una cláusula de blindaje contra eventuales incumplimientos, entonces deberíamos concentrar esfuerzos en generar una “consultoría técnica” del más alto nivel y representatividad (del Estado, de expertos en cuestiones marítimas, la intendencia, la universidad …y la CPCN) para revisar lo actuado y confirmar —o no— un primer nivel de viabilidad de la propuesta. A ese, en términos generales, “se puede” seguirá un “de qué manera” (un “sí… pero cómo”, tal la visión de Ciro Caraballo, un referente en materia patrimonial) que habrá que “negociar” con el proponente. Y si además sigue firme la propuesta de que el proyecto finalmente aprobado sea ejecutado por Norman Foster —el Foster del Reichstag de Berlín, de duro proceso y brillante concreción— ya podríamos aventar las dudas sobre el futuro del sitio, potenciado con un patrimonio acrecido.

    Las voces críticas sobre lo actuado sonaron fuerte en estas semanas desde la Academia y las redes sociales, con mucho sentimiento por lo que algunos ven como una entrega de soberanía y, en general, con una común descalificación del proponente. Cabe preguntar: ¿podría presentarse a la ciudadanía un panorama más claro de las cosas que están en juego?, ¿podrían generarse variantes en la propuesta que aseguraren un equilibrio entre el interés público y el privado? Lo primero, tenemos derecho a exigirlo. En relación con lo segundo, tenemos urgente necesidad de recomponer un plano de discusión sin confrontaciones estériles y de generar una instancia de asesoramiento técnico calificado, para revisar lo actuado, negociar lo negociable y dar fundamento firme a las decisiones que serán integradas al pliego que habrá de regir la licitación impuesta por la Ley N° 17.555/2002, más los criterios de monitoreo del proyecto ejecutivo y proceso de obra. Todavía estamos a tiempo de pensar el patrimonio no como un ancla que nos ata al pasado, sino como un “capital social” que, bien manejado, nos ayudará a proyectarnos hacia un mejor futuro.

    Nery González

    CI 816.392-5