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El rol de los gobiernos y su gasto está en el centro del debate público últimamente: la coyuntura de crisis, recesión o lentísimo crecimiento que experimentan la mayoría de las economías desarrolladas genera posturas opuestas sobre si el sector público debe gastar más o menos. Por estos días en Uruguay se debate un proyecto de Rendición de Cuentas que tiene el mismo trasfondo.
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Los egresos de la administración central uruguaya crecieron de forma sostenida desde hace unos 20 años, lo que solo se cortó cuando la economía estuvo en recesión (1999-2003). Así, en porcentaje del Producto Bruto Interno (PBI) el gasto pasó de cerca de 15% en los noventa a 20% en los años 2000, para luego consolidar un peso cercano a 25% del Producto desde mediados de la década pasada hasta la actualidad, calculó Búsqueda en base a datos contenidos en el proyecto de la Rendición de Cuentas que a fines de junio fue enviado por el Poder Ejecutivo al Parlamento.
Esa comparación respecto al PBI suele utilizarse para tener una medida que tome en cuenta el “tamaño” de la economía; permite sostener que el gasto que realiza el Poder Ejecutivo, los organismos comprendidos en el artículo 220 de la Constitución (Poder Judicial, Tribunal de Cuentas, ANEP, Universidad de la República, etc.) y el Poder Legislativo equivale a una cuarta parte de la producción generada en el país en un año. El gasto público total en Uruguay es en realidad mayor, ya que otras áreas del Estado —como los gobiernos departamentales y otros organismos— también utilizan recursos públicos para financiar su funcionamiento e inversiones. Si se toman en cuenta esos gastos, puede estimarse que el total ronda el 30% del PBI (aunque aún no hay estadísticas que permitan el cálculo para 2011).
Economía y política.
Desde la crisis internacional que estalló en 2008 en Estados Unidos (EEUU) por el impago de créditos hipotecarios, el peso del Estado volvió a estar en medio de la discusión en el mundo. Primero por la necesidad de implementar estímulos a la actividad económica y planes de rescate a las instituciones bancarias afectadas, y luego por los desequilibrios financieros (elevados déficit y deudas) que provocaron en los sectores públicos, sobre todo en países económicamente avanzados.
En el hemisferio norte hay dos posturas sobre el gasto público dado el contexto de escaso crecimiento.
Por un lado hay quienes —como el premio Nobel de Economía Paul Krugman—sostienen que los gobiernos deben gastar más como forma de impulsar la demanda. Según ese enfoque, una política de austeridad fiscal en un contexto de bajo o nulo crecimiento deprime aún más la actividad, amplificando los efectos negativos de las crisis.
En el otro extremo se encuentran los que proponen recortar el gasto para estabilizar las finanzas públicas y hacer sostenible la deuda pública, y de esa forma devolver la confianza a los inversores. El Partido Republicano en EEUU y la canciller alemana Angela Merkel han levantado esa bandera.
En gran parte de los países donde se da este contrapunto los niveles de gasto público en relación al PBI son mayores al de 30% de Uruguay, principalmente porque desarrollaron los llamados “Estados de Bienestar” a medida que sus economías se desarrollaron. Destinan cuantiosos recursos a la seguridad social, subsidios por desempleo, políticas de reinserción laboral y a servicios públicos de alta calidad. En contrapartida, el nivel de impuestos o presión fiscal que soporta la población es más elevado que en otros países.
El gasto público de los países escandinavos representa más de 50% de su Producto, mientras que en España, EEUU o Japón supera el 40%. A su vez, en promedio en los 31 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el gasto público fue 43% en 2011.
En el mundo que está “en desarrollo”, economías como la uruguaya se encuentran en expansión, pero comienzan a acusar el impacto del enfriamiento o recesión en otras partes del mundo. Eso también plantea un dilema sobre el manejo del gasto estatal.
Mientras los egresos del sector público continúan aumentando, algunos analistas advierten que debería ser menor, de forma de guardar recursos por si se deteriora más el contexto internacional.
“Yo en mi casa combino ahorro con ayudar en la educación de mis hijos, colaborar con familiares en problemas, mejorar mi vivienda y mi calidad de vida”, ilustró, para defender la política fiscal, el ministro de Economía, Fernando Lorenzo, en las recientes Jornadas de Coyuntura Económica de la estatal Facultad de Ciencias Económicas.
Si se compara con los países de la región, el gasto público en Uruguay está por debajo de la mayoría. Según un documento de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el promedio para esta región es 25% del PBI, considerando solo las administraciones centrales.
Brasil y Argentina tienen un gasto que supera el 35% y 40% del Producto en cada caso, mientras que en Chile está algo por encima de 25%. Mientras, los egresos representan menos de 20% en países como Paraguay, Perú, Colombia y varios centroamericanos.
Los déficit fiscales en América Latina se redujeron en los últimos años hasta niveles menores a 2% del PBI en la mayoría de los casos. En Uruguay el resultado del sector público fue negativo en 0,9% del Producto en 2011 (1,6% anual a mayo), según datos del Ministerio de Economía.
Más gasto
El gasto público fue creciente desde comienzos de la década de 1990 en Uruguay, tanto en términos reales (quitando el efecto de la inflación) como en relación con el PBI. En el único período en que se redujo fue durante la recesión económica de 1999-2003, para volver a crecer aún con más fuerza a partir de 2005. En todo ese lapso su peso respecto al Producto pasó de 15% en 1990 a 25% en 2011.
Esa evolución es un ejemplo de gasto pro cíclico, con crecimiento en momentos de expansión económica y baja en fases recesivas.
Las cifras de Cuentas Nacionales que divulga el Banco Central muestran que cerca de 15% del consumo final en 2011 fue realizado por el sector público. También una cuarta parte de la inversión.
En términos de empleo, los funcionarios y contratados por el Estado eran unos 265.000 al cierre del año pasado, algo más del 15% del total de ocupados en Uruguay.
En el cuadro se indica el gasto por áreas en 2011, el primer año de aplicación del Presupuesto quinquenal del gobierno de José Mujica.