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    El gasto público en educación favorece más a los “pobres” que a los “ricos”, aunque la Universidad profundiza las desigualdades

    Sobre todo por la transferencia que hace el Estado a través de la enseñanza preescolar, primaria y el ciclo básico liceal, un hogar del primer decil de ingresos percibe en promedio $ 1.300 mensuales per cápita, mientras que el decil más alto se apropia de $ 506, principalmente por la formación terciaria y el bachillerato, según una medición de la “equidad fiscal” realizada por la OPP

    “La educación, en verdad, es lo que nos falta; pero una educación para todos, sin distinción de clases, para iluminar la conciencia oscurecida del pueblo. Una educación que nos permita formar al niño para ser hombre y formar al hombre para ser ciudadano”, sostenía José Pedro Varela, reformador de la escuela uruguaya, en una conferencia en 1868. Esa visión se plasmó hasta hace algunas décadas en pupitres compartidos por hijos de obreros y doctores, pero el deterioro de la calidad del sistema público y la ampliación de la oferta privada fue cambiando las cosas.

    En la actualidad, los recursos que destina el Estado a la enseñanza derraman de distinto modo entre la población según el subsistema educativo, en algunos casos favoreciendo la equidad de los ingresos y en otros, profundizando las desigualdades sociales.

    Un análisis hecho por técnicos de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) tradujo en cifras esos efectos. Al pasar raya a los diferentes subsistemas educativos con financiamiento público surge que, en conjunto, el beneficio para los hogares más “pobres” es mucho mayor —tanto en términos relativos como absolutos— que el que reciben los “ricos” ($ 1.300 frente a $ 506 per cápita al mes en cada caso).

    El gasto global en educación rondó los U$S 2.700 millones en todo 2013, lo que representó 4,9% del Producto Bruto Interno del país, calculó Búsqueda a partir de los datos del proyecto de Rendición de Cuentas que se acaba de presentar al Parlamento. Al igual que los servicios públicos de salud o de alimentación, constituye una “transferencia en especie” que realiza el Estado a la población; otras son en dinero (pensiones no contributivas, asignaciones familiares y subsidios diversos).

    Aunque el presupuesto ha venido aumentando en los últimos años, algunas mediciones advierten que ello no redundó en mejores índices de aprendizaje, en especial en los liceos. Los sindicatos de docentes y varios grupos dentro del Frente Amplio son propensos a que el gasto en esta área alcance el 6% del Producto, mientras desde la oposición política se reclaman esfuerzos por elevar su eficiencia.

    En la edición de 2013 del informe “Logro educativo” difundido hace pocas semanas, el Ministerio de Educación (MEC) destacó que el analfabetismo se ubica en mínimos históricos (cercanos a 1% entre la población de hasta 60 años), así como la consolidación y ampliación de la cobertura en las edades escolares (más de 90% entre los cuatro y 14 años). Sin embargo —agregó—, se mantienen “brechas importantes” en edades de hasta tres años y a partir de los 18, “donde los sectores más pobres tienen menores niveles de asistencia”.

    Gasto y equidad

    Las transferencias en educación tomadas en conjunto reducen la desigualdad de ingresos, con un impacto medido con el índice de Gini de 6,7% (pasa de 0,4595 a 0,4285), conforme con el análisis titulado “Antes y después de impuestos y gasto público social: un ejercicio de equidad fiscal para Uruguay”, elaborado por la Asesoría en Políticas Sociales de la OPP.

    El estudio revela que algunos sectores de la población se benefician más que otros de la enseñanza pública.

    Al dividir los hogares en 10 partes —deciles— según el nivel de ingresos per cápita, los del decil más bajo (los más “pobres”) reciben una transferencia de gasto educativo mensual de $ 1.300, que representa 66% de su ingreso inicial ($ 1.964). En el otro extremo, el decil más alto (los más “ricos”) perciben $ 506, lo que eleva en 1% su ingreso, al pasar de $ 48.029 a $ 48.534.

    “El 40% de la población de menores ingresos se beneficia de más de la mitad del gasto en educación, aunque el monto percibido por las personas de los deciles de mayores ingresos no es nada despreciable: los deciles 8, 9 y 10 reciben entre 6 y 8%” del presupuesto público en este rubro, señala la OPP en el informe, al que accedió Búsqueda.

    En 2012 la enseñanza pública relativa a la primera infancia atendía a unos 80.000 niños; cerca de 273.000 iban a la escuela primaria común y especial, otros 228.000 asistían a los liceos, mientras que había casi 86.000 alumnos en la Universidad de la República. Además, la educación terciaria no universitaria (policial, militar, Consejo de Formación en Educación, etc.) daba cobertura a aproximadamente 31.000 personas, de acuerdo con datos del MEC.

    Mientras, la enseñanza privada en todos sus niveles fue creciendo en los últimos años y en 2012 abarcaba a casi 150.000 estudiantes.

    Primaria a terciaria.

    Cuando el gasto contribuye a hacer más equitativo el nivel de ingresos de la gente se dice que es progresivo.

    En ese sentido, la acción del Plan CAIF —que con algunas variantes desde 1988 se enfoca en la primera infancia, especialmente la proveniente de familias socialmente vulnerables— sobresale por su progresividad entre el resto de los servicios educativos financiados con recursos del Estado. El primer decil de ingresos se apropia de casi 30% de la transferencia (aunque la misma no es significativa en términos absolutos).

    La enseñanza pública preescolar y primaria también tiene un impacto redistributivo relativamente importante. El ingreso per cápita de los hogares más “pobres” se incrementa en $ 786 al mes —un 40%— al apropiarse del gasto en ese nivel educativo. En el otro extremo, el decil superior recibe una transferencia de solo $ 19.

    Una situación similar, aunque menos marcada, se observa con el ciclo básico liceal. En este caso, la transferencia en especie llega a $ 290 mensuales para los hogares del primer decil de ingresos y a $ 11 para los del décimo.

    El bachillerato tiene un efecto redistributivo mucho más leve, lo que posiblemente tenga relación con el hecho de que muchos jóvenes que integran familias humildes no alcanzan ese nivel educativo. Si bien la transferencia para los hogares del primer decil es casi el doble de la que reciben los del décimo, los montos percibidos por unos y otros son relativamente modestos ($ 47 y $ 28 en cada caso).

    La enseñanza técnica pública da cabida a amplios sectores sociales; la progresividad del gasto en esta área es relativamente pobre. Según el análisis de la OPP, la transferencia que recibe el primer decil ($ 43) supera a la que llega a los hogares más “ricos” ($ 24), pero está por debajo de casi todos los demás segmentos de la pirámide de ingresos.

    El monto absoluto de la transferencia que se hace a través de la formación docente impartida por el Instituto de Profesores Artigas es el menor de todas las áreas del sistema educativo público. Los que más se benefician son los hogares de ingresos medios y medio-altos; el primer decil percibe solamente $ 7 mensuales y el último $ 11.

    El gasto asociado al nivel universitario es regresivo en términos relativos y absolutos, ya que “se benefician los deciles más altos en un contexto de fuerte deserción en Secundaria, marcada por el trasfondo socioeconómico del hogar de los jóvenes”, se explica en el documento. La transferencia percibida llega a $ 410 para las familias de mayores ingresos y es de solamente $ 7 para las del primer decil.

    Evridiki Tsounta y Anayochukwu Osueke, dos economistas del Fondo Monetario Internacional, calcularon que casi la tercera parte de la caída de la desigualdad (medida por el índice de Gini) en la región registrada en la última década estuvo explicada por el gasto en educación. Como una de las conclusiones de su análisis —titulado “¿Qué está detrás de la baja en la desigualdad de ingresos en América Latina?”, publicado esta semana—, sostienen que mejorar el acceso de las familias de bajos ingresos a la educación puede ser una “herramienta eficaz para impulsar la igualdad de oportunidades”, y, en el largo plazo, también de los niveles de ingresos. Agregan que si bien está más allá del alcance de su trabajo evaluar el “nivel óptimo” de gasto y qué tipo de educación (primaria, secundaria o terciaria) es el más eficaz en la reducción de las inequidades, “una cosa es cierta: el fortalecimiento del acceso a una educación de calidad sería fundamental, ya que América Latina ya tiene un gasto en educación relativamente alto, pero con resultados más bien pobres”.

    Ese es un asunto de debate por estos días de campaña electoral para los uruguayos.

    Plata y brecha social

    Al comparecer el miércoles 9 ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de Diputados, el ministro de Economía, Mario Bergara, defendió el presupuesto en educación, aunque compartió la necesidad de mejorar su calidad.

    “En materia de educación pública (...) el gasto por alumno se duplicó en términos reales en todos los subsistemas, es decir, en formación docente, en formación técnico profesional, en inicial, en primaria y en secundaria. Hablamos de gasto pero, en realidad, si reclamamos más capital humano es difícil generarlo sin invertir razonablemente en educación”, manifestó.

    Sostuvo que el gasto “no fue todo para salarios, como a veces uno puede escuchar por ahí. Se triplicaron las inversiones en mantenimiento y se duplicaron los recursos para nuevas obras en ANEP”.

    También en la Universidad de la República hubo un “aumento importante del gasto real por egresado, que creció un 38% desde el año 2005. Eso se ve en todos los bloques de egresos, en disciplinas sociales y humanas, en salud, en ciencia y tecnología, en ciencias agrarias y artísticas”, agregó el jerarca.

    El diputado Iván Posada, del Partido Independiente, intervino para advertirle acerca del empeoramiento en los resultados de las últimas pruebas PISA, lo que a su entender revela un “problema de gestión” y de “calidad del gasto”. Y agregó: “No estoy hablando de los indicadores de pobreza, sino de lo que son las perspectivas, porque cuando uno analiza, por ejemplo, el resultado de las pruebas PISA, lo que notoriamente se confirma es que, en los contextos más sumergidos desde el punto de vista social los resultados son aún peores”.

    Bergara retomó la palabra y reconoció que se trata de “un tema de atención. Ya está bastante claro que las cosas no mejoran automáticamente solo porque se ponga más plata”.

    Pero puntualizó que desde el gobierno no se visualiza que la “brecha social se esté ampliando; en todo caso, hay un montón de indicadores que muestran que hay problemas que son diferentes estrictamente a la cuestión de la brecha social. Por ejemplo, se habla de la deserción en Secundaria de los chiquilines, pero la dispersión de esa deserción no acompaña la dispersión de ingresos: o sea, hay niveles de deserción preocupantes en todas las franjas sociales en el país. Obviamente, hay alguna diferencia, pero no asociada tan linealmente con la brecha social. Además, la dispersión no es tan amplia ni está aumentando”.