Decía: “Todos los que piensan libre y sinceramente, deben de estar de acuerdo sobre esta fórmula general: buscar para el individuo como un punto de partida asegurado, y dejar el resto a la libertad. La diferencia estaría en el grado; o si se quiere, en el momento en que unos y otros abandonarían el individuo a la libertad (…)”.
Es decir: todas las personas racionales y de buen espíritu, de cualquier ideología, estarán de acuerdo en que todos nuestros compatriotas deberían tener cubiertas, por lo menos, sus necesidades básicas. Nadie admitiría que mirásemos para el costado cuando un compatriota está necesitando alimentación, educación, refugio, sea cual sea la razón por la que se encuentre en esa situación. Es ese espíritu colectivo, canalizado a través del pensamiento y la acción batllista, que forjó el sólido estado de bienestar con el que contamos actualmente.
Por supuesto, tanto el grado como la forma de garantizar esas condiciones básicas están siempre en discusión. Los que trabajan estos temas, tanto desde lo público como desde las organizaciones sociales, saben que son muy complejos de abordar. Si alguien le dice lo contrario, no sabe de lo que está hablando.
Esta administración está trabajando incansablemente para asegurar esas condiciones básicas. Tal vez por el bombardeo de información constante, muchas de estas medidas se pierden en el ruido, dejando a algunos distraídos pensando que poco —o nada— se está haciendo al respecto.
Tomemos, por ejemplo, dos dimensiones consideradas como básicas, y repasemos qué se está haciendo desde el Estado y desde este gobierno para atenderlas: alimentación y situación de calle.
Estamos todos de acuerdo que en ese “núcleo interior” de lo que “indiscutiblemente debe asegurarse a cada individuo” está el derecho a alimentarse. A los hogares cuyos ingresos propios no son suficientes para cubrir esa necesidad, el Estado puede transferir recursos monetarios para adquirir la alimentación o puede entregar directamente la alimentación (con una variedad de mecanismos intermedios).
En nuestro país, hace muchos años que un segmento de nuestros compatriotas sufre de inseguridad alimentaria1. A pesar de estas alarmas, y desaprovechando un ciclo de crecimiento económico excepcional, las administraciones anteriores decidieron no fortalecer el Instituto Nacional de Alimentación (INDA), que depende del Ministerio de Desarrollo Social (Mides). Esta afirmación se sostiene, entre otras evidencias, por el cierre de comedores, los tickets de alimentación cuyo valor no fue ajustado por inflación en cinco años, depósitos en franco deterioro y el reducido tamaño de las canastas físicas.
Tras dar las primeras respuestas frente a la emergencia sanitaria en marzo 2020 (aumentando las transferencias, creando la Canasta de Emergencia-cupón Tuapp, y distribuyendo alimentación a las ollas populares que surgieron en los barrios), esta Administración trabajó seriamente para fortalecer al INDA. Se dispusieron aumentos sustantivos en su presupuesto, volcándolos en la apertura de nuevos comedores, actualización de los tickets, mejoras en el menú, aumento en las partidas alimentarias a las intendencias, aumento permanente en la canasta física de alimentación, aumento de la canasta para celíacos, fortalecimiento del equipo de nutricionistas, entre otras medidas.
La última muestra del fortalecimiento de INDA se visualiza con el nuevo Plan de Alimentación Territorial (PAT), un ambicioso operativo que fortalece el Sistema Nacional de Comedores en Montevideo y Área Metropolitana, no solo a través de la apertura de nuevos comedores tradicionales, sino también desplegando un innovador servicio de distribución de viandas congeladas (nutricionalmente balanceadas, variadas, ricas, y fáciles de cocinar) que los hogares elegibles pueden retirar en cada punto.
Repasemos rápidamente la otra dimensión: el problema de las personas que no tienen un lugar donde dormir, y que muchas veces se ven forzadas a dormir en la calle, a la intemperie. En todo el mundo, este fenómeno se ha visto incrementado en los últimos años (es dramática la situación en grandes ciudades como San Francisco, Washington, Londres, Ámsterdam, Buenos Aires).
Las causas que originan una situación de calle son múltiples y complejas; las soluciones, por tanto, se deben adaptar a esta complejidad, para aumentar las probabilidades de reinserción social. Nuevamente, cualquiera que trabaja esta temática conoce las dificultades asociadas, dado el entramado de problemáticas involucradas (consumo abusivo de sustancias, problemas de salud mental, privación de libertad, ruptura de lazos familiares, etc.)
Al Mides también le toca brindar respuestas de emergencia y coordinar soluciones integrales para atender esta problemática, y, tal como se ve en INDA, es sustantivo el trabajo que se ha hecho en la ampliación y mejora de las respuestas.
Entre otras: se amplió y diversificó la oferta de centros, atendiendo reclamos de los propios usuarios, incluyendo una ampliación a 1.500 cupos de centros 24 horas; se redujeron los centros de 30 a 20 cupos, permitiendo un mejor seguimiento social; aumentó la capacidad de captación en las recorridas nocturnas; se mejoró el acceso a servicios de salud con cooperación de ASSE y prestadores privados; se pasó de tener cero cupos para personas con adicciones y salud mental, a 355 cupos; se brinda una respuesta específica para la situación de migrantes; se está trabajando en respuestas innovadoras en conjunto con la sociedad civil.
Pero destaco un cambio estructural que ataca una de las principales causas de este flagelo: la Dirección Nacional del Liberado (Dinali) pasó del Ministerio del Interior al Mides, incorporándose en la órbita de la dirección que maneja las respuestas para personas en situación de calle. Considerando que más de la mitad de los encuestados en el Censo Calle 2020 declararon haber estado privados de libertad, y tras la experiencia de muchos años de seguimiento, está claro que la cárcel y la calle (mezcladas con consumo y salud mental) configuran una perversa puerta giratoria. Por lo tanto, trabajar con las personas antes de que salgan de la cárcel y acompañarlas apenas salgan, es fundamental para romper ese ciclo.
La incorporación de la Dinali al Mides, y la incorporación de oficinas del Mides dentro de las cárceles, son una sólida y valiente movida para meterse de lleno con una de las principales causas de este drama social.
Sin embargo, el acompañamiento y las prestaciones sociales son importantes pero no suficientes. Por eso también se ha hecho una apuesta muy fuerte a la concreción de alianzas con el sector privado para lograr inserciones laborales de personas liberadas. Como dijo el presidente Lacalle Pou en el lanzamiento de la Red de Oportunidades, “por humanismo o por egoísmo”, la sociedad en su conjunto debe apostar a brindar segundas oportunidades, y reducir así la reincidencia.
En definitiva, todos deploramos ver a una persona durmiendo en la calle o pidiendo comida en una olla; no son situaciones que queremos aceptar o normalizar. Y por eso hay muchísimas personas comprometidas hasta la médula para hacer todo lo posible en generar respuestas de corto, mediano y largo plazo.
Algunos podrán decir que hay otras maneras de hacer las cosas, pero nadie puede decir que no se están haciendo cosas.
Antonio Manzi
Director nacional de Transferencias y
Análisis de Datos, Mides
1) ENIDS 2013: el 29% de los hogares pobres con niños menores de 4 años presentaban inseguridad alimentaria moderada o grave. ENDIS 2018: los hogares con menores de 5 años en el primer tercil de ingresos registraban un 38,2% de inseguridad alimentaria moderada o severa. FAO Inseguirdad alimentaria moderada o grave, 21,6% entre 2014-2016, 21,6% entre 2016-2018, 23,5% entre 2018-2020, 23,5% entre 2019-2021. De acuerdo a la primera medición oficial de inseguridad alimentaria, con el apoyo técnico del INE, en junio 2022 la prevalencia de inseguridad alimentaria moderada o grave se estimó en un 15% de los hogares.
