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“La decisión ya está tomada”, publicó en su Twitter el gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, luego de reunirse con el canciller argentino Héctor Timerman para conversar sobre el conflicto con Uruguay en torno a la planta de celulosa UPM. La reunión colocó en los titulares al precandidato para las elecciones argentinas y pareció confirmar la hipótesis que maneja el gobierno uruguayo sobre las intenciones del kirchnerismo de utilizar el conflicto con la pastera para promocionar la figura del gobernador.
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“Vinimos a plantearle al canciller el acompañamiento del gobierno y el pueblo de Entre Ríos”, dijo Urribarri a la prensa. Hoy jueves el legislativo de esa provincia aprobará un proyecto de resolución para solicitarle a la Cancillería que acuda al Tribunal de La Haya.
Al tiempo que prepara su planteo ante el Tribunal internacional, el gobierno argentino discute posibles medidas que perjudiquen a Uruguay, según informaron medios de comunicación de Argentina.
El vicepresidente uruguayo Danilo Astori dijo este miércoles, a la salida de un almuerzo en ADM, que Uruguay no tiene “ninguna inquietud”, y que en caso de que se concurra a La Haya la “receta es serenidad total”. En el gobierno, aseguró, están “muy tranquilos” porque están “absolutamente seguros de haber hecho las cosas bien y sobre todo de haber controlado que la empresa en cuestión hiciera las cosas bien”.
“Golpear intereses”.
El sábado 21, el diario argentino “Perfil” informó que Timerman envió “una notificación confidencial a todas las áreas económicas y políticas de su cartera que atienden temas relacionados con Uruguay”, solicitando que “preparen un menú de opciones para golpear intereses del país vecino”. Las medidas serían puestas a consideración de la presidenta Cristina Kirchner “para responder a la decisión del gobierno uruguayo” de autorizar el aumento de producción de la planta de celulosa UPM (ex Botnia).
El lunes, Timerman se reunió con Urribarri, gobernador de Entre Ríos y precandidato presidencial por el kirchnerismo. Al finalizar el encuentro, el gobernador publicó en su cuenta de Twitter: “La decisión está tomada. Empezamos a trabajar junto a los técnicos de Cancillería y nuestros equipos jurídicos para avanzar cuanto antes. (...) Es nuestra obligación recurrir nuevamente a la corte de La Haya”. Afirmó que “UPM actúa casi ignorando la presencia del Estado” y que sus intereses económicos están “siempre por encima de las decisiones institucionales”.
Búsqueda había informado el jueves 19 que el gobierno uruguayo interpreta que la reacción de las autoridades argentinas obedece a un “tema electoral” interno en ese país, más que a cuestiones técnicas. Miembros del Poder Ejecutivo evaluaron que la estrategia del gobierno argentino es promover al gobernador de Entre Ríos como candidato del kirchnerismo para las elecciones de 2015 (Búsqueda Nº 1.769).
“Ni un milímetro más”.
El miércoles 18, pocos días después de que se desatara el conflicto con el gobierno argentino, el ministro de Relaciones Exteriores, Luis Almagro, concurrió a la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Diputados para explicar la posición uruguaya. El canciller afirmó que “nunca hubo de parte de Argentina una objeción formal o sustancial al proyecto que implicaba el aumento de producción de UPM” a 1.300.000 toneladas. El jerarca dijo que Uruguay ha tenido que “plantar bandera en 2011, en 2012, en 2013 y en 2014”. “Nosotros podemos avanzar en una negociación pero ello no tiene por qué implicar, ni remotamente, ceder un milímetro más en el Río Uruguay ni en el Río de la Plata”, enfatizó. “En tiempos anteriores Uruguay cedió demasiada jurisdicción exclusiva a la Argentina en canales del Río de la Plata y en obras de navegación en los ríos. Eso ya no se admite; si en algún momento es necesario un milímetro de concesión, se parará la negociación”.
Según el ministro “Uruguay ya quedó demasiado encajonado aguas arriba en el Río de la Plata en su jurisdicción exclusiva, mientras Argentina tiene la salida; tiene los barcos que quieren entrar al Puerto de Montevideo parados frente a la playa del Buceo”. “Reitero que ya no se admite un milímetro más de concesión de soberanía”, concluyó.
Por otra parte, Almagro dijo que si bien la decisión de instalar UPM trajo “varios años de conflicto con niveles muy altos de problemas” para el país, eso “no alejó las inversiones de Uruguay, sino que las atrajo cada vez más”. El país “demostró que era confiable y respetable” y eso “definitivamente ha traído desde esa fecha hasta ahora el más grande volumen de inversión extranjera directa que ha tenido el Uruguay en su historia”, aseguró.
En opinión del ministro, dirimir en La Haya las diferencias con Argentina respecto a la interpretación del fallo que emitió la Corte internacional en 2010 “sería la manera más económica” de hacerlo. “Llevamos cuatro años discutiendo, sin ponernos de acuerdo, y sin que pudiera ser presentado en forma conjunta un informe sobre el monitoreo del Río Uruguay. Si lo puede resolver la Corte de La Haya, sería la forma más económica de hacerlo, tras cuatro años de negociaciones que no han sido suficientes”, afirmó.
“Equívoca”.
El lunes 23 un grupo de intelectuales y políticos argentinos difundieron una carta dirigida al gobierno en la cual califican de “inoportuna, limitada y equívoca” la decisión de recurrir al tribunal internacional de La Haya. La carta, firmada por el ex canciller Dante Caputo, el ex vicecanciller Roberto García Moritán; los intelectuales Vicente Palermo, Beatriz Sarlo y Juan Gabriel Tokatlian, el dirigente Jesús Rodríguez, y el periodista Roberto Guar, entre otros, considera que “es cuestionable continuar reivindicando, presuntamente, la sensibilidad ambiental internacional del país, cuando en el terreno doméstico los avances en materia ambiental siguen siendo bastante magros”. En consecuencia, recomiendan al gobierno “atenerse al fallo ya emitido, abrir caminos de negociación y hallar una solución política que fortalezca los intereses nacionales”.
