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“¿Para qué íbamos a venir si nunca pasaba nada? No tenía sentido”. Esa es la respuesta que escuchan los funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia en los últimos años cuando preguntan a los familiares de desaparecidos en la dictadura por qué acuden varias décadas después a denunciar aquellos crímenes.
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Esas denuncias se chequean y muchas veces se transforman en certezas. “En febrero vamos a anunciar los nombres de nuevas personas que engrosarán la lista de uruguayos desaparecidos en la región”, anunció a Búsqueda Graciela Jorge, directora general de la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia.
La jerarca explicó que esa repartición no realiza denuncias ante la Justicia porque esa es una potestad de los familiares. “Nuestra tarea es enviar, con autentificación del escribano del gobierno, todo lo que se nos pida desde las sedes judiciales, así como atender la información de los exhortos que llegan desde el exterior”, agregó.
En una conferencia de prensa celebrada a mediados de diciembre, la Secretaría presentó 10 nuevos casos de desaparecidos por denuncias recientes y antiguas. “La confirmación de estos nombres fue posible debido al estudio de los archivos de Uruguay y la región. Además, entre 2011 y 2014 se identificaron 20 personas desaparecidas, 11 con recuperación de restos y nueve por pericia dactiloscópica”, añade la información publicada por el portal de la Presidencia.
“Impunidad”.
Esta semana se difundió un documento de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), una entidad no gubernamental con sede en Ginebra. El texto, producto de un año y medio de consultas con abogados y familiares, dice que en Uruguay se generó “un muy elevado nivel de impunidad para los autores de violaciones graves a los derechos humanos” entre 1973 y 1985.
También sostiene que el Poder Ejecutivo “no ha tenido mayor interés en escudriñar el pasado reciente” y que en “estrechos círculos gubernamentales” fue predominante la “teoría de los dos demonios”. “Uruguay parecía haber galvanizado la resolución para avanzar en un enfoque a largo plazo de este tema durante la segunda mitad de la década pasada, pero ahora se ha estancado y amenaza con retroceder”, consigna el texto.
A juicio de la CIJ, Uruguay recibió “serias y fundadas quejas” sobre la “falta de apoyo” de algunas autoridades “que debían colaborar con los elementos y pruebas que los jueces necesitan para actuar contra los violadores de derechos humanos”. Sostiene que “los peores obstáculos se han encontrado en el Ministerio de Defensa Nacional”.
“El Ministerio les ha negado —también a los jueces letrados que iniciaban investigaciones— las listas de militares que en un momento dado revistaron en una unidad militar, los legajos personales de algunos altos oficiales, direcciones de soldados a quienes los abogados patrocinantes de las víctimas querían hacer comparecer ante el juzgado y otras informaciones fundamentales para dar impulso a los procesos”, destaca el informe.
Explica que para eso se aducen razones “que no parecen válidas a simple vista”, como el hecho de que “ese tipo de documentación no se ha conservado en el Ministerio”.
El informe también critica a la Suprema Corte de Justicia porque “ha asumido una importante cuota de responsabilidad en las acciones para terminar, a cualquier costo, con la investigación de las violaciones a derechos humanos cometidas por agentes gubernamentales durante la dictadura militar”.
La nueva información revelada por la oficina presidencial se conoce en un contexto de conflicto entre el ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, y organizaciones en defensa de los derechos humanos y sectores del Frente Amplio como el de la senadora Constanza Moreira.
Choques.
“Si Serpaj me autoriza a torturar, yo capaz que le consigo información”, ironizó el viernes 19 de diciembre el ministro Fernández Huidobro en declaraciones a la prensa. En una entrevista el jueves 24, el ex guerrillero tupamaro fue más allá y dijo que quienes dirigen esa organización son unos “imbéciles” financiados por las “peores fundaciones” de Estados Unidos y cercanos a “grupos nazis” (Búsqueda Nº 1.796).
Fernández Huidobro estaba molesto con Serpaj por la publicación de un informe que acusaba a la Secretaría de Estado que dirige de no aportar información para resolver los casos de personas desaparecidas durante la dictadura.
El “tono” de los dichos del ministro generó molestia en la interna del Frente Amplio (FA). Por ese motivo, el lunes 29 la presidenta de la coalición de izquierda, Mónica Xavier, se reunió con Fernández Huidobro en el Ministerio de Defensa. En el encuentro participaron el secretario político del FA, Gerardo Rey, los tres vicepresidentes, el subsecretario de Defensa, Jorge Menéndez, y el director de Asuntos Jurídicos, Roberto Caballero.
Según supo Búsqueda, Fernández Huidobro dijo sentirse “dolido” e “insultado” por las acusaciones que le hicieron desde el FA. Cuestionó a la Justicia y dijo que, en ocasiones, los magistrados piden información sobre los temas vinculados a los desaparecidos que es muy “imprecisa” y “vaga”. Mostró un informe con los avances que se han registrado en este sentido, aunque reconoció que algunas de las investigaciones emprendidas no pueden hacerse públicas debido a su “contenido”, ya que darlas a publicidad perjudicaría la búsqueda de la “verdad”. También pidió a la dirección del FA tener reuniones con más frecuencia.
En este marco, el penúltimo día del año la Asociación de Docentes de Educación Secundaria, la Federación de Profesores de Enseñanza Secundaria y Plenaria Memoria y Justicia organizaron una marcha frente al Ministerio de Defensa en la que tildaron a Fernández Huidobro de “traidor” y de “pactar con genocidas”. A la vez, reclamaron que no asuma como titular de Defensa en el próximo gobierno, como ya anunció Vázquez.
