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    El gobierno avanza en la expropiación de más de 170 de los 225 padrones involucrados en la obra del Ferrocarril Central

    La diputada del Partido Nacional Graciela Bianchi es una de las afectadas y acordó la venta de su terreno luego de evaluar una acción de inconstitucionalidad

    Desde mediados de 2017 pasado hasta principios de 2018 la obra que cambiará absolutamente la condición de las vías que unen Montevideo y Paso de los Toros fue motivo de inquietud para vecinos de los departamentos involucrados. En junio, llegó al Directorio de la Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE) la molestia de algunos propietarios por el ingreso sin permiso a sus predios de funcionarios de una empresa contratada por UPM para hacer estudios de suelo (Búsqueda Nº 1.924). En febrero, en un artículo en El País otros vecinos se quejaban de la “desinformación” y la “incoherencia” que les transmitían los equipos técnicos que los visitaban en el marco de los procesos de expropiación.

    Esa sensación de incertidumbre se disipó en los últimos meses. El gobierno logró un avance importante en la expropiación de los padrones afectados por la reconstrucción de la vía, en la mayoría de los casos mediante acuerdos con los vecinos.

    Las obras necesarias para el proyecto Ferrocarril Central implican expropiar fracciones de 225 padrones. Según un relevamiento de las actas de Directorio de AFE, desde el 19 de enero hasta ahora se aprobaron allí trámites correspondientes a la expropiación de fracciones de al menos 176 padrones.

    Algunos colonos que explotan tierras del Estado en las cercanías de la localidad de Goñi (Florida) serán indemnizados, debido a la readecuación del trazado de la vía. En uno de los casos el productor colono recibirá unos US$ 8.300 por hectárea, según pudo averiguar Búsqueda.

    Entre marzo y abril de este año el Directorio del Instituto Nacional de Colonización resolvió aceptar la tasación efectuada por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas como justa y previa indemnización por concepto de la expropiación de parte de algunos padrones de la Colonia Juan Antonio Lavalleja, ubicada en Florida.

    Búsqueda también pudo comprobar que algunos productores rurales de Durazno que no son colonos recibieron una tasación de US$ 12.000 por hectárea. En todos los casos se trata de predios pequeños y de expropiaciones de hasta cinco hectáreas.

    Una de las expropiadas en el marco del proceso fue la diputada del Partido Nacional Graciela Bianchi, que tiene un campo en Santa Lucía (Canelones) a nombre de sus hijos. La legisladora contó a Búsqueda que, si bien llegó a un acuerdo con el Ministerio de Transporte, ahora está “trancado por cuestiones burocráticas”.

    Bianchi describió la propiedad como una chacra de fin de semana en la que crían caballos y ovejas. Dijo haber sufrido “daño moral” durante el proceso y expresó su deseo de “liquidar el tema cuanto antes”.

    Según su relato, el Ministerio de Transporte pretendía en principio hacerle una expropiación parcial de cinco hectáreas. Las medidas de un agrimensor le indicaban que, con el nuevo trazado de la vía, el tren pasaría a tan solo diez metros de la casa que tiene construida en el terreno. Ante ese escenario planteó la posibilidad de presentar un recurso de inconstitucionalidad y, de esa manera, logró finalmente llegar a un acuerdo para que le compraran todo el padrón (unas 17 hectáreas).

    En el mismo sentido que los otros testimonios, la legisladora confirmó que el Estado está ofreciendo entre US$ 10.000 y US$ 15.000 por hectárea.

    Licitación.

    Para intentar concretar el proyecto Ferrocarril Central el Ministerio de Transporte está en medio de un proceso de licitación bajo la modalidad de contrato de participación público-privada (PPP). La obra dejará las vías en condiciones para permitir la circulación a 80 kilómetros por hora y soportar 22 toneladas por eje. Hoy en las mejores vías nacionales se circula a velocidades de 40 kilómetros por hora y soportan 18 toneladas por eje.

    El plazo de construcción está estimado en 36 meses y el adjudicatario deberá asegurar además el mantenimiento del estado de la vía durante 22 años. El proyecto incluye un tramo de vía doble inicial de 26 km, una docena de vías secundarias para cruces de trenes, un tramo de vía para acceso industrial y más de 40 puentes ferroviarios que se refuerzan o se construyen nuevos. También se construirán tres by-pass (Santa Lucía, Independencia y Puntas de Maciel), se rectificarán curvas para permitir mayor seguridad en la circulación, y se construirán varios pasajes a desnivel en la interacción con las tramas urbanas de diferentes ciudades. Otras de las novedades son la utilización de durmientes de hormigón y riel continuo soldado.

    El llamado quedó abierto en diciembre de 2017 y la fecha para la apertura de las ofertas, originalmente prevista para el 9 de abril, se prorrogó hasta el próximo 29 de mayo. Unas diez empresas compraron el pliego de la licitación.

    Fuentes del sector indicaron que, de cara al cierre del plazo, hay tres ofertas que se perfilan para concretarse: una es de una empresa china; otra de un consorcio conformado por la uruguaya Saceem, la española Sacyr y una firma francesa, y finalmente una propuesta de un consorcio de empresas europeas.

    Información Nacional
    2018-05-17T00:00:00