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A las puertas del momento en que las jubilaciones por el régimen de AFAP empezarán a hacerse más numerosas, el Poder Ejecutivo pretende legislar para resguardarlas frente a los riesgos del negocio de las aseguradoras, que son las encargadas de abonar dichas pasividades.
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Un anteproyecto de ley que regula el sector de seguros que se encuentra para su firma por el Consejo de Ministros —al que accedió Búsqueda— establece que las reservas que constituyan las compañías aseguradoras para hacer frente a las obligaciones en materia previsional “se expondrán en forma separada” de sus otros pasivos. Estas reservas para pagar los contratos de rentas vitalicias previsionales y de seguro colectivo de invalidez y fallecimiento “serán inembargables”, dispone.
Además, si el valor de los activos afectados a dichas reservas cayera por debajo de un nivel definido por el Banco Central (BCU), las aseguradoras “deberán afectar en forma inmediata otros activos a la reserva, hasta alcanzar dicho valor”, dice el anteproyecto.
Al momento del retiro, el dinero acumulado en su cuenta personal por los trabajadores afiliados a una AFAP (administradora de fondos de ahorro jubilatorio) es transferido a una compañía aseguradora, que por la vía de una póliza de vida previsional le paga la pasividad mes a mes. Actualmente, solo el Banco de Seguros del Estado (BSE) presta este servicio, ya que las empresas privadas del sector no ven rentable hacerlo.
En diciembre pasado se abonaron 4.642 jubilaciones comunes. Se estima que desde 2016 —cuando las AFAP completarán 20 años en actividad— muchas personas alcanzarán la edad de retiro y empezarán a producirse retiros más cuantiosos. Los afiliados a estas administradoras eran 1.209.875 personas a fines de 2013, según datos del BCU.
Desde las AFAP se había advertido como un riesgo que el BSE maneje sus reservas para todos los riesgos que cubre de forma agrupada. Si por ejemplo una catástrofe hiciera ejecutables muchas de sus pólizas de automóviles, podría darse la situación de que deba usar para ello dichos activos, dejando así sin cobertura los seguros previsionales u otros.
Según el nuevo anteproyecto —que tiene 129 artículos, 10 más que el original redactado por el BCU en 2012—, las reservas de las compañías de seguros constituidas íntegramente en títulos públicos deberán mantenerse en custodia en una sola institución de intermediación financiera u otra que el Central autorice.
Marco y tarifa.
El anteproyecto es visto por los operadores del sector en forma positiva porque da un marco legal para la actividad, que actualmente se rige por disposiciones del Código de Comercio del siglo XIX. El texto mantiene las definiciones generales sobre las pólizas y su pago, los reaseguros, entre otros aspectos comerciales.
En materia de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que monopoliza el BSE, establece que será el propio banco el que fijará las primas “por lo menos una vez cada dos años”, tal como sucede ahora. Eso modifica lo previsto en el anteproyecto de 2012, que ponía en manos del Poder Ejecutivo el manejo de esos precios como una “tarifa pública”.
El nuevo texto también obliga al BSE a “hacer pública la información técnica que sustenta los cálculos” para cada tipo de actividad.
Otro cambio que se introdujo refiere a la regla para constituir las reservas matemáticas de las pólizas de accidentes laborales. Antes se había fijado como plazo al BSE diciembre de 2021; ahora se establece que la empresa estatal asuma dicho costo de “forma gradual” por dos vías: “No menos del 5% de los premios de ese tipo de seguros” o “no menos del 25% de su utilidad neta anual” (siempre que el patrimonio neto del BSE supere el capital mínimo exigido por la normativa bancocentralista en más de 50%).
Base.
El anteproyecto permite que las compañías de seguros conformen bases de datos comunes que contengan datos de carácter personal para la liquidación de siniestros y la colaboración estadístico-actuarial con el fin de permitir la tarifación y selección de riesgos. Otra finalidad de dichas bases puede ser prevenir el fraude en el seguro.
El manejo de esos datos no requerirá el consentimiento previo del involucrado.
