El gobierno define pagos obligatorios con tarjeta y abarata transferencias bancarias

Una primera fase de este plan de “inclusión financiera” o bancarización fue puesta en práctica en el tramo final de 2012. Implicó, por un lado, que todos los subsidios monetarios para la adquisición de alimentos y artículos de limpieza otorgados por el Ministerio de Desarrollo Social en el marco del programa “Uruguay Social” se cobraran mediante una tarjeta de débito (unas 80.000) y, por otro, se habilitó a hacerlo a los beneficiarios de las asignaciones familiares, para lo cual debían efectuar un trámite. Unos 40.000 solicitaron esa “tarjeta Afam”, de un total de 270.000 que podían gestionarla, dijo Vallcorba.

Vallcorba aseguró por su parte que, a partir de encuestas, se detectó “desinformación” y “desconocimiento” en cuanto a qué establecimientos comerciales aceptan estas tarjetas, lo que se buscó corregir publicando un listado en la web del Banco de Previsión Social, identificando los locales con stickers y mediante notificaciones con SMS dirigidos a los celulares de los potenciales beneficiarios.

Otro problema fue el uso dado por las familias a la asignación familiar. “Algunos tienen el dinero calzado para pagar el alquiler, las tarifas públicas o créditos, que no se benefician del descuento de IVA”, explicó el asesor del MEF. La solución a esto “va a llevar tiempo” y supone “ir generando excedentes financieros” para que los hogares terminen por destinar ese subsidio en gastos en alimentación o artículos de higiene, en lugar de otros pagos no alcanzados por el alivio tributario.

Al amparo de rebajas impositivas, durante 2012 aumentó la cantidad de aparatos electrónicos que permiten registrar las transacciones con tarjetas de débito en los comercios (conocidos con la sigla POS, del inglés point of sale) y superaron los 13.000, sin contar las más de 1.000 cajas registradoras de supermercados que pueden prestar el mismo servicio. “Se avanzó, pero queda bastante por hacer” para extender la red de esos equipos, sostuvo Vallcorba. Estimó que en el primer semestre de 2013 podrían incorporarse otros 4.000 o 5.000 POS.

Segunda fase.

El plan de bancarización tendrá una segunda fase en cuyos aspectos de implementación trabaja el MEF.

Algunos de sus alcances, que se incluirán en un proyecto de ley que se prevé remitir al Parlamento en abril, ya están resueltos. Por ejemplo, se exigirá el pago de sueldos mediante tarjeta de débito, lo que “seguramente abarque a todos los trabajadores”, pero posiblemente en forma progresiva, indicó Vallcorba. Acotó que para determinados tipos de relación laboral, como el empleo zafral, podrían emplearse otros instrumentos “más flexibles”, como las tarjetas prepagas que no tienen asociadas una cuenta bancaria.

El requisito de bancarizar el pago de sueldos —algo ya extendido en muchas áreas del sector público y privado— se empezaría a aplicar al mes siguiente de aprobada la ley sobre la base de un “cronograma relativamente corto, de tres, cuatro o cinco meses”, detalló. Esa gradualidad es para tener en cuenta la “complejidad operativa” asociada a este cambio.

A los pasivos se les daría la opción de que cobren con tarjeta de débito.

La obligatoriedad del uso de las tarjetas de débito alcanzaría también a otros pagos, como los servicios públicos, los prestados por profesionales, alquileres y otros de cierto monto.

Otra medida en el marco de este plan supone facilitar y abaratar las transferencias de dinero entre cuentas bancarias, de forma de potenciarla como medio de pago. Según Vallcorba, su costo hoy es “absolutamente injusificado” y se evalúa si proponer que dichas transferencias sean sin costo hasta cierto monto.

Resumió que con la extensión de la red de POS y de tarjetas de débito se busca una “cobertura casi universal”, de forma de permitir que “todos” se puedan apropiar del descuento con dos puntos del IVA por sus gastos por esa vía. Ese alivio tributario, asociado a un compromiso asumido por el Frente Amplio en la última campaña electoral, sigue sin tener una fecha concreta de entrada en vigor.