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El miércoles 23 será el Examen Periódico Universal (EPU) de Uruguay ante Naciones Unidas en Ginebra, y para mostrar sus avances en la defensa de los Derechos Humanos el gobierno tomó como bandera las medidas adoptadas en materia de género.
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En un documento enviado a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, al cual accedió Búsqueda, el Poder Ejecutivo expuso lo que considera son avances en varias áreas que serán analizadas la semana que viene. Así, enumera los pasos dados tanto en leyes aprobadas como en medidas concretas adoptadas para mejorar en temas como la igualdad de género, la trata de personas, el trabajo infantil, las poblaciones discriminadas y los sistema de privación de libertad tanto para adolescentes como para adultos, entre otros.
Entre las resoluciones que destaca el gobierno, están las modificaciones al Código Penal y al Código Civil para erradicar la “discriminación hacia las mujeres”. “Aunque no se ha avanzado en una reforma integral”, indica el informe, hubo modificaciones como la aprobación de la Ley 19.580 de diciembre de 2017 contra la violencia hacia las mujeres basada en género.
También resalta los cambios en los artículos 311 y 312 del Código Penal, que tipifican el femicidio como agravante muy especial del homicidio, considerándolo como el que se produce “contra una mujer por motivos de odio, desprecio o menosprecio, por su condición de tal”.
Por otra parte, la Fiscalía General creó en Montevideo dos fiscalías especializadas de delitos sexuales, violencia doméstica y violencia de género.
Entre las resoluciones que destaca el gobierno, están las modificaciones al Código Penal y al Código Civil para erradicar la “discriminación hacia las mujeres”.
El gobierno da énfasis al Plan de Acción por una vida libre de violencia de género que tuvo, según el documento, “profundos avances”, “entre los cuales se puede destacar una visión integral de la violencia basada en género y un abordaje con mirada interdisciplinaria e intersectorial”, afirma. En concreto, se promueven las respuestas en seguimiento y reparación de las víctimas, los servicios de asistencia, el acceso a la Justicia y la resocialización de los varones agresores.
También destaca el impulso a las mujeres rurales a través de modificaciones en los llamados del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca mediante la ponderación y cuotas para que ingrese más personal femenino.
El gobierno resalta el impulso que se dio en la participación política y pública de las mujeres. Al respecto, menciona la aprobación en octubre de 2017 de la Ley 19.555, que declara de interés la participación equitativa en la integración de órganos electivos tanto nacionales como departamentales y de las direcciones de los partidos políticos.
Además, afirma que en los últimos años se ha elevado la edad mínima para contraer matrimonio de 12 y 14 años a 16 años, y en especial menciona un proyecto de ley que está a estudio en la Comisión de Constitución y Códigos del Senado para aumentarla a 18 años.
Los desafíos
Las cárceles tanto para adultos como para adolescentes son uno de los principales focos de atención para el gobierno.
De todos modos, el informe elaborado por la delegación uruguaya destaca avances. En relación con las prisiones juveniles, resalta la clausura de los centros que se encontraban en las peores condiciones edilicias y la proyección para este año de la construcción de un “campus educativo” para desarrollar una buena rehabilitación de los infractores.
Las cárceles tanto para adultos como para adolescentes son uno de los principales focos de atención para el gobierno.
En el caso de los adultos, el gobierno asegura que desde 2010 trabaja para “terminar con el grave hacinamiento”. “Si bien hoy podemos decir que a nivel general se ha superado el hacinamiento, continúan los trabajos en lugares específicos en los que todavía existe sobrepoblación”, se indica en el informe.
También se pone hincapié en la cantidad de reclusos que reciben formación. En marzo de 2018, el 46% de los presos se encontraban estudiando; un 32% en educación formal y el restante 14% en actividades no formales.
Otro de los puntos en los que el gobierno reconoce falta de avances es el capítulo de “Memoria, Verdad y Justicia”. En el informe, dice que “la situación actual en el tratamiento de las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos durante el período 1968–1985 desde la perspectiva del derecho a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición es compleja”. Indica que hay “dificultades en su implementación”.
