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La renuncia al Ministerio de Industria (MIEM) por parte de Carolina Cosse para dedicarse de lleno a su precandidatura presidencial se dio en el momento justo desde la perspectiva de sus ambiciones políticas. Unos días más en el cargo, y en lugar de hablar de sus propuestas de campaña tendría que estar lidiando con el problema de las últimas reestructuras en el sector fabril.
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Cosse renunció a fin de enero y la sucedió Guillermo Moncecchi, quien era subsecretario. Apenas concretado ese relevo, el martes 5, Colgate-Palmolive comunicó el cierre de su planta, que afectó a 59 empleos; la medida se postergó para fin de marzo tras reuniones con el Ministerio de Trabajo (MTSS). La multinacional planea centralizar la producción en otra industria de la región con costos menores que en Uruguay.
El lunes 11 el Instituto Nacional de Estadística (INE) informó que el índice de volumen físico de la industria creció 11,6% en todo 2018, pero si se deja de lado la refinación de petróleo la producción se contrajo 2,9%. Si además de la refinación se excluye la elaboración de celulosa y de concentrados realizada en zonas francas, la actividad industrial bajó 2,1%, siempre en comparación con 2017.
El dato no sorprendió y reforzó la preocupación de los dirigentes del sector. Para el presidente de la Cámara de Industrias, Gabriel Murara, el volumen físico de producción y el empleo del rubro manufacturero están en niveles de 2007 y 2004 respectivamente, por lo que, a su juicio, “esta es la década perdida” (Búsqueda Nº 2.008). Añadió que la rentabilidad de las fábricas es “bajísima”, lo que llevará a “más cierres” de firmas porque “no van a aguantar”.
Búsqueda buscó la visión oficial y desde el Área de Política Industrial de la Dirección Nacional de Industrias (DNI) del MIEM dieron una respuesta por escrito. Señalaron que los rubros que más contribuyeron a ese descenso el año pasado fueron “Pinturas, barnices y lacas” e “Industrias básicas de hierro y acero”. Y agregaron que dicha baja se vio “fuertemente influenciada por eventos puntuales que no son la situación global de la industria”, aludiendo al cierre de una empresa de pinturas (Sherwin Williams) y la paralización de la producción de una fábrica de hierro. Puntualizaron, además, que la retracción del “núcleo duro” del sector “situaría la producción industrial a niveles similares a los de 2016”.
Búsqueda quiso consultar a Moncecchi quien —tras avalar las respuestas técnicas realizadas por la DNI— prefirió no hacer declaraciones. El comentario realizado por esa repartición del MIEM señala que el sector fabril empleó a 133.500 trabajadores en promedio, unos 2.877 menos que en 2017.
Sobre el nivel de actividad esperado para este año, la DNI no dio una estimación cuantitativa concreta. Comentó que “se podría esperar un incremento” en la producción de la rama “Elaboración de productos alimenticios” —por el aumento de la fabricación de concentrados de Pepsi Co.—, del sector automotriz y del rubros TIC, “aunque no forma parte de la industria manufacturera como tal”. Agregó que “tal vez UPM ya genere una tracción a fin de año o principios del 2020 en algún sector que podría llegar a ser proveedor en la fase de construcción”.
Más cierres
Pero las declaraciones de Murara fueron premonitorias y hubo más anuncios de reestructuras en los días posteriores.
El viernes 15 la fábrica Fleischman, con más de 60 años en el país, comunicó el despido de 29 empleados porque dejaría de producir levadura en Uruguay. La compañía, que es propiedad del grupo inglés Associated British Food, alegó problemas de costos en las reuniones que mantuvieron esta semana en el MTSS. El sindicato continúa ocupando la planta y espera que desde la casa matriz se reubique al personal en otras tareas, como administración y distribución. La empresa probablemente empiece a importar el producto, que elaboraba en una cantidad de ocho toneladas diarias según voceros gremiales.
Otra industria con dificultades es Citrícola Salteña (Caputto); el viernes 15 se presentó a concurso de acreedores al no poder hacer frente a sus pasivos financieros. En un comunicado publicado en la prensa, explicó que desde 2012 enfrentó “hechos adversos” que deterioraron progresivamente su capacidad financiera, como la derogación del sistema de preferencias arancelarias por parte de la Unión Europea, la pérdida de competitividad a causa del “atraso cambiario”, el aumento en términos reales de los costos laborales, el incremento de las tarifas públicas y eventos climáticos adversos, además de la “incomprensión sindical del aparato sindical frente a estas circunstancias”.
Citrícola Salteña aseguró que comprometió su “mayor empeño para seguir” la actividad.
El diario Cambio de Salto informó el martes 19 que otra empresa salteña, con tres décadas de actividad, estaría por cesar su actividad. “Se puede decir que la situación del comercio local es caótica. Algunos pensarán que es una declaración tendenciosa porque estamos en campaña política, pero no decirlo significaría una falta de respeto a los empresarios y comerciantes que debieron cerrar sus empresas”, dijo el presidente del Centro Comercial e Industrial del departamento, Atilio Minervine.
“Cosas puntuales”
Mientras, el presidente Tabaré Vázquez le quitó dramatismo a estas reestructuras, en el marco del Consejo de Ministros abierto efectuado el lunes 18 en pueblo Centenario, en Durazno: “Es la evolución natural” de las economías. Murara lo retrucó diciendo que son más las que vienen cerrando que abriendo, consignó El País.
El MTSS tomó protagonismo ante el anuncio de estas reestructuras que implican pérdida de puestos laborales.
Para el director nacional de Trabajo, Jorge Mesa, esta sucesión de cierres o conflictos es un hecho que “conmueve”. En diálogo con Búsqueda, evaluó que son “cosas puntuales y no una escalada concertada”, al tiempo que agregó que hay un “poder de las transnacionales” mayor al que había en otros tiempos.
“Las transnacionales toman decisiones que afectan puestos de trabajo. Pero es en función de una ecuación que nos escapa. Hay temas de escala del país, también”, interpretó, descartando que los cierres estuvieran motivados únicamente por razones de costos y competitividad.
El jerarca destacó que, al negociar la redistribución de personal, algunas empresas están “reconociendo” su responsabilidad social a pesar de que toman decisiones cuyo “impacto es irreversible”.