Aunque la situación laboral de los jóvenes mejoró en los últimos años, ese grupo todavía tiene más dificultades para conseguir empleo que el resto de la población, ocupa puestos que en promedio son peor remunerados y con mayor informalidad. Desde el gobierno se impulsó una nueva norma basada en subsidios que busca dar una “respuesta efectiva”, después de varios intentos que no resolvieron los problemas.
El Senado dio aprobación definitiva el miércoles 11 a la “ley de empleo juvenil”, que se suma a otras políticas laborales ya existentes. Se votó por unanimidad.
Mediante subsidios, se fomentará la contratación de jóvenes para que hagan su primera experiencia laboral, se apoyará a los que estén en situaciones de desventaja económica, a los que estudian, a los recién egresados, a las empresas que capacitan y a los jóvenes emprendedores.
Dos estudios académicos divulgados en agosto compendiados en el documento “Hacia un Uruguay más equitativo”, del Banco Mundial (BM), advierten que este tipo de políticas laborales en el pasado no dieron los resultados esperados.
“Apuntamos a que sea la primera ley de empleo juvenil que dé resultados”, dijo a Búsqueda el director de Empleo del Ministerio de Trabajo (MTSS), Eduardo Pereyra. Se expresó satisfecho por el “proceso inmejorable” que tuvo la norma, porque tomó en cuenta las inquietudes de los sectores involucrados y por el amplio respaldo político que concitó.
Actualmente, el Poder Ejecutivo trabaja en la reglamentación de la ley con miras a que pueda empezar a aplicarse en los próximos meses, si bien ello está sujeto a que queden disponibles recursos para administrar los distintos planes contemplados en la Rendición de Cuentas que trata el Parlamento.
Para que funcione, sostuvo Pereyra, “se juega un partido muy grande en que la ley sea ejecutiva”, con una “respuesta inmediata” desde el sector público.
El ministro de Trabajo, Eduardo Brenta, aseguró que se espera que la norma genere unos 5.000 nuevos puestos en el primer año. La estimación del gobierno es que el costo de la fase inicial será de U$S 3 millones, que surgirán del Fondo de Reconversión Laboral nutrido con aportes de asalariados y de las empresas.
Otros dineros para subsidiar el trabajo juvenil en el marco de la nueva ley provendrán del programa “Objetivo Empleo”, financiado con recursos públicos.
Empleo para jóvenes
Los jóvenes son, junto con la mujeres, uno de los grupos con mayores dificultades de empleo.
La desocupación en general descendió desde mediados de la década pasada, pero mientras en julio pasado era de 4,4% entre quienes tenían 25 años o más, alcanzaba a 21,5% entre los menores de esa edad, según datos del Instituto Nacional de Estadística.
A su vez, en 2012 el porcentaje de ocupados era de 40% para los jóvenes y 65% para los mayores.
Según cifras del MTSS, la proporción de trabajadores no registrados en la seguridad social (“en negro”) era de 36% entre los menores de 25 años y de 25% para los de más edad.
Los jóvenes que ganaban menos del Salario Mínimo Nacional eran 14%, frente al 7% de los mayores de 25 años que estaban en esa situación.
Políticas activas.
Mientras se completaba el trámite legislativo de la ley de empleo juvenil, el BM difundió un documento compendiando informes relativos a las políticas laborales en Uruguay.
En uno de esos trabajos, Ignacio Apella y Evelyn Vezza consideran necesario que las políticas activas “focalicen sus esfuerzos” en los grupos con mayores dificultades en el mercado laboral, como los jóvenes y las mujeres. “Debieran tener entre sus principales objetivos contribuir a reducir la brecha de calificación predominante” entre la oferta de trabajadores, plantean.
Señalan que las políticas podrían tomar en cuenta la “fase del ciclo”, la estructura productiva del país y sus objetivos de desarrollo. Hace falta un “monitoreo de los participantes” en los programas de capacitación en cuanto a la “evaluación de la relación costo-efectividad”, agregan.
El estudio “Jóvenes que no estudian ni trabajan en Montevideo”, hecho por Federico Rodríguez, Diego Hernández y Gabriel Corbo, muestra la poca incidencia de las políticas públicas en ese asunto. Sus autores sostienen que existen “muchos programas de baja cobertura”, “escasa presencia de sistemas de evaluación” y una “diversidad de proyectos y programas” que “permite la coexistencia de huecos conceptuales y/o diferencias de enfoque metodológico”.
Nueva ley.
La “ley de empleo juvenil” establece varios mecanismos para fomentar el trabajo “decente” para ese grupo etario. El principal son los subsidios al salario del empleado, que varían respecto a la modalidad de contratación y llegarán como máximo a $ 2.700 (ya que se topean en un 25% de un sueldo base propuesto de $ 10.800).
Las principales modalidades son: “contratos de primera experiencia laboral” (también en el Estado, con cuotas para jóvenes, mujeres, afrodescendientes, discapacitados y transexuales), la “práctica laboral para egresados” y el “trabajo protegido joven”.
Otros programas en el marco de esta ley apuntan a “la práctica formativa en empresas” y la “promoción de los estudios”, que estipula que las firmas que reduzcan la jornada laboral de los estudiantes recibirán un subsidio sobre el valor de la hora de salario y también apoyo en el pago de días extra de licencia por estudio.
Para participar, las empresas no pueden haber despedido ni enviado al “seguro de paro” trabajadores en los tres meses previos a la contratación y deben estar al día con el pago de aportes e impuestos. La incorporación de jóvenes por esta vía no podrá exceder el 20% de su plantilla.
Las firmas que hagan uso de la ley recibirán una “etiqueta” para mostrar su participación, además de la difusión de la empresa y su marca “por medio de los canales de comunicación que dispongan los organismos públicos involucrados”.
Para los jóvenes emprendedores, la norma dispone que el sector público brindará asesoramiento técnico y opciones de financiamiento.
Iniciativa colectiva.
La nueva ley surgió de numerosas instancias de intercambio entre jóvenes trabajadores, empresarios, y funcionarios de organismos educativos y sociales vinculados a la juventud, entre ellas el Diálogo Nacional por el Empleo de 2011. Este proceso es marcado desde el gobierno como un aspecto positivo que lleva a ser optimistas sobre sus posibles resultados.
Pereyra se refirió a la ley como “innovadora y con estímulos interesantes”, y se mostró conforme porque se contemplaron las posturas tanto del sector sindical como empresarial. Los primeros pidieron que la ley no permita que el joven sea un factor flexibilizador, que no sirva para reducir costos despidiendo a otros empleados ni que se transforme en mano de obra barata o de baja calidad. Desde el empresariado requirieron estímulos económicos, algún mecanismo de reconocimiento —las etiquetas— y que los beneficios no se perpetúen en el tiempo en los casos en que dejen de ser necesarios.
