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    El gobierno firme ante conflicto

    Con el conflicto trabado con el sindicato de los funcionarios de la Dirección General Impositiva (DGI), las autoridades de esa oficina y del Ministerio de Economía (MEF) decidieron ponerse firmes.

    El conflicto gira en torno a una partida aprobada años atrás para implementar una reestructura dentro de la DGI. El gremio de funcionarios entiende que desde hace décadas no existe una carrera administrativa y pide como “resarcimiento” un aumento de dos grados para casi todo el escalafón. Las negociaciones, con la mediación del Ministerio de Trabajo, fueron infructuosas y el sindicato retomó en los últimos días las medidas de lucha.

    Ante esa postura, el gobierno resolvió tomar medidas.

    Por un lado, el MEF establecerá por decreto en base a su visión la forma de utilizar la partida presupuestal para generar una reestructura de cargos y así habilitar la posibilidad de una mayor movilidad de la carrera administrativa. “No era posible cambiar el eje de la discusión desde una reestructura de cargos a un aumento de sueldos”, dijo un jerarca de esa secretaría de Estado.

    Los salarios del personal administrativo de la oficina recaudadora ronda los $ 50.000 en promedio mensual, si se suma el aguinaldo y la prima que perciben. Un profesional de la DGI cobra cerca de $ 90.000.

    Por otro lado, la DGI aprobó el martes 18 una resolución para permitir el “normal desarrollo” de las importaciones de mercaderías, ante la afectación de la emisión de certificados de crédito por medidas sindicales.

    La resolución permitirá, desde hoy jueves 20, que los importadores puedan proceder al despacho de la mercadería en forma previa al pago de los tributos mediante dichos certificados. Habrá un “procedimiento transitorio” acordado con la Dirección Nacional de Aduanas, y el pago de los impuestos deberá hacerse en el plazo que determine la DGI, según la resolución.

    Otra medida es el corrimiento del primer vencimiento del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas.

    La eventual afectación por decisión sindical de la confección de la declaración jurada para el pago de ese tributo, sería una medida “de trabajadores contra trabajadores dependientes o jubilados”, comentó una fuente oficial.