El gobierno hará un seguimiento semanal de los hogares más pobres

Para lograrlo, una vez por semana diversos organismos del Estado enviarán a un grupo de técnicos para que visiten esas casas y ayuden en un plazo de nueve meses —prorrogable una vez por el mismo período— a sus integrantes. El objetivo es que los miembros del hogar accedan a servicios de salud, educación, concurran al centro de atención a la infancia, reciban la asignación familiar, y se eviten problemas de violencia doméstica y de consumo de drogas.

“Se trata de mirar a la familia como el centro de intervención del Estado y no que cada organismo vaya por su lado”, explicó Gustavo Machado, representante del INAU en el programa.

La puesta en marcha de estas visitas —que abarcarán a unos 1.800 hogares que comprenden a unas 10.000 personas— generó dentro del INAU una discusión respecto a si es válido que el Estado se meta en la casa de las personas y pase a ser una especie de “policía” de las familias, dijo el titular del organismo, Javier Salsamendi.

Para Salsamendi, discutir este punto y acordar la necesidad de realizar las visitas es un “avance inmenso” en materia de políticas sociales. En tanto, el ministro de Desarrollo, Daniel Olesker, dijo que la idea es que las familias no vean en esta actividad que el Estado se “entromete” en sus vidas.

Machado explicó que los equipos “tendrán la capacidad para ayudar en los problemas familiares”. “Les vamos a decir que trabajaremos con ellos porque acá esta pasando algo que no debe pasar. Hay que decirles que pegarle a un niño no está bien, por ejemplo. Puede parecer como un discurso muy moralista, pero se busca que la familia vea los problemas. Este es un instrumento fuerte de supervisión y se busca que cuando el equipo salga, la familia pueda hacer por sí misma las cosas”, dijo.

El integrante del INAU sostuvo que este programa permitirá “saber las faltas” que hay en cada departamento.

El objetivo, además, es que al mejorar la situación de cada hogar, las “prestaciones del tipo asistencial” que reciben “se puedan reducir”.

Equipos.

Para llevar adelante el plan se crearon 45 equipos territoriales de atención familiar. Cada equipo es gestionado por una organización de la sociedad civil contratada por el Estado y está integrado por cuatro técnicos: un especialista en trabajo social, uno en psicología, uno en educación social y uno en la atención de las familias.

Los hogares que serán atendidos son los que están en “pobreza extrema” y necesitan acceder a una “canasta de prestaciones” como la asistencia en la salud, la educación, la mejora de la vivienda, explicó Olesker.

Los equipos atenderán a los hogares que presenten dificultades intrafamiliares para el “desarrollo pleno de sus integrantes”, dice el documento de presentación del plan. También deberán realizar un diagnóstico con la familia sobre los derechos vulnerados y las dificultades y capacidades que presentan para su restitución. Además, se proponen apoyar el fortalecimiento del grupo familiar para garantizar su bienestar y desarrollo, en especial de niños y adolescentes, facilitar el acceso a los servicios y prestaciones a los que tienen derecho, y que trabajen con las redes familiares y comunitarias.

Para lograr esto los equipos acordarán un plan de acción con cada familia y mantendrán un registro y monitoreo de los avances del trabajo.

La idea, explicó Mariana Drago, integrante del Mides y responsable de la coordinación del trabajo de las instituciones involucradas, es que poco a poco los niños de ese hogar vayan a la escuela y tengan revisiones periódicas en el sistema de salud; que la familia reciba asistencia para mejorar su vivienda, acceda a la tarjeta social para comprar alimentos y se atiendan otros riesgos sociales como la violencia doméstica y el consumo problemático de drogas o alcohol.

Una vez que se vayan cumpliendo esos acuerdos, los equipos de intervención se irán retirando, dijo Drago.

“Estos programas son un primer escalón para un proceso de integración. (...) Si no nos metemos con estas familias estamos muertos. Hay que ayudar a que estas familias se recuperen”, comentó Olesker.

Machado, del INAU, indicó que se trata de un trabajo “sistemático” con cada familia. “Se trata de ver por qué no le llegan los servicios”, indicó.

“Nos metemos con la pobreza más dura, que no se arregla con la transferencia monetaria. Por más asignación familiar, tarjeta social, hay cosas dentro de una familia que no se modifican solo con mejorar los ingresos. Por eso es que hay que hacer un acompañamiento técnico sistemático de cada hogar”, concluyó Machado.