El ministro de Trabajo, Ernesto Murro, el director de la Oficina de Presupuesto y Planeamiento (OPP), Álvaro García, el canciller Rodolfo Nin Novoa y hasta el presidente de la República, Tabaré Vázquez, todos se sorprendieron al enterarse de que Uruguay participaba de las negociaciones del Acuerdo de Comercio de Servicios (TiSA, por su sigla en inglés), los dos primeros a través del PIT-CNT dos meses atrás y los dos últimos luego de que la noticia fuera publicada hace 15 días por Búsqueda.
Superado el desconcierto, el gobierno se encamina ahora a seguir adelante con el proceso. Para las autoridades, Uruguay —que se perfila cada vez más como prestador de servicios— no puede desaprovechar la posibilidad de estar en la “cocina” de un acuerdo con un grupo de países que representa el 70% del flujo de comercio mundial del rubro. Además aseguran que el país no pone en juego sus monopolios y líneas estratégicas.
El martes 7, después de participar en la celebración de los 200 años del nacimiento de Don Bosco y al ser abordado por los medios de comunicación, Vázquez se excusó de hablar acerca del TiSA porque se había enterado a través de la prensa dos semanas antes y no estaba al tanto de los pormenores de la decisión del gobierno anterior ni de sus características.
Un día antes, su canciller había participado como entrevistado del programa “En Perspectiva” de Radio Oriental y reconoció que también él se enteró del tema el jueves 27. “Fue un bache que tuvimos en la transición, no atribuible a un espíritu de secretismo”, dijo.
Ya interiorizado del tema, Nin Novoa defendió la participación en las negociaciones. “Uruguay es cada vez más un país que se vuelca a un fuerte perfil de prestador de servicios.(…) Nos parece que no podemos quedar afuera de una discusión sobre los servicios que se están tratando de liberalizar en el mundo”, argumentó.
El canciller se ocupó también de despejar la principal preocupación del PIT-CNT. “Basta con que alguno de los servicios que se estén discutiendo perjudique a algunas de las líneas estratégicas que tiene el Uruguay en materia de servicios para no aceptarlo y entonces quedar afuera. Por ejemplo, supongamos que se hubiera acordado la libertad total en telecomunicaciones. El Uruguay tiene un monopolio en telefonía básica que no está dispuesto a cederlo”, sostuvo.
La Mesa Representativa del PIT-CNT decidió, el 17 de marzo, “rechazar el ingreso” de Uruguay al TiSA ya que “pondría en riesgo el patrimonio y la soberanía nacional, con la intención de liberalizar y desregularizar los mercados”. También pidió una reunión de carácter “urgente” con el canciller Rodolfo Nin Novoa (Búsqueda Nº 1.809).
Eso se concretó en la tarde del lunes 6, aunque las partes acordaron mantener un nuevo encuentro en los próximos días.
“Estamos contentos de haber puesto un tema en el debate público que no se puede negociar entre cuatro paredes. Con independencia de que el gobierno nos dijo que está participando para ver qué es lo que sucede, nosotros seguimos teniendo la opinión de que es tremendamente inconveniente para el país”, afirmó a Búsqueda Marcelo Abdala, coordinador del PIT-CNT que participó de la reunión.
Proceso.
Uruguay solicitó en 2012 tomar parte del TiSA, y en diciembre de 2014 recibió la aceptación. El proceso continuó en febrero, cuando se recibieron los textos que están en discusión, y continuará este mes, cuando los representantes del gobierno uruguayo se integren formalmente a la negociación en las próximas reuniones que serán en Ginebra entre el 11 y el 15 de abril.
El TiSA, hasta el momento, lo integran la Unión Europea, Estados Unidos, Australia, Canadá, Chile, Costa Rica, Colombia, Israel, Islandia, Japón, Liechtenstein, Noruega, Nueva Zelanda, Pakistán, Panamá, Paraguay, Perú, Corea del Sur, Suiza, Turquía y ahora también Uruguay. La participación en la discusión es voluntaria.
Los textos preliminares recibidos en febrero ya comenzaron a ser analizados por los técnicos de varios Ministerios, de la Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicación y el Banco Central, dijeron a Búsqueda fuentes oficiales.
Las conversaciones en la mesa a la que ahora se suma Uruguay no están “muy avanzadas” y los textos aún no fueron consensuados. Los primeros análisis llevan a pensar que “no hay señales de alarma” para el país en torno a lo que se discute, agregaron las fuentes.
Además, indicaron que puede llevar varios años llegar a un acuerdo concreto y, de alcanzarse, deberá ser ratificado por el Parlamento para que tenga validez en Uruguay.
Las “ventajas”.
Las fuentes consultadas destacaron que la decisión de participar en el TiSA tiene como ventaja para Uruguay “estar en la cocina” y poder inferir las aspiraciones de otros países “en cualquier negociación que se encare”.
Por su parte, Nin Novoa diferenció el mecanismo de negociación del TiSA con el de un TLC. El ministro explicó durante la entrevista radial que se negocia sobre “listas negativas” donde cada país pone lo que no quiere que entre en la negociación.
En ese sentido adelantó que Uruguay será “ofensivo en software, servicios profesionales temporarios, logística, biotecnología y en servicios arquitectónicos y jurídicos” y “defensivos en materia de monopolios”.
Según una estimación del Instituto Uruguay XXI divulgada en 2012, las exportaciones de servicios realizadas por el país sumaron U$S 4.200 millones, lo que equivalió a siete puntos del Producto Bruto Interno del año anterior (ver Búsqueda Nº 1.680). De ese monto, 52% fueron por viajes, 15% por transporte y 33% por otros rubros como los servicios globales: backoffice, profesionales, tecnologías de la información, audiovisual y salud, por ejemplo.
Un documento elaborado por la Asesoría de Política Comercial del Ministerio de Economía en 2013 sobre los tratados de servicios valora positivamente su negociación.
“La participación en procesos de negociación de servicios supone ciertas ventajas para el país” ya que eso “gana credibilidad a nivel internacional, a la vez que se facilita la transparencia de la normativa aplicada en Uruguay y en los países con los que se negocia. Asimismo, pueden esperarse beneficios económicos derivados de una mejora en la competitividad y eficiencia de los sectores de servicios”, señala.
