El gobierno pone en marcha proyectos para conceder a privados la construcción de más de 100 centros educativos y su mantenimiento

“Nos plantearon que habían utilizado en su gobierno las PPP fundamentalmente para sistemas de salud y educativos, porque de esa manera les daban sustentabilidad a los proyectos. En la medida que generaban instalaciones que se mantenían con niveles de prestaciones importantes durante el largo plazo, por la necesidad de respetar los contratos se impedía que fueran desmontadas las conquistas más de izquierda, aun ante cambios de gobierno. Las objeciones (que pudieran surgir en Uruguay) no tendrían sentido si utilizamos este razonamiento”, declaró a Búsqueda el director de Descentralización e Inversión Pública de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Pedro Apezteguía. 

Al portafolio de iniciativas se está sumando otra PPP que impulsan la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y el Instituto del Niño y el Adolescente (INAU), presentadas en las primeras semanas de noviembre al Ministerio de Economía.

Ante la restricción del gasto, la idea de las autoridades de la ANEP de recurrir a las PPP para llevar adelante inversiones en infraestructura educativa en 2016, 2017 y 2018 había sido planteada meses atrás en el marco de la discusión del próximo Presupuesto quinquenal. Eso generó un inmediato rechazo de agrupaciones estudiantiles y de la Asociación de Docentes de Educación Secundaria filial Montevideo. En octubre, una asamblea de ese gremio de profesores resolvió actuar para frenar “cualquier intento de construcción de una escuela, liceo, UTU, jardín PPP”.

También Daniel Guasco, integrante del Consejo de Educación Secundaria, había planteado reparos. Dijo que el modelo de las PPP “está en ensayo” y no se sabe “muy bien cómo puede operar y cómo puede resultar. Hay muchas más incertezas que certezas, el panorama es de incertidumbre”.

Fernando Isabella, director del Sistema Nacional de Inversión Pública que funciona en la órbita de la OPP, informó a Búsqueda que la ANEP considera hacer “más de 100 locales educativos” para enseñanza primaria, secundaria y UTU baja la modalidad de PPP. La inversión estimada es de unos U$S 400 millones.

“La idea es que haya servicios conexos” concedidos al privado, como el mantenimiento de los edificios y “tal vez la limpieza, tal vez la alimentación”, amplió. 

Explicó que el mantenimiento de los locales educativos “ha sido históricamente un problema para Uruguay”. En la actualidad, en general dichos servicios ya son contratados a un privado. “El tema es no tener tantas empresas de mantenimiento como locales educativos existen, de forma que la ANEP no deba lidiar con cientos y cientos de empresas, porque siempre alguna se cae o tiene problemas. Tener esto resuelto con algunas pocas PPP permitiría aliviar mucho la gestión de la ANEP”, alegó.

Isabella añadió que el hecho de que el constructor del edificio bajo este régimen de concesión sea además el que se haga cargo del mantenimiento es una ventaja adicional a la estrictamente financiera para el Estado. “Cuando uno contrata para construir y nada más la empresa tiene incentivos a hacer la obra de la manera más barata posible y eso implica que a veces la calidad no es la mejor. Ahora, si el privado se tiene que encargar también del mantenimiento, hay incentivos para que construya de mejor manera. Con las PPP tiene que haber ganancias de este tipo”, señaló.

La ANEP y el INAU ya comunicaron a Economía el objeto de su iniciativa, lo que habilita su inclusión dentro del portafolio de proyectos que lleva la Unidad de PPP de dicho Ministerio. Con esa notificación se inició la fase de estructuración, para lo cual esos organismos dispondrán de 180 días para presentar el estudio de elegibilidad al MEF y el de prefactibilidad/factibilidad a la OPP.

“En términos generales nos proponemos avanzar en obras. Claramente, en el año 2018, un total de 165 obras estarán en ese formato en el que venimos trabajando y formándonos para poder aplicarlo de mejor manera, que es la denominada participación público-privada”, afirmó dos meses atrás Wilson Netto, presidente del Consejo Directivo Central (Codicen) de la ANEP.

Consultado por la posibilidad de que surjan voces en contra desde los sindicatos u otros sectores a que se encargue a un privado la construcción de locales educativos, su mantenimiento y eventualmente algunos servicios no educativos, Apezteguía dijo: “Hay gente que le da abrazos a los edificios viejos y derruidos. Y quieren que sigan siendo viejos y derruidos”.

El uso del régimen de PPP también está siendo considerada para el Hospital de Clínicas y el Pasteur.

 “No queremos médicos destapando waters con una sopapa; la gestión de esa infraestructura debería estar fuera de la preocupación de lo sustantivo, de los médicos”, afirmó ese jerarca de la OPP.

Privatización.

“Desde el Estado (...) vamos a tener que pensar cómo difundir y dejar claras las diferencias con la privatización. Lo relevante es que el Estado siempre tiene el control; más allá de que gestione el privado, las funciones centrales están a cargo del Estado por ley. La clave es la información, no solo con la sociedad, sino con los principales actores involucrados. En el caso de la educación, con los docentes, los maestros, el personal administrativo”, afirmó Silvina Panizza, directora de la Unidad de PPP, citada en la última edición de la revista “Construcción” que edita la gremial de ese sector de actividad.

En las últimas dos décadas una cantidad creciente de países utilizó las PPP en la educación, en algunos casos abarcando el dictado de clases, según un documento publicado por el Banco Mundial en 2009. La percepción de que los gobiernos pueden perder control sobre ese sector, y que se amenace la estabilidad laboral de los docentes y otros empleados, dieron lugar a controversias en varios casos. Los estudios acerca del resultado educativo que dieron estos modelos son ambiguos.  

En julio la Corporación Nacional para el Desarrollo organizó un seminario para conocer las experiencias de PPP en la educación y la salud en Reino Unido y en España. Allí Javier Encinas, un especialista del área de infraestructura del gobierno británico, indicó que en Reino Unido se llevan realizados más de 750 proyectos de ese tipo por un valor estimado de U$S 150.000 millones en los últimos 20 años. Y citó un estudio que demostró que las PPP ayudaron a mejorar los desempeños académicos de los liceales. “Los profesores en escuelas secundarias del Reino Unido utilizan hasta el 20% de su tiempo ocupados por mal funcionamiento de la infraestructura, y en la modalidad PPP esto se transfiere al sector privado y los profesores ganan más tiempo para enseñar”, sostuvo.