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En la mañana del viernes 1º la sala de reuniones del Hotel NH Columbia era custodiada por varios policías vestidos de traje oscuro y no con el tradicional uniforme azul. Detrás de la puerta, autoridades de los tres poderes del gobierno de Uruguay, representantes de organismos internacionales y de ocho países escuchaban cómo el director de la Secretaría Nacional Antilavado de Activos de la Presidencia, Carlos Díaz, solicitaba apoyo económico para financiar ocho proyectos que buscan mejorar el combate al blanqueo de capitales.
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El gobierno uruguayo solicitó ese día, con el respaldo del Fondo Monetario Internacional (FMI), donaciones para “reestructurar la supervisión y control” en materia de lavado de activos de las actividades de casinos, inmobiliarias, rematadores, escribanos, comerciantes de metales y piedras preciosas, entre otros, dijeron a Búsqueda fuentes del Poder Ejecutivo.
Otras de las propuestas que el gobierno quiere financiar persiguen mejorar las comunicaciones telefónicas y a través de Internet entre las instituciones que combaten el crimen organizado; la creación de un sistema de información criminal; digitalizar la Dirección General de Registros para que los datos que contiene sean más accesibles; y fortalecer la capacidad “analítica y operativa” de la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central.
“Información criminal”.
Ante la mirada de representantes de Francia, España, Alemania, Suiza, Estados Unidos, Canada, Kuwait, Japón, Corea, y del FMI, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, Díaz tomó la palabra el viernes 1º para exponer cuáles son los motivos del gobierno para solicitar las donaciones.
“Es evidente que la distinción fundamental entre el crimen común y el organizado está en que este último se ha constituido en un desafío al Estado y a la sociedad en términos de gobernabilidad, a tal grado que en muchos países algunas variantes de la criminalidad organizada han sido ubicadas, como una amenaza a la seguridad nacional, que requiere de respuestas por parte del gobierno”, dijo Díaz. “El problema de fondo es que en la medida en que el crimen organizado es un fenómeno global, aunque algunos Estados sean eficientes en su control, la debilidad en otros Estados hace que éste se siga fortaleciendo”.
El concepto de “Estado nación” surgió, según el titular de la Secretaría Antilavado, en un mundo poco globalizado y en el que “las fronteras” eran “un instrumento efectivo para el control de amenazas” provenientes del exterior. Sin embargo, hoy la situación es distinta y si “el conjunto de los países” no modifica sus “conceptos de soberanía y fronteras” corren el riesgo de no tener “ni soberanía ni fronteras porque el crimen organizado se las habrá llevado por delante”.
Tras esa introducción, Díaz expuso los ocho proyectos que Uruguay pretende financiar mediante donaciones internacionales. La primera medida presentada, según los informantes, es la que prevé crear un “sistema integrado de información criminal” que permita compartir las bases de datos que poseen las distintas instituciones vinculadas al combate al lavado de activos. Ese delito se comete mediante el ocultamiento, la conversión o la transferencia de dinero o bienes producidos por ilícitos.
En ese proyecto también se prevé definir cómo mejorar la seguridad de las “comunicaciones telefónicas, por correos electrónicos o redes de Intranet, el acceso a las bases de datos y el intercambio físico de información” entre las organizaciones estatales.
El gobierno aspira a conseguir dinero internacional para contratar una consultoría técnica para “reestructurar la supervisión y control de las denominadas “actividades y profesiones no-financieras designadas” por las normas como “sujetos obligados” a denunciar situaciones sospechosas de lavado de activos, entre los que se encuentran los casinos, escribanos, inmobiliarias y los rematadores. Las autoridades están preocupadas porque el sector financiero es el que presenta más denuncias de “actividades sospechosas” (96,7% del total) y son muy pocos en el resto de las áreas.
El objetivo de la Secretaría Antilavado es que el Poder Ejecutivo apruebe un decreto reglamentario para especificar los criterios de supervisión del sector no financiero. Además pretende elaborar “manuales”, “procedimientos operativos” y “herramientas de supervisión extra-situ e in-situ con un enfoque basado en riesgos”.
En el marco del proyecto “Unidades Especiales de Investigación”, la Secretaría busca financiamiento para desarrollar un relevamiento para documentar las necesidades de los equipos que investigan el lavado de activos. Una vez concluida esa etapa, se prevé aprobar asignaciones de recursos “adicionales” a las unidades especializadas en el tema.
Contaminar el planeta.
En la tarde, Díaz brindó una conferencia de prensa en la Torre Ejecutiva para explicar las negociaciones de que ocurrieron esa mañana. En esa instancia estuvo acompañado por el director de Servicios Jurídicos del Ministerio de Economía, Ricardo Pérez Blanco, el gerente de la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central, Daniel Espinosa, y los representantes del FMI Mariano Federici y Carolina Claver.
Allí, Díaz dijo que el objetivo del gobierno es conseguir nuevas donaciones para el fideicomiso financiero que apoya la “estrategia nacional contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo” que elaboró el gobierno en 2012. El actual fideicomiso, que culmina en abril del 2014, contó con el aporte de 12 países.
Federici aprovechó la oportunidad para destacar los avances que hizo Uruguay en el combate al lavado de activos. Sostuvo que hay logros “impactantes” como el hecho de que entre 2005 y 2013 hubo 283 procesamientos por casos de blanqueo de capitales, cuando hay países de la región que no llegan a los dos dígitos.
En su discurso de la mañana ante los posibles donantes, Díaz explicó por qué es importante que todos los países tengan un buen desempeño en el tema. “La existencia de espacios sin control o con controles débiles en el mundo”, dijo, “acaba por contaminar a todo el planeta”.
