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El término fast track es un anglicismo de esos que sirven para definir en pocas palabras un concepto complejo. El fast track es una vía rápida para que las cosas se hagan. Y eso en política implica todo lo opuesto a obstáculos, a papeleos engorrosos y burocráticos. En el gobierno empezaron a usar esta idea para aplicarla a un objetivo mayor, que es la radicación de familias de inmigrantes en Uruguay. Fuentes de la Torre Ejecutiva dijeron a Búsqueda que el plan es ambicioso. Que no abarca solo a países de la región sino que busca captar en todo el mundo a interesados en instalarse en estas tierras.
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La orden bajó directamente desde Presidencia a Cancillería. La idea es instalar oficinas fast track para agilitar trámites de residencia. “Les pedimos a los consulados que sean funcionales a la política de gobierno”, explicó a Búsqueda un integrante del Poder Ejecutivo. Está previsto que en estas horas se publique un decreto con cambios en la normativa sobre los papeleos para obtener la residencia en Uruguay. La fuente aclaró que el interés del gobierno está, más que en los beneficios económicos inmediatos por inversiones, en que Uruguay sea atractivo para que se radiquen familias extranjeras con planes a largo plazo. Se trata de un proyecto que ya estaba en la agenda del gobierno en un contexto muy diferente al actual. Y este sacudón global por la pandemia del coronavirus ayudó a darle un nuevo impulso. Tras el torbellino de la pandemia, que hasta ahora castigó con más virulencia a países de la región que a Uruguay, que parece tenerlo bajo control, se abrió una ventana inesperada para concretar con otra celeridad el proyecto de residencias. Crisis es oportunidad. En especial si se mira lo que ocurre en Argentina, que transita una cuarentena interminable y que tiene nubarrones amenazantes sobre los efectos que tendrá el apagón de la actividad comercial en su economía.
A principios de enero, cuando Luis Lacalle Pou se preparaba para calzarse la banda presidencial y la atención del mundo empresarial y político estaba fijada en sus anuncios, dio una exposición en Punta del Este, auspiciada por la Asociación de Promotores Privados de la Construcción (APPCU). Allí el presidente bosquejó su plan de acción en esta cuestión. No se refirió a planes concretos sino a flexibilizar condiciones para radicación de familias extranjeras. Se habló, sin aterrizar la idea, de promulgar alguna normativa impositiva para que los inmigrantes encuentren mejores condiciones si se deciden por Uruguay.
“Yo primero voy por la familia, después que estén las familias van a poder traer la plata. Si tenemos seguridad pública, certezas a largo plazo, el país se va a convertir en un lugar de destino del Cono Sur y también del mundo”, dijo el entonces presidente electo en un artículo publicado por el diario argentino La Nación.
Ayer miércoles, el diario El País informó sobre el “creciente interés” de argentinos por “invertir, instalar negocios o radicarse en Uruguay”. El matutino consultó a profesionales vinculados al asesoramiento jurídico y tributario y también a empresarios de los rubros inmobiliario y agropecuario. Todos coinciden en que se trata de un proceso que comenzó el año pasado con el cambio en el signo político de gobierno y que se aceleró en las últimas semanas.
No tan hacinados.
El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie, hizo comentarios sobre este tema en una nota publicada por Búsqueda la semana pasada. Señaló que por la “revalorización de la vida un poco más separada y no tan hacinada”, Uruguay se presenta como una opción seductora para la inmigración.
“Sé, por conocidos que tengo, que en el último mes y medio ha habido una corriente de venta de viviendas hacia argentinos. El año pasado no vendían ni una y ahora aparecen compradores. ¿Puede ser para invertir? Puede ser; otra (posibilidad) es que sea para vivienda”, dijo Alfie. Y atribuyó ese fenómeno a la “estabilidad en general” que ofrece el país.
