El gobierno prevé “una intervención paulatina” en Los Palomares

El sábado 23 el Ministerio del Interior coordinó un censo en Los Palomares, también conocido como Unidad Misiones, que fue completado al 100% el miércoles 27 en la Seccional 17ª y cuyos resultados ya están en manos de Presidencia. Con los papeles arriba de la mesa, Vázquez deberá ahora marcar los pasos a seguir para la zona. “Habrá un informe que lo tendrá el propio presidente de la República. A partir de ahí, se tomarán las decisiones”, dijo el martes 26 a Teledoce Gustavo Leal, encargado del censo y director de Convivencia y Seguridad del Ministerio del Interior.

Un criterio central.

Con cuatro hectáreas, la Unidad Misiones no es precisamente grande. Caminando, en alrededor de 15 minutos se puede recorrer su perímetro: son 540 viviendas delimitadas por tres calles (Avenida Gral. San Martín, Bulevar Aparicio Saravia, Unidad Casavalle) y dos angostos pasajes de tierra. Sin embargo, pese a su tamaño, el sábado 23 el Ministerio del Interior necesitó desplegar importantes equipos de la Guardia Republicana, la Policía Científica, Bomberos y la Escuela Nacional de Policía, entre otras divisiones, para ingresar al barrio. Cada 50 metros, un vallado, un equipo de policías. A pie, en motos y en patrulleros. Con móviles a la espera fuera de la zona delimitada. Con rostros tapados y descubiertos. Uniformados y de civil. Casi todos armados. Casi todos calmos.

Había razones para estarlo: eran las 11:30 de la mañana y los alumnos de la Escuela de Policía llevaban, sin problemas, ya dos horas y media de censo a los hogares de una de las zonas más violentas de Montevideo. Aún faltaban hogares por consultar, pero el clima de tensión había dado paso a un alivio que se sentía en todos, incluso en aquellos efectivos que, fusil en mano, almorzaban bocados de apuro mientras custodiaban cada punto del barrio. Lejos estaba la preocupación inicial del Ministerio del Interior a una reacción violenta incitada por bandas delictivas, o a la falta de voluntad de los residentes a colaborar con los cuestionarios.

La tranquilidad abarcaba también al grupo de jerarcas parados en una de las entradas al barrio. Dialogaban en ronda el prosecretario de Presidencia, Juan Andrés Roballo; la subdirectora del Mides, Ana Olivera, y el secretario general de la Intendencia de Montevideo, Fernando Nopitsch. Había, además, miembros del Programa de Mejoramiento de Barrios del Ministerio de Vivienda y de la Dirección General de Salud del Ministerio de Salud Pública. La presencia de todos no era casual y buscó impulsar el mensaje de Vázquez de que la seguridad pública es un trabajo de equipo del gobierno.

Con walkie-talkie y chaleco antibalas, Leal, de los primeros en arribar, lideraba entradas y salidas por los callejones y las noticias eran buenas: el censo iba camino a concluirse sin ningún incidente ni reclamos por parte de los vecinos, e iba a terminar bastante antes de las 15:00, hora estimada en un principio. Un trabajo eficiente y en equipo que fue transmitido con optimismo por Roballo directamente al presidente, atento a los detalles del operativo desde su casa.

“Tenemos un conjunto de información que atender con un criterio central: nosotros estamos decididos a ejercer la autoridad y a que las acciones que se hagan contemplen a las personas que han sido víctimas de grupos de narcotraficantes”, explicó Leal en rueda de prensa antes de cerrar la jornada.

La rapidez y diligencia con la que se desarrolló el censo contrastó con el silencio reinante. La cancha de Cerrito, de frente al barrio, hacía eco a los pocos chiflidos que salían desde el corazón de Los Palomares. La presencia policial controló el ingreso y limitó el movimiento en los alrededores: pocas bicicletas, casi ninguna persona en las paradas de ómnibus y apenas un auto particular que hizo su ingreso por Aparicio Saravia.

Fueron en total censadas las 540 viviendas distribuidas en 27 tiras de edificios. 182 funcionarios, divididos en 54 equipos, entrevistaron en persona a los habitantes, los identificaron y registraron, empadronaron las viviendas, ingresaron a cada habitación para definir la situación estructural y los posibles riesgos edilicios, averiguaron si tenían algún tipo de acceso a servicios de salud y si prevalecían en sus hogares determinadas enfermedades como la tuberculosis. En algunos casos fueron los propios vecinos quienes, por su cuenta, informaron a los funcionarios de las consecuencias de un modus operandi del que fueron testigos, utilizado con mucha frecuencia hasta el año pasado por los grupos de narcotráfico: mediante amenazas y violencia ocupaban viviendas ajenas, las vendían o alquilaban a otras personas, o las usaban como bocas de drogas y depósitos de armas.

Un cara a cara entre el Estado y los ciudadanos postergado desde 1970, cuando la Unidad Misiones fue pensada por la Intendencia de Montevideo como una solución de vivienda transitoria para familias rurales que venían a la ciudad. Casi 50 años pasaron y, con edificaciones amontonadas, calles anegadas, cableados en el aire y basurales espontáneos, su aspecto permanece igual de transitorio.