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Luis Alberto Heber había adelantado el grueso de la cifra en diciembre, pero faltaba aún divulgar el número oficial. Lo anunció el martes 17 en conferencia de prensa en el Ministerio del Interior: en 2022 hubo en Uruguay 383 homicidios, un incremento del 25% respecto a 2021 y una preocupación para el gobierno, que a esta altura del período confiaba en tener el guarismo en tendencia descendente.
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Heber, sin embargo, destacó que los asesinatos se produjeron “sin pandemia” de por medio y por lo tanto pueden compararse completamente con el 2019, el último año de gestión del gobierno del Frente Amplio, donde los homicidios fueron 394. También valoró que, del total, 47% derivaron de conflictos entre grupos criminales, tráfico de drogas o ajuste de cuentas, mientras 4% (15 homicidios) fueron consecuencia de rapiña, hurto o copamiento, el número más bajo desde 2012, cuando fue de 37. “Son 15 solamente. Esta caída sustancial determina que la familia que pasea, que va a trabajar, se encuentra en estos momentos mucho más segura que antes”, dijo.
Al ser consultado sobre la suba de los asesinatos, el ministro dijo que en 79,4% de los casos los involucrados tienen antecedentes penales o indagatorias de por medio, lo que demuestra la necesidad de enfocarse en “la lucha por territorios, el cobro de cuentas y el enfrentamiento por bocas de pasta base”, sobre todo en Montevideo y en Canelones. Mencionó entre las respuestas a aplicar un proyecto por el cual el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aportará US$ 2 millones para la prevención de homicidios. Afirmó que se trata de “un trabajo social que ha tenido éxito en otras partes del mundo” en donde se desempeñan “interlocutores válidos” para establecer contacto con los grupos de narcotraficantes.
El miércoles 18 añadió que parte del objetivo será “reclutar exreclusos que se han reintegrado a la sociedad” para colaborar con la Policía en la resolución de conflictos entre delincuentes. “Es gente que tiene un nivel de léxico y de contacto que no lo podemos tener nosotros porque no podemos meternos en una célula delictiva”, explicó en Desayunos informales de Teledoce. Estas personas trabajarán para el BID e intentarán generar un relacionamiento con bandas que actúan en las zonas operativas 3 y 4 de la Jefatura de Policía de Montevideo, que comprenden barrios al norte y oeste de la ciudad. “Sin ser integrantes de la organización, no son infiltrados, nos pueden ayudar”, apuntó Heber.
Diego Sanjurjo, coordinador del Programa Integral de Seguridad Ciudadana del Banco Interamericano de Desarrollo que funciona en el Ministerio del Interior, señaló a Búsqueda que la iniciativa va a combinar aspectos de distintos programas internacionales y será planteada a los partidos políticos para que se desarrolle bajo consenso.
Uno de esos programas es el método Cure Violence, que enfoca la violencia callejera como un problema de salud pública. Ya se ha instalado en ciudades de Estados Unidos, en Cali (Colombia), Cuauhtémoc (México) y San Pedro Sula (Honduras). “Ha resultado ser efectivo en prevenir la propagación de un delito de gran impacto como es el homicidio. Trabajando con pandillas, busca la resolución pacífica de conflictos entre jóvenes en riesgo”, sostiene un artículo de 2021 del BID elaborado por Nathalie Alvarado, coordinadora del área de seguridad ciudadana y justicia del banco.
Evaluaciones de Cure Violence demostraron que su implementación produjo una reducción del 73% de los tiroteos en los barrios más violentos de Chicago y de un 63% en la zona del Bronx de Nueva York, y una baja del 56% de los homicidios en Baltimore. Basado en esta evidencia, el BID lo ha impulsado en distintas partes de Latinoamérica.
El modelo se basa principalmente en la labor de “interruptores de violencia” o “mensajeros creíbles” que trabajan diariamente dentro de las comunidades para mediar en conflictos, detectar disputas a tiempo y obtener información y cooperación. Los candidatos a este cargo son examinados primero por las policías locales y siguen un protocolo formal de entrevistas y calificación. En Trinidad y Tobado, donde Cure Violence también se aplicó, la mayoría del personal contratado ya estaba relacionado con la comunidad. Uno de ellos, por ejemplo, había estado encarcelado por ser el líder de una pandilla. Como resultado, tuvo acceso a muchos de los delincuentes del barrio donde vivía, según un documento elaborado por el BID en 2018.
