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Un conflicto que parecía sin salida entre el gobierno y los jueces tuvo un inesperado giro en los últimos días, cuando altos jerarcas del Ministerio de Economía transmitieron a representantes de la Asociación de Magistrados del Uruguay (AMU) en forma reservada su disposición a pagar un incremento salarial de 21,6% derivado del “enganche” con el sueldo de los ministros de Estado, dijeron a Búsqueda fuentes vinculadas al tema.
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En efecto, en una reunión que se llevó a cabo el martes 7 en la sede del Ministerio, el subsecretario de Economía, Jorge Polgar, y el director de la Unidad de Presupuesto de esa cartera, Michael Borchardt, recibieron a una delegación de la AMU y les transmitieron —según las fuentes— que el gobierno reconoce y asume que debe pagar el incremento salarial producto de dos sentencias de inconstitucionalidad adversas al Poder Ejecutivo. Esa posición implica un cambio de actitud del gobierno, ya que en una primera instancia se había mostrado reacio a pagar el aumento. Incluso en una reunión con los ministros de la Suprema Corte de Justicia en el Palacio Piria, el presidente José Mujica les dijo que no podía hacer al pueblo uruguayo “cargar con esa cruz”.
Si bien no se manejó ninguna fecha en concreto, las fuentes señalaron que existe voluntad en cumplir con esa obligación antes de fin de año. El reconocimiento del incremento salarial de 21,6% corre para el futuro, ya que la fórmula que se manejó no implica el pago del adeudo que se ha generado hasta el momento, el que según las fuentes consultadas queda “congelado” para seguirse discutiendo. La deuda acumulada hasta el momento por el aumento salarial es de más de U$S 60 millones, sin tener en cuenta los reajustes y recargos, según cálculos del propio Poder Judicial. Los jueces pretenden que ese monto sea también reconocido porque lo consideran un “derecho adquirido”.
El diferendo entre el Poder Ejecutivo y los jueces se remonta al inicio de la administración Mujica, cuando la ley de presupuesto quinquenal (2011-2015) equiparó el sueldo de los ministros de Estado con el de los legisladores. Esa medida acaparó una serie de inesperados aumentos porque el salario de los ministros es la base de cálculo de diversos cargos en la administración. Por ejemplo, la Ley Orgánica de los Tribunales —sancionada a la salida de la dictadura— establece que los ministros de la Suprema Corte de Justicia no ganarán menos que un ministro de Estado. Y en función del sueldo de los ministros de la corporación se establece una escala salarial para el resto de los magistrados de Uruguay.
Una vez que fue advertido, el oficialismo aprobó dos leyes que buscaron corregir la situación, pero ambas normas fueron declaradas inconstitucionales por una Corte integrada por ministros de Tribunales de Apelaciones.
Este cortocircuito entre ambos poderes del Estado generó diversas reuniones entre jueces y gobernantes aunque hasta el momento no se avizoraba una salida. Esta es la primera vez que se asume un compromiso explícito con el pago del incremento.
Otros gremios, como los fiscales, los funcionarios judiciales y hasta los funcionarios de los registros públicos consideran que también están “enganchados” en esta disposición, por lo que es probable que el Poder Ejecutivo se reúna con esos gremios en los próximos días.
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