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La inflación de febrero, conocida la semana pasada, volvió a mostrar una nueva aceleración y los precios al consumo subieron 9,86% en los últimos 12 meses, lo cual constituye el registro más alto desde el año móvil cerrado en agosto de 2004. El índice se acercó peligrosamente a la “barrera psicológica” del 10%.
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Si bien hubo factores puntuales vinculados con el clima que impulsaron al alza el costo de vida, no menos cierto es que la inflación subyacente hace meses viene moviéndose por encima del 9%, por lo que cualquier shock negativo en los componentes volátiles del índice de precios generaba un riesgo alto de que se alcanzaran los dos dígitos.
La reacción del gobierno ante esta situación ha sido la misma que en el pasado reciente. Esto es, apelar a la baja de las tarifas públicas y otros precios administrados, así como conseguir “acuerdos voluntarios” en el sector privado que congelen por un tiempo los precios de una canasta de productos.
Según ha trascendido, el equipo económico estaría trabajando en bajar las tarifas de UTE y de Antel (podría ser a través de la exoneración del IVA o directamente con una rebaja de las tarifas), reducir el IVA a determinados productos alimenticios y aumentar el subsidio a las cuotas de las mutualistas para generar un menor incremento en el próximo ajuste. El ministro de Economía, Mario Bergara, informó que el costo de estas medidas sería de unos 100 millones de dólares (0,2% del PBI), aumentando en ese monto el déficit fiscal. Para el futuro quedaría una posible baja en los precios de los combustibles, en caso de que las presiones inflacionarias no cedan.
Como ha ocurrido en los últimos dos diciembres con el plan “UTE premia”, y como también ocurrió en años anteriores cuando se aplicaron medidas similares, hay que esperar un impacto por única vez en el índice de precios cuando se apliquen las medidas, que va a llevar a una baja transitoria de la inflación. Pero este impacto positivo se revertirá más temprano que tarde, porque ninguna de las medidas anunciadas ataca las causas últimas de las presiones inflacionarias subyacentes y tampoco modifican las expectativas inflacionarias de los agentes económicos. Se trata de acciones para operar sobre el índice de precios, pero no sobre la dinámica inflacionaria. En suma: el único objetivo del gobierno es evitar que durante este año electoral la inflación alcance el 10%.
Generar las condiciones para una baja importante, sostenible y creíble de la inflación será una tarea para el próximo gobierno, que además deberá lidiar con la necesidad de corregir la pérdida de competitividad de los últimos años, lo que generará complicaciones adicionales en la lucha contra la inflación. Es que la baja del dólar no solo no podrá ser una ayuda en la lucha contra la inflación, sino que más bien ocurrirá todo lo contrario ya que el escenario más probable implicará una suba del billete verde, que va a empujar al alza los precios de los bienes exportables e importables.
La única manera de hacer converger de manera creíble la inflación al “rango meta” definido por las autoridades (entre 3% y 7% para los próximos 12 a 18 meses) y recuperar la competitividad perdida, es generar una fuerte baja del gasto público, una significativa desindexación de la política salarial y una contracción importante del nivel de crédito interno, que habiliten en conjunto condiciones de exceso de oferta en el mercado de bienes y servicios no transables, así como reducciones en los costos de producción domésticos. Estas no suelen ser medidas que los gobiernos adopten en años electorales, sobre todo cuando tienen márgenes financieros importantes, como es el caso en la actualidad en Uruguay.
El próximo gobierno, sea cual sea el partido que gane las elecciones, tendrá que cambiar radicalmente el manejo de las políticas fiscal, monetaria-cambiaria y salarial, si es que quiere bajar de manera sostenible la inflación, así como conseguir credibilidad en las metas oficiales; credibilidad que en la actualidad es —y, por lo visto, seguirá siendo— nula.
