El conflicto laboral iniciado la semana pasada por el sindicato del comercio en el área de la recolección y tratamiento de residuos hospitalarios, que derivó en una declaración de esencialidad por parte del Poder Ejecutivo, tiene como telón de fondo el ingreso a Uruguay del poderoso Grupo Macri, de Argentina, acusado en varios países de intentar apoderarse del mercado empleando prácticas “agresivas” y “abusivas”, dijeron a Búsqueda fuentes gubernamentales y empresariales.
El sindicato del comercio Fuecys resolvió instalar el jueves 7 un “piquete” frente a Aborgama, una de las plantas que procesan la basura hospitalaria en Uruguay, para impedir el ingreso de los camiones que trasladan esos desechos. Luego de que el Ministerio de Salud Pública determinara que esa medida de fuerza estaba provocando un riesgo sanitario peligroso, el Ministerio de Trabajo decretó la esencialidad del servicio, que volvió a la normalidad a partir del domingo 10.
El lunes 11, Aborgama dijo en un comunicado que “este conflicto, de extremos inusitados, que podría haber provocado riesgos sanitarios por las características de estos residuos, se planteó intempestivamente a pesar de que se encuentran en curso normal las primeras reuniones del Consejo de Salarios, lo cual ha sido también expresado por representantes de Fuecys a los medios”.
Sin embargo, al día siguiente, en el diario “El Observador” el dirigente de ese sindicato Eduardo Sosa dio otra versión. “Las empresas se niegan a negociar los salarios. Eso fue lo que determinó que el conflicto estallara en Aborgama. No descartamos que pueda estallar en otras”, dijo.
La irrupción del conflicto llamó la atención tanto en esferas del gobierno como entre las empresas uruguayas dedicadas a esta tarea desde hace casi dos décadas. Durante ese período, prácticamente no hubo diferendos laborales de importancia entre patronos y obreros. Y la mirada de ambos —gobernantes y empresarios— se dirigió al único “nuevo elemento” que ha modificado la situación anterior: la aparición de la empresa Ecotecno, propiedad del Grupo Macri, en el área de recolección y procesamiento de residuos sólidos hospitalarios.
Desde hace un par de años, Ecotecno —una de las múltiples empresas que integran el holding Sideco Americana SA, propiedad de los argentinos Franco y Mauricio Macri, con operaciones comerciales en Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Uruguay— ha realizado una innumerable cantidad de denuncias contra las empresas que se ocupan del procesamiento y destrucción de los residuos hospitalarios en el país. El Grupo Macri, mediante Ecotecno, acusó a las firmas uruguayas ante la Comisión de Defensa de la Competencia por presuntos acuerdos de precios y carencia de habilitaciones para operar, presentó demandas judiciales, desacreditó a las empresas ante gobiernos departamentales, marcó eventuales “irregularidades en las contrataciones de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE)”, habló de “riesgos para la salud pública y el medioambiente” y salió con una fuerte campaña de prensa para atacar a las compañías locales y a las autoridades nacionales y departamentales por supuesta incompetencia, y para presentarse a sí misma como la solución a los problemas que el mismo conglomerado dijo que existen en el sector.
De hecho, el martes 12 Ecotecno contrató un remitido de media página en los diarios “El País”, “El Observador” y “La República” en medio del conflicto laboral en procura de “pescar en río revuelto”, según una de las fuentes de Búsqueda. El Grupo Macri dijo en ese aviso que “Ecotecno cuenta con la planta más moderna del país para el tratamiento de residuos hospitalarios, trabajando con tecnología de esterilización certificada bajo la norma ISO, cumpliendo con los máximos estándares mundiales de calidad y excelencia, sin generar ninguna emisión al medioambiente”.
Según el remitido, la planta de Ecotecno, instalada en Las Piedras, opera “normalmente y cuenta con todas las autorizaciones exigidas por la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) y la Intendencia de Canelones”, y “se encuentra a disposición de todos los generadores públicos y privados del país, incluyendo el departamento de Montevideo”.
Pero eso fue refutado por la Intendencia de Canelones. En una resolución del 3 de julio pasado, ese gobierno departamental rechazó un recurso que Ecotecno había presentado el 15 de octubre de 2013 contra una decisión que inhabilitó la operación de la planta de Las Piedras.
Un año antes, el 1º de octubre de 2012, la Dirección General de Gestión Territorial, Vivienda y Acondicionamiento Urbano del gobierno canario había concedido a Ecotecno “la viabilidad del emprendimiento”, aunque “en carácter precario y revocable”. El 11 de octubre de 2013, la Intendencia que dirige el frenteamplista Marcos Carámbula revocó la autorización que había dado en forma “precaria y revocable” aquella Dirección municipal.
Carámbula entendió que “la empresa no contaba aún con todas las habilitaciones por parte de la Intendencia de Canelones ni del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente” y constató que Ecotecno “había comenzado las construcciones (de la planta) sin las debidas autorizaciones y con un certificado de viabilidad que no le habilitaba a ello”.
El Grupo Macri accionó entonces judicialmente y obtuvo una sentencia de primera instancia favorable. Pero, en su resolución del 3 de julio pasado, la Intendencia de Canelones dijo que “frente a un acto irregular que produce invalidez o ilegal, tiene el poder-deber de revocar, sea de oficio o a petición de parte”, la decisión precaria anterior de la Dirección de Gestión Territorial, puesto que “la viabilidad de emplazamiento” de la planta “no había sido otorgada acorde a Derecho”.
El gobierno departamental agregó que “la política sobre tratamientos y disposición final de residuos hospitalarios es un tema nacional, a cuyas políticas adhiere” esa administración municipal, y dijo que “no considera pertinente el funcionamiento de un emprendimiento de esta naturaleza en la ciudad de Las Piedras”.
“Extraño”.
Uno de los elementos que más llamaron la atención de las autoridades esta semana fue una información publicada el martes 12 por “El Observador” según la cual, en medio del conflicto por motivos salariales, “Ecotecno ya acordó un aumento (con sus empleados) a cuenta del futuro convenio”.
“Eso es extraño”, dijo a Búsqueda una fuente del gobierno. “Cuando está todo el avispero revuelto, ¿estos tipos ya arreglaron con el sindicato? Es, por decir lo menos, muy raro”, agregó.
En el gobierno saben que algunos funcionarios de las empresas que se encargan del servicio enfrentan demandas penales por presuntos delitos. Una de ellas, que involucra a por lo menos dos sindicalistas, menciona un intento de extorsión contra una empresa, a la cual se la amenazó con difundir fotografías y videos con imágenes de piezas anatómicas y restos humanos, que son parte de los residuos hospitalarios cuyo manejo inadecuado puede dar lugar a graves riesgos sanitarios para la población.
La empresa sospecha que la amenaza pudo tener la intención de favorecer a Ecotecno, porque el anuncio de divulgar ese material hubiera provocado el descrédito de la firma uruguaya. La sospecha se basa en el inicio, por parte de Ecotecno, de un proceso administrativo ante la Intendencia de Montevideo contra la empresa uruguaya por supuestos incumplimientos de las normas vigentes.
Para peor, según testimonios de funcionarios vinculados a las compañías uruguayas que se dedican a esta tarea, hubo empleados “infieles” que rompieron las bolsas con residuos hospitalarios y acomodaron los restos humanos para sacar las fotografías y filmar los videos.
Además, según las fuentes de Búsqueda, a fines de julio pasado la ministra de Salud Pública, Susana Muñiz, fue puesta en conocimiento de que un asesor ambiental de Ecotecno se hizo pasar por “consultor contratado” por el subsecretario Leonel Briozzo para engañar a la directora de al menos un hospital público del interior y recoger información confidencial de las empresas uruguayas sobre la logística del tratamiento de los residuos hospitalarios.
“El Grupo Macri, representado en Uruguay por Ecotecno, despliega prácticas ilegales para apoderarse del mercado”, dijo una fuente empresarial.
Añadió que el conglomerado argentino aplica, en todos los países donde opera, estrategias “típicas del peor peronismo”. Entre ellas, mencionó la confrontación con los organismos estatales —a los que considera escasamente calificados— mediante permanentes acciones administrativas y judiciales; la autopresentación, fuera de Argentina, como “víctimas de empresas locales que les impiden el acceso al mercado”; la “competencia desleal” a través de la fijación de “precios predatorios”, y el hecho de que, “cuando logran capturar el mercado mediante las agresivas estrategias de penetración, suben los precios y desmejoran la calidad de los servicios que brindan”.
