Comenzaba el año y terminaba el gobierno de José Mujica. Con las finanzas públicas debilitadas, la tarifa de los combustibles fue rebajada, pero mucho menos que lo que había caído el precio del petróleo en el mundo. Y la factura de UTE tuvo un aumento relativamente fuerte.
Mujica admitió que se acordó con la administración electa asumir él el costo político por ese ajuste tarifario. Mientras desde la oposición política se habló de un “fiscalazo”, un consultor económico privado volvió a cuestionar el mecanismo de decisión sobre esos precios administrados —“las tarifas se utilizan en un esquema de almacén, útil en el corto plazo”, dijo— y hasta el PIT-CNT se quejó.
El manejo de los precios de las naftas, la electricidad y el agua potable provista por empresas públicas quedó en discusión en medio de la transición. Álvaro García, el nuevo director de Planeamiento y Presupuesto (OPP), cree que “mirando en el largo plazo”, son cosas para rever.
Consultado por Búsqueda, el jerarca razonó lo siguiente: “Los dueños de las empresas públicas son los ciudadanos. El accionista —si se quiere llamar de alguna manera— es el pueblo, nosotros, la gente. El representante del pueblo en un gobierno democrático es el Poder Ejecutivo. Por lo tanto, allí tiene que haber un mandato claro del Poder Ejecutivo, respetando las autonomías de los organismos pero alineadas a un proyecto que votó la ciudadanía democráticamente. En ese proyecto, el país les otorga un mandato a los directorios de las empresas públicas a que cumplan determinados requisitos. Ahí, si me pongo en director de empresa pública, también tengo algunas cosas para revisar. Si tengo un mandato, a mí me gustaría designar a mis gerentes, por ejemplo. Y eso hoy en el sector público uruguayo no se puede hacer. Si soy director de empresa pública y me comprometo a realizar un mandato determinado, debería ser quien fija las tarifas, por lógica”, sostuvo.
La fijación de las tarifas públicas la hacen las empresas en consulta con el Ejecutivo.
“No dejo de reconocer que en un país pequeño como Uruguay —y no solo en Uruguay— las tarifas públicas fueron usadas como un mecanismo de caja y a veces de control de la inflación. Eso lo sabemos todos. ¿Pero es un problema del gobierno? No, es un problema nacional. Un mecanismo para resolver es decir: ‘bueno señores, ustedes tienen libertad para fijar tarifas, y si por alguna razón el país necesita tomar alguna decisión diferente en su objetivo que tenían para fin de año, se les compensará’. De alguna manera eso se ha considerado históricamente. Pero creo que tiene que estar todo mucho más ordenado. Esto son cosas que en la reflexión más serena tenemos que ir dando y generando conciencia”, añadió el jerarca de la OPP, una dependencia de Presidencia encargada de asesorar al Poder Ejecutivo en el análisis de las tarifas de las empresas públicas, sus presupuestos y planes de inversión.
Entes y finanzas.
Las cuentas públicas tendieron a deteriorarse en el tramo final del año pasado y mejoraron ligeramente en el inicio de 2015. El déficit fiscal en los 12 meses cerrados en enero pasado alcanzó a U$S 1.824 millones, lo que representa casi 3,3% del Producto Bruto Interno (PBI).
El desempeño de los entes comerciales e industriales del Estado explican en parte esa evolución de las finanzas.
Si bien el conjunto de las empresas ha dado pérdidas y ganancias recientemente, durante los últimos 10 años siempre realizaron aportes al gobierno en forma de “dividendos”. En los 12 meses cerrados a enero (último dato disponible) transfirieron ganancias por U$S 280 millones, cerca de un 15% respecto al déficit total del sector público.
El manejo de las tarifas incide por un lado en el resultado fiscal a través de los ingresos que las empresas tienen por la venta de bienes y servicios, y por otro constituye una “herramienta” de política que altera la inflación de precios que soporta la población.
Ancap, UTE, OSE, ANP, AFE y Antel tuvieron en los 12 meses cerrados a enero pérdidas sumadas por U$S 182 millones, aunque en realidad ese número negativo surge de que transfirieron dinero (los U$S 280 millones mencionados) al gobierno por ser su “accionista”. Dejando por fuera esa operación, su resultado fue una ganancia de U$S 98,4 millones, en conjunto.
El gobierno central tuvo un déficit de U$S 1.330 millones en ese mismo lapso.
Desde 2012 las finanzas de UTE mejoraron sustancialmente, mientras que ocurrió lo contrario con Antel, que antes venía siendo la que exhibía los mejores resultados. Las pérdidas del ente de las telecomunicaciones están relacionadas con las inversiones en la instalación de fibra óptica que desarrolla desde 2013.
Dejando de lado las transferencias al gobierno, las empresas sumadas tuvieron ganancias desde el 2005 todos los años menos en 2008, 2009 y 2012; Ancap y UTE explicaron en gran medida esos años de resultados negativos (que tuvieron relación con sobrecostos para generar energía eléctrica, principalmente). En los últimos 10 años solo AFE requirió asistencia del gobierno.
Por otra parte, la actividad de las empresas públicas generó ingresos al fisco por impuestos pagados y aportes a la seguridad social por unos U$S 1.600 millones en el año cerrado a enero, lo que representa casi 3% del PBI. También realizaron inversiones por unos U$S 1.000 millones (casi 2% del Producto).
Tarifas.
Desde hace ocho años las tarifas públicas en conjunto vienen aumentando por debajo de la inflación, en promedio, según un índice elaborado por Búsqueda. Pero el impacto sobre la facturación de cada empresa es distinto.
Ancap redujo el precio de los combustibles en 2013 y 2014, en promedio un 5% y 0,6% en términos reales (descontando la inflación); esos años sus ingresos por ventas cayeron 19% y 5%, respectivamente. Si bien arrojó pérdidas de U$S 7 millones y U$S 60 millones, estas fueron menores a las de los años previos.
Antel también bajó sus tarifas de telefonía fija 8% y 14% real los últimos dos años, pero al tiempo que su negocio se extiende a los servicios móviles y de tráfico de datos, y sus inversiones fueron por montos elevados, el impacto en sus finanzas no es tan claro. En 2013 y 2014 sus ingresos por ventas se redujeron 2,6% y 1,2%, a la vez que arrojó pérdidas por U$S 77 millones y U$S 194 millones en dichos años.
En el caso de OSE hubo una baja real de 2,8% en su tarifa en 2013 y un aumento de 1,3% en 2014. Eso impactó en sus ingresos, que disminuyeron 1,6% y subieron 3,3% en cada uno de esos años. El resultado pasó de una pérdida de U$S 43 millones a ganancias por U$S 33 millones.
UTE aumentó 2,9% el precio de la energía eléctrica en 2013 y lo bajó 4,9% el año pasado. Sus ingresos por ventas crecieron 3,5% real en ambos años, y tuvo ganancias por U$S 131 millones y U$S 292 millones, respectivamente.
A principios de enero se determinó un aumento de 6,9% en la tarifa eléctrica y también una suba de 9,2% en el costo del suministro de agua potable. Con el petróleo rondando los U$S 50 por barril, los combustibles bajaron 3% en promedio.
