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“Mire que no hay listas”. La delegada de la Corte Electoral alertaba así el domingo 13 a una votante en el barrio de La Aguada. La situación se repitió en varios circuitos. Las elecciones de los representantes de los trabajadores, los pasivos y del sector empresarial en el Directorio del Banco de Previsión Social (BPS) fueron, otra vez, motivo de controversias.
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El miércoles 16 el acto eleccionario fue comentado en la reunión de ese órgano del instituto previsional. Un participante relató a Búsqueda que hubo “satisfacción” por la realización de la votación porque da “legitimidad” a los representantes sociales, pero también “cierta preocupación” por algunos “aspectos negativos en la gente” derivados de problemas “de logística” y falta de información.
El domingo, candidatos opositores en los órdenes de trabajadores y pasivos (los únicos con competencia) denunciaron falta de listas; evaluaron impugnar las elecciones pero finalmente desistieron. La Corte Electoral aclaró que solo tiene obligación de garantizar un mínimo por circuito (30 de cada agrupación) y el resto corre por cuenta de las organizaciones.
La elección terminó por ratificar en sus cargos a los actuales “directores sociales” por cinco años más: Ramón Ruiz, respaldado por el PIT-CNT, en representación de los trabajadores; Sixto Amaro, apoyado por las principales organizaciones de jubilados y pensionistas, en el orden de los pasivos; y Elvira Domínguez por los empresarios. Otros cuatro directores del BPS son nombrados por el Poder Ejecutivo.
En el orden de los activos, la lista 11, que postulaba la reelección de Ruiz, obtuvo 39% de los votos (270.426), mientras que la 16, del candidato de filiación blanca Luis Lisboa, alcanzó casi 19% (130.629) según el escrutinio primario de la Corte Electoral. Hubo 12% de votos anulados y 29% en blanco, una cifra menor a la anterior elección de 2011, cuando se registraron 49,1% de papeletas en blanco o anuladas.
Fue la primera vez que hubo competencia por el cargo de representante de los trabajadores.
Entre los jubilados, la lista 1 de Amaro consiguió casi 49% de los votos (156.466) en tanto que la 2, que impulsaba al cargo a Carlos Sarthou, vinculado al Partido Nacional, logró 29% (93.671). Casi 17% sufragó en blanco y poco más de 5% fueron anulados; en 2011, 82% habían ido a una lista.
Entre los empresarios solo se presentó la papeleta 22, que consiguió 49% de los votos (65.243). Casi 43% fue en blanco y 8% anulados; en 2011 habían sido 55%.
Sin “irregularidades”.
Estos comicios transcurrieron entre la desinformación y el de-sinterés de gran parte de la población. A ese clima de apatía se agregó que en varios circuitos, al menos durante horas, faltaron listas. Algunos pusieron el sobre sin nada para no tener que volver a la mesa.
El presidente Tabaré Vázquez votó y defendió la instancia electoral.
El lunes 14, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, dijo que “no hubo irregularidades” en estos comicios.
Recordó que en setiembre pasado el Poder Ejecutivo presentó un proyecto de ley que eliminaba la obligatoriedad del acto en el caso de que se presentaran listas únicas. Y responsabilizó al Partido Nacional por no haber dado los votos para que tuviera aprobación.
El sábado 12, desde el celular personal de Murro, llegó un mensaje de texto a varios dirigentes del Frente Amplio y figuras identificadas con la izquierda, indicaron fuentes consultadas por Búsqueda.
“El domingo votamos a representantes sociales para el BPS. No a políticos. Por eso votamos a los candidatos de las asociaciones de jubilados y de los gremios. Por eso votamos la 1 en jubilados, la 11 en trabajadores y la 22 en empresarios”, escribió Murro en su mensaje. Jerarcas de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (Pedro Apezteguía y Alejandro Zavala), del Ministerio de Educación (Jorge Papadópoulos), funcionarios del Ministerio de Trabajo, Fernando Puntigliano y dirigentes sindicales, fueron algunos de los contactados.
Murro, un ex sindicalista que integró la representación del BPS nombrado por el PIT-CNT y luego presidió el organismo previsional hasta asumir al frente de Trabajo y Serguridad Social, declaró ayer miércoles 16 en “El Observador TV”: “Acá hubo dirigentes políticos que quisieron afectar esta elección, en particular del Partido Nacional y Asamblea Popular”.
Murro celebró que los candidatos del PIT-CNT y de la ONAJPU hubieran triunfado en los comicios del domingo 13. “El primer buen resultado es que triunfaron las organizaciones sociales”, dijo Murro.
Sin mencionar que había instado a votar por los “directores sociales” afines al gobierno, el ministro cuestionó a partidos opositores por apoyar otras candidaturas en las votaciones de trabajadores y jubilados.
“No es un tema menor, porque es una elección social, no una elección política. Y acá hubo dirigentes políticos que quisieron afectar esta elección, en particular del Partido Nacional y Asamblea Popular”, dijo.
“Si alguien quiere tener un cargo político en el BPS, que sea un cargo político, como yo fui presidente del BPS por decisión política o hubo directores blancos por acuerdo político. Pero estas son elecciones sociales”, insistió.
Luego de aludir a la obligatoriedad que rige para estas elecciones, Murro preguntó si “los dirigentes blancos y de Asamblea Popular que se aliaron en (los comicios de) trabajadores y jubilados, le informaron a sus militantes y votantes que se habían aliado blancos, colorados y Asamblea Popular en una misma lista”.
“¿Informaron que no tienen sindicatos ni asociaciones de jubilados que los respalden para una elección social?”, volvió a interrogar.
Las elecciones para “directores sociales” en el BPS fueron incluidas en la Constitución en 1967. En la Disposición Transitoria M, la Constitución dice: “Las Cajas de Jubilaciones y Pensiones Civiles y Escolares, la de la Industria y Comercio y la de los Trabajadores Rurales y Domésticos y de Pensiones a la Vejez, estarán regidas por el Directorio del BPS, que se integrará en la siguiente forma: a) cuatro miembros designados por el Poder Ejecutivo (...), uno de los cuales lo presidirá; b) uno electo por los afiliados activos; c) uno electo por los afiliados pasivos; d) uno electo por las empresas contribuyentes”.
El gobierno de Luis A. Lacalle reglamentó esta disposición en 1992.
