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El ministro de Educación está pintado al óleo. No puede normar, no puede gestionar y no puede evaluar, aun contando con un instituto de evaluación. La gestión de la política educativa del Uruguay se basa en única modalidad: producción estatal, directa y centralizada a través de la ANEP. Los padres de familia también estamos pintados al óleo. Y el director del centro educativo más que nadie. ¿Quién gobierna realmente la educación? Un sector de funcionarios especializados que parte muy por debajo del ministro de Educación y termina muy por encima de los directores de los centros educativos. No están sujetos al control político, ni al control social de los padres de familia. Es tan absurdo responsabilizar por el fracaso educativo a un gobierno sin potestades, como a padres de familia sin derecho a participar.
La gestión de la educación pública es híper centralista como debe ser en toda producción monopólico-estatal a escala masiva. Los economistas antiguos, para saber si conviene llegar a estos extremos, nos preguntarían si la educación de quienes llevan los asuntos públicos en la materia es muy superior a la de los padres de familia. Datos oficiales de 2011 indican que el 80% de los uruguayos mayores de 25 años no superó la educación obligatoria de 12 años. No se dispone de datos sobre la educación de la PEA contratada en educación pública, pero sabemos que todos los cargos de gestión requieren de un título terciario. Si este fuera el argumento, los economistas antiguos recomendarían en primerísimo lugar informar a los padres de familia para que tomen mejores decisiones. Claro que si se ocultan las cifras de eficiencia educativa (lo lógico para un monopolista), poco relevante queda para informar.
En términos económicos, la educación no es un bien público puro que justifique un monopolio estatal. Es un bien mixto y con una determinada relación entre sus partes pública y privada. Para los economistas antiguos es decisivo que la inversión privada individual guíe la pública. Marx incluido. Los economistas modernos vulgarizaron esta discusión con el término “externalidades” y la confundieron.
La ANEP contrata a docentes para que hagan educación exactamente igual en todo el territorio nacional sin adecuación a contextos locales y mucho menos a situaciones particulares. Si la gestión de la educación que hacen o necesitan los padres de familia difiere al menos en una variable de importancia respecto del estándar fijado por la ANEP, la educación pierde pertinencia rápidamente. Y también la pierde en el sector privado, porque un rígido currículo oficial le obliga a reproducir la gestión de la pública. ANEP gasta 1.600 dólares por alumno por año, lo que indica una alta eficiencia de costos; basta comparar con los costos de los colegios privados.
Pero si se consideran los resultados, la ANEP dista de ser eficiente.
Los datos oficiales de fracaso escolar para 2012 (no promoción + desvinculación) muestran que para que un alumno ANEP alcance su educación obligatoria en los 12 años curriculares, se deben invertir 2,7 veces más años (32 años) en fracasos de otros alumnos. Dicho de otra manera, el sistema ANEP presta (12 + 32) 44 servicios anuales de educación por cada egresado en 12 años. Aún con un costo eficiente por alumno de 1.600 dólares por año, 32 años de fracaso escolar es una pérdida acumulada de 51.200 dólares por egresado en los 12 años.
Por varias veces menos que los 51.200 dólares que pierde la ANEP, el programa pro joven inserta jóvenes en riesgo social en empleos de calidad por medio de una formación de 6 meses. Tiene una tasa de éxito en el primer intento (semestre) de dos jóvenes sobre tres, colocados en empleos de calidad. Cambia la posición en la fila de los jóvenes desocupados en beneficio de los peor posicionados.
Hay programas que vuelven a resucitar las ventajas de las innovaciones pedagógicas “modernas” (desde hace un siglo) como Montessori, Pestalozzi y Steiner: flexibilizan el currículo oficial en un microclima de flexibilidad económica y pedagógica. Los que acertaron en condiciones de laboratorio no necesariamente funcionarán a escala masiva. La gestión de la educación pública tampoco puede ser tan pertinente como para financiar en forma exacta el balance de cada entidad privada.
Pero puede aproximarse por diferentes modalidades de gestión. Las subvenciones a entidades privadas basadas en el pago de honorarios docentes mejoran la estabilidad laboral de los maestros y profesores en sus contratos privados. Los sistemas de vouchers —implementados con eficiencia por el Ministerio de Desarrollo Social— condicionados a logros educativos pueden motivar a la población a complementar y/o certificar sus competencias laborales aprendidas en la práctica y a seguir estudiando. También se pueden utilizar modalidades como concursos o gastos compartidos para promover proyectos educativos de especial interés para el gobierno.
¿Pero para qué se necesita un ministro de Educación si solo existe una modalidad de gestión de los recursos y sobre ésta la ANEP siempre tendrá el mejor concepto?
Si la gestión de los recursos se realiza en forma diferenciada por —al menos— tres de las mencionadas modalidades, tres preferidas por la sociedad, es posible pensar en una política educativa adecuada a contextos particulares, donde la pertinencia de la educación esté resultando baja y esto sea un problema. Un instituto de evaluación que evalúa permanentemente los resultados e impactos de una sola modalidad de gestión de la educación pública no sirve para formular políticas educativas pertinentes.
Se necesita un ministro de Educación. Que pueda llevar a cabo lo comprometido en la campaña electoral. Mientras esto no suceda los lamentos y las pasadas de culpas no sirven para nada. Podemos repetir mil veces la palabra educación. No necesariamente tendrá el presidente de la República la facultad para gestionar la mejora que prometió en la elecciones. ¿Vamos a esperar a otro gobierno y más lamentos y pasadas de culpas para aprender lo mismo?
