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En cada oportunidad que tiene, el director nacional de Policía, Julio Guarteche, advierte sobre el daño que el narcotráfico produce en el tejido social. Las mujeres logran “cierto respeto siendo madres, más respeto todavía siendo la esposa de un preso, y preso su compañero están poniéndose al frente de un negocio de distribución de drogas a pequeña escala”, relató en una charla a fines del 2014.
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Sea porque quedan al frente de una boca de venta de drogas o porque son usadas por grupos criminales para “actividades de asistencia, contactos y comunicaciones”, el narcotráfico es el delito por el que más mujeres son procesadas.
Entre el 1º de enero y el 31 de julio del 2015, la Justicia procesó a 8.014 personas, según datos de la Dirección Nacional de Policía Científica divulgados por el Ministerio del Interior. Del total 90,6% son hombres y 9,4% mujeres. Sin embargo, en el caso de los procesamientos por delitos vinculados al narcotráfico (819), el 76,4% son hombres y el 23,6% mujeres.
Al comienzo del año, el Ministerio del Interior cambió su estrategia en el combate al narcotráfico. Decidió que la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Droga (Dgtid) se encargue de cerrar las bocas de venta de estupefacientes, algo que antes estaba en manos de las jefaturas departamentales.
El martes 15, durante su comparecencia en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, dijo que se tomó esa decisión porque en el entorno a las bocas de drogas se genera “un microclima” en el que “sucede una cantidad de delitos que tienen que ver con el aumento de los hurtos, de las rapiñas, la ocupación del espacio público —eso genera mucha inseguridad—, el incremento de basura en la calle”. Desde el 1º de marzo hasta la semana pasada, la Policía cerró 600 bocas, según el jerarca.
El trabajo de la Dgtid provocó un aumento en la cantidad de procesamientos por delitos vinculados a las drogas. En el primer semestre del 2015 hubo 819 procesados, 37,6% más que en el mismo período del 2014.
El 23,6% de los procesados por delitos de narcotráfico (193) son mujeres. En el caso de las rapiñas, las mujeres representan el 4,3% de los 608 procesados, mientras que en el caso de los hurtos son el 6,2% de los 2.499 (ver gráfica).
Motivos.
Consultado al respecto, el fiscal de Crimen Organizado Juan Gómez declaró a Búsqueda que en los grupos criminales “las mujeres son muy utilizadas en actividades de asistencia, contactos y comunicaciones”.
Usualmente, acompañan a la persona que viaja a hacer la entrega de la droga, para simular que se trata de una paseo familiar y no levantar sospechas.
Muchas veces son las parejas de los criminales a quienes acompañan, pero también es usual que a las mujeres se les pague para simular ese rol. “Normalmente el encargado de transportar la sustancia viene con una persona que cobra por ese viaje y simula ser su pareja para que el viaje no despierte sospechas”, explicó.
También hay casos en que ellas se encargan directamente de entregar la droga, indicó. En general las mujeres resultan menos sospechosas y por tanto más idóneas para estas tareas.
Por ejemplo, en los casos en que se utiliza el correo para enviar drogas normalmente son mujeres las que se prestan para despachar el paquete, señaló Gómez.
“Es menos sospechoso. Y (los criminales) aprovechan la necesidad de las personas. Te ofrecen 200 dólares por poner un paquete, lo cual es tentador, sobre todo si la persona no repara que puede estar cayendo en una actividad ilícita o cree que no la van a descubrir”.
En los casos de microtráfico, las mujeres suelen incursionar en la actividad cuando el hombre de la casa, que se dedica a la venta de drogas, es encarcelado. Entonces, la mujer —a veces es la pareja, la madre o la abuela— se hace cargo del “negocio” y continúa con la distribución. “Ocurre fundamentalmente en delitos de microtráfico, sobre todo con la venta de pasta base”, explicó el fiscal penal Carlos Negro. Cuando los microtraficantes son detenidos, surge “la necesidad de sustituirlos por miembros de la familia”.
A esto ayuda que las mujeres suelen encargarse del cuidado de los hijos, entonces están en el hogar casi todo el tiempo y pueden ocuparse de mantener la “boca”, que en estos casos suelen ser en el propio domicilio.
“Al estar en la casa, cuando no está el microtraficante, porque cayó preso, asumen ese rol y terminan haciéndose cargo del negocio”, indicó el fiscal.
En consecuencia, la cantidad de mujeres que son procesadas por ese delito se incrementa. Incluso muchas terminan procesadas con prisión, porque jueces y fiscales suelen actuar con “mayor severidad” cuando se trata de pasta base y aplican la prisión preventiva. “Por más pequeño que sea el tráfico se aplican penalidades altas y por tanto con prisión preventiva”, explicó Negro.
Es que en 2012 el Parlamento aprobó la ley 19.007, que endurecía las penas para los delitos vinculados a la pasta base. Esta ley no pudo aplicarse porque “no hay laboratorios que puedan determinar que la sustancia sea pasta base”, señaló Negro. Como esa ley no se pudo aplicar, hay que utilizar la normativa general de drogas, agregó.
Sin embargo, “en el uso y costumbre que hay en muchos operadores está la creencia de que como es pasta base, y el legislador quiso penalizarlo y no lo logró, imponemos la prisión preventiva, aunque se trate de primarios y de pequeñas cantidades. Eso hace que los niveles de procesamientos con prisión suban exponencialmente”.