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    El nivel de subdeclaración de aportes de los camioneros sorprendió a Lacalle Pou

    La competencia de agentes informales volvió a ser puesta sobre la mesa como una preocupación por gremiales de empresas de camiones en la reciente entrevista que mantuvieron sus directivos con el presidente de la República y jerarcas del Ministerio de Transporte. Allí, los empresarios expusieron —además de los problemas “estructurales” de su sector— algunos datos que “sorprendieron” a Luis Lacalle Pou, según integrantes de la delegación de la Intergremial de Transporte Profesional de Carga (ITPC).

    La delegación le contó al mandatario que el sueldo promedio de los camioneros que figura en el Banco de Previsión Social (BPS) ronda los $ 20.000, cuando en promedio cobran entre $ 60.000 y $ 70.000 al mes. En otras palabras, explicaron, cada camionero percibe alrededor del 70% de su salario “en negro”.

    Considerando la cantidad de trabajadores empleados en el sector, la subaportación al BPS por parte de las empresas en 2021 habría rondado el equivalente a US$ 427 millones, calculó Búsqueda. Al ser consultado al respecto, el presidente de la ITPC, Ignacio Asumendi, dijo manejar cifras similares que, en todo caso, muestran que el aporte medio está “bastante por abajo” de lo que correspondería.

    En muchos recibos de sueldo figura un importe que es incluso menor al laudo de la rama, que se ubica actualmente entorno a $ 33.000 “por todo concepto” y “sin importar las tareas que realice la persona”. El nivel fijado, dijeron fuentes del sector, responde a un reconocimiento de la realidad del sector y pretendía que las empresas aportaran, “por lo menos”, por ese mínimo. Asumendi, por su parte, explicó que esto no es algo que deba controlar el BPS, sino que el organismo revisa que ingresen los aportes por el monto declarado.

    Más allá de la subdeclaración, de los datos de BPS surge también que hay menos trabajadores declarados que camiones en funcionamiento. A grandes rasgos, en las planillas del organismo público figuran entre 20.000 y 25.000 camioneros, cuando la flota de vehículos de carga supera los 30.000 hoy en día. “Sé el problema, no la causa”, se excusó Asumendi, y acotó que “subdeclaración puede ser (que haya) pero no gente que trabaje 100% en negro”. Aventura algunas explicaciones, como el hecho de que algunas empresas puedan tener registrados a sus trabajadores en planillas de comercio o del sector rural, dado que su negocio involucra actividades de esos rubros.

    Otros integrantes de la ITPC denunciaron que la contratación de jubilados o de personas en seguro de paro también son “moneda corriente” en algunas empresas.

    En todo caso, obviando el tema del jornal mínimo, los camioneros deberían ganar en torno a los $ 120.000 al mes en función de las horas que trabajan, dijo una fuente vinculada a la gremial. Este número surge de sumar el salario fijado para las ocho horas, las horas extras y los pagos por tiempo de espera en la carga y descarga de los vehículos. Sin embargo, el mismo informante señaló que el 90% de las empresas no cumplen con el laudo y recurren a un mecanismo “ilegal”, como los “acuerdos por productividad”. Según Asumendi, en esas situaciones es donde surgen las denuncias de los empleados. “Muchos trabajadores también son responsables de la situación —considera el empresario— porque (el esquema) les ha servido, consienten, y cuando se van de la empresa atacan el tema y aparece una industria de abogados que se aprovechan”, añadió.

    Como solución, el presidente de la ITPC dijo que la principal vía pasa por ajustar los laudos de forma que ambas partes estén satisfechas. “Una opción es el pago por productividad en términos formales”, consideró, pero lamentó que no fue posible lograr acuerdos con el sindicato. Ni sobre esta propuesta ni sobre la alternativa que plantearon, donde buscaban “reconocer” que la hora de espera tenga un valor “menor” que la de conducción: porque es verdad que cuando esperan siguen trabajando pero, “si el camión no rueda, no está produciendo”, sostuvo.

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