El nuevo ministro de la Suprema Corte afirma que debe mejorarse la “eficiencia y la eficacia” de la Justicia para acercarla al ciudadano

Durante una entrevista que mantuvo con Búsqueda minutos antes de jurar como ministro de la Corte, Pérez Manrique dijo que la baja de la edad de imputabilidad “dejó de ser un tema técnico para ser político”.

—La Constitución establece que los miembros de la Suprema Corte de Justicia serán designados por dos tercios de votos del total de sus componentes. Como es una mayoría realmente importante y muchas veces fue imposible llegar a los acuerdos políticos necesarios, se instrumentó en la Constitución el procedimiento aleatorio, de ingreso automático después de los 90 días de producida la vacante, del ministro más antiguo de los tribunales de apelaciones. No se salteó la antigüedad como habitualmente se dice, sino que se aplicó estrictamente la solución que el constituyente estableció como prioritaria.

—¿Cuál es la impronta que desea marcar en la Corte?

—Durante ocho años he actuado como secretario letrado de la Suprema Corte de Justicia. En esos años comprendí que la Corte es un equipo de magistrados con dilatada experiencia profesional, cada uno de los cuales tiene acumulado un importante bagaje de conocimientos y propuestas que en el desarrollo de sus funciones pone a consideración de los colegas. A partir de tal encuadre, yo me he caracterizado en mi carrera como juez por tener una actitud abierta hacia la comunidad, transparente en la justificación y comunicación de las decisiones, lo que mantendré estando en el más amplio tribunal de la nación. Pienso en un Poder Judicial que a partir de los principios de independencia y de imparcialidad pueda actuar de manera abierta y en diálogo permanente con la sociedad.

—¿Qué implica eso concretamente para la población?

—En definitiva, es la sociedad quien financia el funcionamiento del Poder Judicial, como poder fundamental para el Estado de derecho. En consecuencia, debe demostrase eficiencia y eficacia en la administración y gestión de los recursos financieros. Sería conveniente que se arbitren medios para conocer la opinión y el nivel de satisfacción de quienes pasaron por el sistema de Justicia y la visión de quienes nunca lo han hecho.

También es necesario establecer constitucionalmente la autonomía presupuestal del Poder Judicial; es decir, tener verdaderamente el estatus de poder del Estado al momento de proponer su presupuesto.

—¿Qué reflexión le merecen los últimos casos de corrupción judicial, como el de Anabella Damasco?

—Escuché en una conferencia internacional a un juez inglés decir que históricamente en su país los jueces eran pocos, se conocían entre sí y eso llevaba a que hubiera una gran confianza recíproca. Hemos crecido oyendo hablar de la “familia judicial”, lo que nos parece una interesante metáfora para definir el sistema. Pero todos sabemos que la cuestión del delito en algunas áreas como la corrupción se transversaliza socialmente y esto debe encender las luces de alerta en el propio sistema judicial, obliga a redoblar esfuerzos reforzando el control de los fondos depositados a la orden de los juzgados.

—¿Cuál es su opinión sobre el nuevo proceso penal que se está discutiendo?

—Tenemos un proceso penal que hoy es ejemplo en el mundo, pero de anacronismo: la condena es la prisión preventiva y el peso de la instrucción lo tiene el mismo juez que deberá fallar sobre el fondo del asunto, es decir, condenar o absolver. Es evidente que hay que resolver esta situación, pero advierto con preocupación que en países en que se han instrumentado estas reformas, se producen grandes demoras entre la instrucción y la instancia de juicio oral, que a veces determina aun en delitos graves que el indagado esté en libertad ambulatoria al momento de ser juzgado.

—¿Cuál es su posición respecto al aumento de los casos en los que se denuncia la inconstitucionalidad de una ley?

—Soy de quienes participan en la posición de la centralidad de la Constitución, en cuanto a que la Carta Magna en su texto y en su contenido implícito debe estar presente en toda decisión judicial. Cuando la Corte declara inconstitucional una ley, la sentencia solamente se aplica al caso concreto que motivó la demanda. Eso obliga a cada interesado a promover una demanda independiente, lo que complica el trabajo interno de la Corte y perjudica al ciudadano, que debe efectuar gastos y perder tiempo cuando el tema ya ha sido decidido. Sería conveniente ampliar el efecto de la sentencia de inconstitucionalidad.

—Algunas personas apuntan a deficiencias que existen en la Justicia con respecto al problema de la inseguridad. ¿Qué opina al respecto?

—Leíamos no hace mucho un estudio en el que se afirma que cuando el miedo se instala en la sociedad se convierte en una realidad objetiva, que llegó para quedarse y que existe más allá de las estadísticas. Mis años de experiencia me permiten, como hipótesis, pensar que en Uruguay existe una creciente desintegración social con expresiones en lo cultural, en el comportamiento y en actitudes desafiantes a ciertas normas de convivencia. En esa desintegración lamentablemente es común ver como aceptable la práctica del delito como profesión. Habrá que trabajar mucho en las políticas de prevención para revertir esto.

—¿Qué opina de la propuesta de bajar la edad de imputabilidad?

—El tema dejó de ser técnico para convertirse en político y por lo tanto no me corresponde a mí opinar, ya que es la ciudadanía la que deberá decidir.