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La agenda más inmediata del Poder Ejecutivo incluye la Rendición de Cuentas —que irá al Parlamento en el transcurso de junio—, y temas que decantarán próximamente, como el proyecto de la planta regasificadora y un acuerdo para la segunda fábrica de pasta de celulosa de UPM en el país. También la reforma del servicio de pasividades de las Fuerzas Armadas (FFAA), enumeró ayer miércoles 24 por la tarde el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, en una rueda de prensa.
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Más temprano, Murro se había ocupado de ese último tema de la agenda gubernamental al comparecer junto al secretario de la Presidencia, Miguel Ángel Toma y el prosecretario, Juan Andrés Roballo, ante el Secretariado del Frente Amplio para presentar los lineamientos de la reforma de la llamada “caja militar”.
Según lo transmitido por los jerarcas, se prevé la aplicación gradual de un nuevo sistema que, entre otros cambios, contempla el aumento de la edad de retiro obligatorio y el de los años mínimos en el caso de los retiros voluntarios, dijeron a Búsqueda asistentes a la reunión que se efectuó en la sede partidaria.
La mayor parte del informe oral estuvo a cargo de Roballo. Los integrantes del Secretariado, que invitaron con café, agua y mate, formularon preguntas al final.
Los representantes del Poder Ejecutivo explicaron que el que enviará el Poder Ejecutivo al Parlamento será un “proyecto integral” que introducirá “cambios importantes” al sistema actual. “Jubilaciones de $ 200.000 no existirán más”, señalaron, según las fuentes.
La “caja militar” es deficitaria y el gobierno pretende reducir la transferencia que le hace en un contexto de desequilibrio de las finanzas públicas.
Los puntos acordados entre el Servicio de Retiros de las Fuerzas Armadas con los ministros de Economía y Trabajo contemplan que se necesitarán más años de servicio y de edad para el retiro.
Las fuentes del Secretariado indicaron que la nueva ley se aplicaría para los actuales integrantes de las fuerzas de forma gradual en función de los años de servicio, donde a los que estén por jubilarse les afectará menos y más a los que recién hayan ingresado. Está previsto además que se establezcan topes mínimos y máximos de líquido a percibir por pasividad que no podría exceder al promedio de las asignaciones líquidas correspondientes a los tres comandantes en jefe de las fuerzas. El proyecto también modificará la tasa de remplazo (porcentaje que recibirán los retirados respecto al sueldo en actividad), así como las bonificaciones para los casos de retiro a partir de 25 años de servicio.
Los informantes indicaron que está previsto que se elimine la disposición según la cual todos los integrantes se retiran con un grado más del que tienen y la equiparación de las pensiones con el sistema común del BPS.
Millonarios.
Un documento elaborado por las FFAA entregado a algunos dirigentes políticos del oficialismo y la oposición planteó una visión crítica sobre el plan de reforma del servicio de retiros y pensiones militares del Ejecutivo.
“No conocemos retirados militares millonarios. Los retirados tienen un haber de retiro medianamente digno” porque “cobraron siempre los sueldos más deprimidos de la administración pública”, consigna el documento. Su salario no les permite cubrir las necesidades básicas y más del 60% de los soldados viven bajo la línea de pobreza e indigencia”, añade.
Con la reforma como está planteada “se irán de las FFAA los activos que hacen guardia en las cárceles, levantan basura, apagan incendios, reparten agua y comida, y no encontrarán a nadie que por tan poco dinero haga todo lo que ellos hacen”, advierte otra parte del texto manejado por legisladores oficialistas y de la oposición.
Según el documento de las FFAA, “lo que pretenden hacer solo tiene por finalidad recaudar dinero para cubrir déficits reales de otros organismos” previsionales.
En un capítulo titulado “los derechos adquiridos” se indica que “a quienes se les modifique la ley de retiros, ingresaron bajo reglas determinadas con una clara expectativa que, si bien se les pagaría el salario más bajo de la administración pública, no tendrían una jubilación igual que el resto de otras cajas porque su especificidad es nítidamente diferente”.
Agrega, por otro lado, que cobrar un impuesto específico a los retiros y pensiones militares “viola el principio de igualdad”, a la vez que sería “anticonstitucional y miles de familias se verían afectadas”.