La iniciativa del Frente Amplio (FA) de crear una comisión Investigadora en el Parlamento sobre el espionaje político realizado por Inteligencia militar durante los gobiernos de Julio Sanguinetti, Luis Lacalle, Jorge Batlle, Tabaré Vázquez y José Mujica corre riesgo de naufragar, porque sectores del oficialismo están dispuestos a revisar esta decisión. Es que algunos temen que podría convertirse en un búmeran, porque aparecería de forma pública información “delicada” que “manche” a personas sin pruebas, dijeron Búsqueda fuentes parlamentarias.
La decisión de crear la investigadora había sido adoptada por la unanimidad de la Mesa Política del FA a propuesta del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) y del Partido Comunista (PCU) luego de que el semanario “Brecha” publicara, a comienzos de setiembre, fragmentos de informes elaborados por los peritos Isabel Wschebor y Álvaro Rico a partir del análisis de un archivo requisado en octubre de 2015 en la casa del ex coronel de Inteligencia Elmar Castiglioni, que confirmaron la existencia de una red de espionaje en democracia.
El allanamiento de la casa Castiglioni fue realizado en el marco de un presumario acerca de la muerte bajo torturas del escribano Fernando Miranda durante la dictadura, recién cuando el oficial falleció el año pasado. No obstante, desde 2005 el Ministerio de Defensa conducido por Azucena Berrutti había puesto el ojo en la actividad de este oficial de la Dirección Nacional de Inteligencia del Estado (Dinacie) al mando entonces del contralmirante Carlos Magliocca.
La hipótesis del equipo ministerial conducido por Berrutti era que Castiglioni podría tener documentos que complementaran el archivo de Inteligencia militar ubicado en el local del Departamento II del Ejército y Escuela de Inteligencia de la calle Eduardo Víctor Haedo.
La información ubicada en el viejo cuartel del barrio Cordón estaba en 1.144 rollos microfilmados y varios archivos en papel, que casi en su totalidad fueron pasados a formato digital. El archivo quedó alojado en 51 DVD que fueron entregados a la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia, el Archivo General de la Nación y una copia quedó en el propio Ministerio.
A estas dos fuentes documentales, aún sin procesar en su totalidad, debería sumarse el archivo de la Inteligencia Naval (N-2) cuyo acceso había sido impedido durante años por los mandos de la fuerza y que finalmente fue permitido a la Justicia por el ex ministro de Defensa Eleuterio Fernández Huidobro poco antes de fallecer, indicaron a Búsqueda fuentes de Inteligencia.
Los archivos de la Armada contendrían informes realizados por el equipo de analistas civiles reclutado entre ex presos políticos conocido como “La computadora”.
“Enorme gravedad”.
El martes 11, Pablo Mieres (Partido Independiente) realizó un planteo político en el Senado. El legislador reclamó que se conforme la comisión investigadora y sostuvo que la aparición del archivo de Castiglioni “puso al descubierto una situación de enorme gravedad: existió actividad de espionaje en democracia desde el Ministerio de Defensa”.
El senador del PI recordó la existencia de “un gran número de informantes e infiltrados en organizaciones políticas y sociales que se vinculaban con el servicio de Inteligencia a través de enlaces militares” y que “se habla también de la continuidad de la forma de trabajo de los servicios de Inteligencia militar después de recuperada la democracia como si fuera normal y lícito”.
En opinión de Mieres, “esa Comisión parlamentaria deberá tener acceso a toda la documentación y confirmar lo que las versiones de prensa y los informes de los peritos encargados indican”. Además, “se deberá convocar a los ministros y jerarcas de los diferentes gobiernos en las épocas en que se constataron estas actuaciones inconstitucionales e ilegales. Se deberá determinar quiénes fueron los responsables de mantener en funcionamiento este aparato de espionaje y quiénes tuvieron a su cargo la instrumentación de estos procedimientos”.
Luis Alberto Heber (Partido Nacional) reclamó celeridad. Sostuvo que la situación “es grave”, porque afecta a las instituciones democráticas. Criticó que el Frente Amplio no haya tomado una decisión sobre el tema.
Es “grave que se utilice plata del Presupuesto para financiar esto”, opinó Javier García. “Levantamos la mano y financiamos servicios de inteligencia que están sin control”.
José Amorín (Partido Colorado) manifestó que es “esencial discutir” este tema, porque es “notorio que se ha violado la Constitución”.
“Tenemos que pensar de aquí en adelante qué vamos a hacer para encontrar ese equilibrio entre seguridad y libertad, entre seguridad y el respeto a la intimidad de las personas”, señaló.
“Brazos cruzados”.
Después de discutir el tema, la bancada oficialista designó a los diputados Carlos Coitiño (PVP), Felipe Carvallo (711) y Carlos Rodríguez Gálvez (Movimiento de Participación Popular) para presentar una denuncia que justifique que el presidente de la Cámara, Gerardo Amarilla, nombre una preinvestigadora.
“Nosotros no nos opusimos, tampoco la promovimos.” advirtió a Búsqueda un dirigente del MPP.
El senador oficialista Rafael Michelini dijo en sala que el Frente Amplio es consciente de la “gravedad” que implica la documentación encontrada. “Somos conscientes que se ha espiado, recabado información, seguido, con un fin político a figuras democráticas de todos los partidos políticos e instituciones sociales. Somos consientes que lo que se persigue con esto no es un fin democrático”, añadió.
Michelini explicó que la bancada oficialista está “analizando cuáles medidas se van a llevar adelante” en Diputados y “también está haciendo cosas el Poder Ejecutivo, que no está de brazos cruzados”. También lo “está haciendo el Poder Judicial”, dijo. “Estamos alertas, no ha pasado inadvertido esto. La preocupación no es que se haya espiado, sino por qué y cómo y bajo qué recursos del Estado se hizo esto y si nos da pista de si hay otros haciendo esto”.
Fuentes parlamentarias y de Inteligencia consultadas por Búsqueda opinaron que, a pesar de las declaraciones públicas, en la práctica desde 1985 en adelante el sistema político ha mirado para el costado.
Cuando en 2006 se discutió la ley de defensa, el tema de Inteligencia fue dejado de lado. En la pasada legislatura, el presidente José Mujica cubrió por primera vez el cargo de coordinador creado en 2005 en la ley de Presupuesto y una de las tareas del primer titular de la oficina ubicada en el piso 10 de la Torre Ejecutiva, el ex tupamaro Augusto Gregori, fue legislar en la materia.
Gregori había advertido a los legisladores que el control parlamentario se podía realizar con las normas vigentes a través de los dos ministerios competentes: Defensa e Interior. También reprochó a la organización Familiares por no haber prestado atención al documento que revelaba las actividades de la Armada.
Aunque trabajó una comisión bicameral para elaborar un proyecto de ley, el objetivo no fue logrado.
Luis Suárez.
El caso más detonante relacionado con los servicios de Inteligencia ocurrió en 1991, durante el segundo año de gobierno de Lacalle. Debido a diferencias internas en la Policía de Canelones salió a la luz pública una trama protagonizada por oficiales de la entonces Dirección General de Información de Defensa y el Departamento II (Inteligencia) del Estado Mayor del Ejército en la protección y luego secuestro del bioquímico chileno Eugenio Berríos, cuyo cuerpo apareció enterrado en la playa de El Pinar.
El caso Berríos —explicaron fuentes de inteligencia— provocó una fuerte crisis que puso en evidencia la debilidad de los tres poderes del Estado para abordar estos temas. Finalmente en 2005, tres oficiales uruguayos fueron extraditados a Chile en una sentencia unánime de los magistrados. Esa unanimidad no existió en el oficialismo, porque el MPP no estuvo de acuerdo.
Poco después quedó al descubierto el espionaje entre generales.
El Frente Amplio, por su parte, manifestó la intención de profesionalizar la actividad, pero en su primer gobierno no logró mayores avances.
Luego del debut del ex preso político Gregori, el cargo de coordinador fue ocupado por oficiales de la Fuerza Aérea con rango de general pero sin formación específica.
En la actualidad, la Inteligencia militar dejó de llamarse Dinacie y pasó a ser denominada Dirección de Inteligencia Estratégica Militar. La dependencia, antes un destino de general, está a cargo del coronel de infantería Luis Suárez.
