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    El oficialismo planea que una comisión legislativa asuma el desgaste por la reforma previsional

    El gobierno considera como una opción firme buscar, en el ámbito de una comisión especial a crear en el Parlamento, un acuerdo político en torno a la reforma de la seguridad social. Sin embargo, en el oficialismo asumen como un escenario posible que el Frente Amplio (FA) no acompañe y, además, que termine cuestionando los cambios a través de un referéndum, dijeron a Búsqueda fuentes políticas.

    Esa reforma es considerada clave para la sostenibilidad fiscal por parte de las autoridades económicas y las agencias calificadoras de riesgo. Pero desde el punto de vista político, es un desafío para la coalición multicolor con eventuales consecuencias de cara a las elecciones del 2024.

    En esa evaluación de escenarios, una estrategia que gana fuerza es que el Poder Ejecutivo presente un proyecto de ley, que lo trate una comisión especial, y que antes se generen “canales de diálogo” entre los distintos partidos, incluido el FA, explicó una de las fuentes. Otro parlamentario del oficialismo acotó que todavía no hay una definición tomada en ese sentido, pero la entendió razonable: sería una forma de proteger a la Presidencia de la República de los “costos políticos” de la suerte que corra el proyecto, ya sea que se apruebe con ajustes o que naufrague en el Poder Legislativo. De hecho, uno de los legisladores consultados no descartó un escenario de referéndum contra la reforma previsional que sea promovido por el FA y por organizaciones sociales afines, lo que podría tener efectos electorales en 2024.

    El FA y el PIT-CNT ya se pararon del lado de enfrente al gobierno cuando sus delegados participaron en una comisión que diagnosticó y propuso líneas generales para la reforma; los documentos se aprobaron solo con votos multicolores. Sobre la base de ese trabajo preparatorio, este año el Poder Ejecutivo empezó a redactar un proyecto incluyendo, entre otras cosas, la propuesta de elevar la edad mínima de jubilación, un ingreso mínimo social y la asimilación de las cajas especiales al régimen jubilatorio general.

    Luego de que algunos legisladores del oficialismo expresaron públicamente sus dudas respecto a votar un proyecto si no lo hace el FA, porque sería asumir todo el costo electoral, el mes pasado Lacalle Pou intentó encolumnar detrás de la reforma a todos los legisladores. En esa reunión en la residencia de Suárez y Reyes, el mandatario manejó como un camino posible el buscar acuerdos políticos en una comisión especial en el Parlamento.

    Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS

    Rendición

    Pero antes de tratar la reforma de la seguridad social, el oficialismo debe encauzar otro proyecto sensible: la Rendición de Cuentas. El texto está todavía en la fase preparatoria, liderada por el Ministerio de Economía (MEF), aunque ya gatilló un clima de conflictividad sindical, con paros y movilizaciones en la educación, la salud y de los funcionarios públicos. También surgieron algunas discrepancias entre miembros del gabinete ministerial.

    Aunque en un primer momento jerarcas del MEF afirmaron que esta sería una Rendición sin gasto adicional —lo que causó malestar entre socios de la coalición—, luego Lacalle Pou rectificó el mensaje, y señaló a la educación, la seguridad y la recuperación salarial de los públicos entre las áreas prioritarias a las que dar refuerzos presupuestales. En algunos casos eso será solo para 2023 y en otros, también se preverán para el año siguiente.

    El MEF todavía no comunicó qué disponibilidad de recursos habría para ampliar el gasto, lo que se espera que haga en los próximos días. El proyecto debe ser remitido al Parlamento antes del jueves 30.

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