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La izquierda vuelve a chocar con su base militante por proyecto inmobiliario en los bañados de Carrasco
La interna del Frente Amplio se polariza ante una iniciativa que involucra a la Intendencia de Montevideo, a la Junta Departamental y al Ministerio de Ambiente, y cuyo proceso deja dudas en parte del oficialismo y la oposición
Plantación de especies nativas en el arroyo Carrasco.
En los últimos meses el gobierno ha tenido varios choques con la base militante del Frente Amplio. Y aunque esto ha ocurrido sobre todo en temas vinculados a las relaciones internacionales, el conflicto no se agota allí. “No queremos un Lenín Moreno en Uruguay”, dijo un veterano dirigente de la Mesa Política para sintetizar la preocupación que causa esta situación, en referencia al expresidente ecuatoriano que, electo por el oficialismo en 2017, acabó con el proceso de izquierda encabezado por el exmandatario Rafael Correa.
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El proyecto inmobiliario que pretende instalarse junto a los humedales de Carrasco, una iniciativa del empresario argentino Eduardo Costantini, vuelve a poner a la izquierda en una disyuntiva entre principios y pragmatismo. La propuesta es construir en 228 hectáreas hoy catalogadas como suelo rural y linderas a estos bañados 3.000 viviendas, además de áreas comerciales y centros educativos y culturales, con una inversión de US$ 1.248 millones en 15 años. Pero para que eso ocurra es preciso que la Junta Departamental declare el proyecto de interés departamental, lo que convertiría a esos suelos en urbanos. Y eso no parece ser tan fácil, porque parte de la izquierda no solo no está convencida, sino que ya comienza a dar señales de que se opone tajantemente.
Uno de los que se pronunció en contra del proyecto es el senador socialista Gustavo González, quien dijo a la diaria Radio que sería una “barbaridad ecológica” quedarse “sin los bañados”. El legislador respaldó a los movimientos que se oponen a la iniciativa.
Si bien su sector político no tiene una postura formal, el abogado Juan Ceretta, edil electo por su lista, también fue crítico con la iniciativa en una actividad organizada el pasado domingo 26 en el Comité de Base El Galpón. Habría que discutir, planteó el jurista, “qué es lo que está en riesgo y qué importancia tiene”, ya que, “si estuviera en riesgo un ecosistema valioso o su afectación, lo que viene después no me interesa y no quiero que se afecte un humedal como Carrasco”. Ceretta agregó que un cambio en el uso del suelo, de rural a urbano, conllevará un aumento del valor de esos terrenos, lo que implica una “cuestión social a considerar”. Además, objetó que el beneficio económico “significaría un 5% de retorno” para la intendencia “por el aumento del valor del suelo”, un monto “ínfimo comparado con la ventaja económica de los privados”.
Más crítico con el proyecto fue Nicolás Acuña, delegado de la Coordinadora J del Frente Amplio en la Mesa Departamental de la fuerza política. En la misma actividad, sostuvo que Montevideo no precisa este proyecto, dado que no tiene una “presión demográfica” en incremento, sino que viene perdiendo población “desde hace décadas”. Además dijo que las viviendas serían inaccesibles para la mayoría de la población, mientras la ciudad vive una “crisis habitacional dramática”. Por último, argumentó que el proyecto no es una aspiración “ni de la gente ni del gobierno departamental ni municipal”. Acuña denunció que las autoridades de la División de Desarrollo Rural de la intendencia aseguraron en la Mesa Departamental del Frente Amplio que no habían participado de la discusión del tema.
Por su parte, el edil del Movimiento de Participación Popular Nestor Delgado matizó las críticas al proyecto. Dijo que el proceso se está haciendo de acuerdo con la normativa. “Es un proceso largo, con garantías. Está en el marco de la ley de ordenamiento territorial. No se plantea nada fuera de lo legal. Después está lo que la intendencia pueda plantear como contrapartida en el territorio”, resaltó el curul. Una posible contrapartida podría ser desandar algunas cañadas incorrectamente canalizadas durante la dictadura o invertir en caminería en la zona, planteó.
La exclusión repentina de la lista de bañados con importancia ambiental
Si bien el tema involucra principalmente a la intendencia, el hecho también toca de manera lateral a autoridades del gobierno nacional, en particular al Ministerio de Ambiente. Ceretta recordó que la cartera es cuestionada porque quitó los humedales de Carrasco de una lista de 38 bañados declarados de “importancia ambiental” por el gobierno. Según publicó Brecha el viernes 10, el 2 de octubre de 2025, nueve días después de haber enviado una primera lista, la Asesoría Jurídica del Ministerio de Ambiente envió a la Dirección General una segunda versión de la nómina de humedales para ser incluidos en el decreto reglamentario del artículo 159 del Código General de Aguas, que regula la desecación de terrenos pantanosos o encharcadizos y prohíbe obras en zonas declaradas como humedales de importancia ambiental. “No se incluye en esta instancia a los bañados de Carrasco”, decía el informe de jurídica, que pese a tener 438 páginas no incluía fundamentos sobre la omisión.
El senador nacionalista y excandidato a intendente de Montevideo Martín Lema cursó un pedido de informes al Ministerio de Ambiente para conocer a qué se debió esta eliminación de la lista.
El viernes 24, el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, celebró en la red social X la aprobación del decreto de Humedales de Importancia Ambiental, y dijo que “en el caso de los bañados de Carrasco, por tratarse de un humedal con características particulares y una compleja interacción ambiental, social y territorial”, se entendió que era “necesario continuar profundizando su análisis junto con las intendencias involucradas, en el marco del desarrollo de herramientas específicas para los humedales”.
Argumentó que “su no inclusión en esta primera etapa no implica renunciar a su protección”, sino “avanzar donde existían las condiciones para hacerlo, sin seguir postergando una política ambiental que Uruguay esperaba desde hacía 50 años, mientras continuamos trabajando para incorporar aquellos casos que requieren un abordaje específico”. Anunció así la creación de un “grupo de trabajo” junto con las intendencias de Montevideo y Canelones “que se traducirá en medidas concretas” en el “corto plazo”. “Descarto categóricamente cualquier lectura mal intencionada o basada en información parcial sobre lo actuado por el Ministerio de Ambiente vinculado al trámite de proyectos que están sujetos a decisiones de otros organismos y no están en nuestro ámbito”, finalizó.
El edil Pedro Pastorín, de la Vertiente Artiguista (el mismo sector al que pertenece el ministro), dijo a Búsqueda que el hecho de que el humedal haya sido quitado de la lista no cambia que la propuesta de la empresa se pueda presentar, en la medida que se trata de una iniciativa en un terreno “adyacente” al bañado. Además, argumentó que hasta el momento el bañado “formalmente nunca tuvo protección”.
Pastorín sostuvo que su sector es favorable a aprobar la autorización de interés departamental, pero aseguró que esto no implica dar luz verde al proyecto, sino que habilita que existan más estudios sobre el tema, ambientales y de viabilidad económica. A su vez, saludó la existencia de una comisión de seguimiento integrada por la Junta Departamental, la empresa y una comisión vecinal que incluirá una etapa de audiencia pública donde entraría en juego el Ministerio de Ambiente. “La declaración de interés departamental es lo más responsable para la etapa que estamos: es lo que nos va a dar insumos para la modificación de suelos”, argumentó.
Ante la Junta Departamental, las autoridades de la intendencia argumentaron que el proyecto va a mejorar la zona, según publicó El País el martes 28. “Sin duda que va a ser mucho mejor que la situación actual”, y se enmarcará en “una estrategia a largo plazo”, dijo el coordinador institucional de la comuna, Justo Onandi. El director de Desarrollo Ambiental, Leonardo Herou, dijo que solo se aprobarán propuestas que respeten “el cuidado y la recuperación de los bañados”.
El lunes 27, autoridades de la empresa acudieron a la junta y dijeron que el proyecto implica no solo un espacio “abierto, transitable, con espacios públicos”, sino que la ciudad podrá “recuperar un territorio de enorme valor natural, un espacio potencialmente hermoso”.
Cuestionamientos de las bases
Mientras tanto, en la reunión del Comité El Galpón el domingo 26, los mensajes de la militancia no fueron alentadores con la iniciativa. Rocío León, del Comité Funcional de Arquitectura, se llevó los aplausos al denunciar que “no está habiendo participación ciudadana” en el proceso. También aseguró que no se está consultando a los más de 120 arquitectos del comité y señaló que poner a las intendencias y al Ministerio de Ambiente a estudiar el bañado es como poner a “tres lobos a cuidar un rebaño de ovejas”. “No es transparente, no hay un orden, no está bien lo que están haciendo”, finalizó.
Inés Huber, también arquitecta e integrante de la Coordinadora M, dijo que para que la Junta Departamental apruebe una declaración de interés departamental debería tener algún tipo de “certeza” en que no se afectarán el bañado ni el ambiente. “Si no, luego se genera una especie de derecho adquirido que es difícil de revertir”, advirtió.
Y Manuel Chabalgoytia, del Comité Puerto Buceo, dijo que se está ante la construcción de un nuevo “centro poblado” en un territorio que es “el doble de la Ciudad Vieja”, mientras el departamento “se vacía de población” y “no surge ninguna explicación que ni por asomo se acerque a decir que esto es de interés departamental”.
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