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Las palabras sin historia son ruidos huecos que nada significan. Un significante, para que verdaderamente comunique algo debe asumirse como la vasta reverberación de sentidos y contextos; los lugares y las épocas, las sociedades, los prejuicios, las modas y no pocas veces las distracciones viven resignificando esa conjunción inteligible de fonemas hasta poner luz en nuestro acercamiento a la realidad. Por ejemplo, el vocablo parlamento, que para los antiguos bizantinos se usaba como sinónimo de silencio debido al extraordinario poder de veto del emperador, y para nosotros, súbditos de este olvidado arrabal del mundo representa, al decir de Hamlet, “an unweeded garden, That grows to seed; things rank and gross in nature. Possess it merely”, en la Francia del antiguo régimen tenía que ver no con la incurable vacuidad de la mala política, sino con la justicia.
Los orígenes del antiguo Parlamento francés, y más exactamente el de París, cuya jurisdicción fue muy amplia, se remontan al glorioso tiempo de San Luis y a muchas de las reformas que este buen rey alentó en su afán modernizador. La idea de este gran rey estuvo perentoriamente impulsada por la necesidad de restringir las competencias de los tribunales señoriales y municipales, que con frecuencia abusaban de sus prerrogativas para imponer desequilibrios irritantes a la hora de juzgar. Quiso el santo varón que el Parlamento fuera la Corte soberana por excelencia; y es así que en el curso de tres o cuatro siglos adquirió un rango que le llevó a convertirse en la institución más firme y respetada de Francia junto con la figura del monarca. Durante el siglo XVII podemos decir que tiene lugar su eje gravitatorio en la mejor historia de Francia; allí vemos incrementar notablemente el número de sus miembros de 150 a 260 y crecer muchos de sus tribunales. Estaba encabezado el Parlamento por el primer presidente, figura que era elegida directamente por el rey y tenía una finalidad comisarial. Al presidente lo acompañaban nueve miembros. Debajo de esta principalísima cámara había otras cinco cámaras, integradas por tres presidentes y treinta y dos consejeros cada una, que tenían una función indagatoria. Por su parte, el Ministerio Público estaba compuesto de tres abogados generales, del procurador general y de sus respectivos sustitutos; disponiendo de un escritorio especial, el procurador general jugaba un rol importante en la administración judicial y en la administración de la Policía, también conocida como Administración General. El procurador general, entre sus muchas funciones, cumplía la decisiva función de llamar a “los Señores del Parlamento” a cumplir con sus deberes mediante una arenga, suerte de discurso solemne que se pronunciaba todos los miércoles. De ahí el nombre de las famosas mercuriales, de las cuales, las más memorables resultaron ser las del Procurador D’Aguesseau.
Investido de una directa delegación permanente de parte del rey, el Parlamento ejerció la justicia en su nombre. Sus decisiones no eran susceptibles de ningún recurso, solamente de una casación por parte del Consejo. Siendo ante todo un tribunal de apelaciones, el Parlamento se pronunciaba sobre las sentencias de derecho común. Unido a las actividades propias de su giro, que sería ocioso enumerar en esta nota, el Parlamento entendía en los testamentos reales, registraba los tratados internacionales y se consideraba y era considerado el guardián de las leyes fundamentales. Merced a ello habría de tener por iniciativa propia, o por uso indebido de alguna mano larga del poder, un rol importante en la política.
Esto último será un factor de intrigas y un campo propicio al juego de las ambiciones, pues si bien el Parlamento tuvo una natural vocación de consejero de la realeza, muchas veces sus miembros sobrepasaron a su servicio esa objetiva misión y pretendieron dictar al rey las pautas de su política, según leo en el excelente libro de Christophe Blanquie, Justice et finance sous l’ancien régime. La vénalite présidiale (Editions L’Harmattan, París, 2003)
Hubo ocasiones —el caso de la minoridad de Luis XIII pero también la minoridad de Luis XIV— en las que el oportunismo de los magistrados casi usurpa las prerrogativas de la Corona en favor de su determinación; de no ser por las certeras e irresistibles intervenciones de Richelieu y más tarde de Mazzarino, quienes no tenían especial amistad con las formalidades de la justicia y con buen criterio consideraban peligrosa la injerencia de los magistrados en la centralidad de la política, la suerte del rey hubiera sido otra.
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