El paciente uruguayo

En 1951 se produjo una huelga en solidaridad con los trabajadores de Ancap y se creó la Coordinación de Gremios Solidarios.

A estos conflictos obreros se sumaron las agitaciones por la Ley Orgánica y la autonomía universitaria (1958). Además, en 1959 el gobierno firmó la primera Carta de Intención con el FMI. En respuesta a la ola de huelgas y conflictos que siguieron, las autoridades nacionales volvieron a aplicar el régimen de Medidas Prontas de Seguridad (1959).

Este proceso de estancamiento productivo, de creciente movilización sindical y de crisis financiera llevó a la paralización política y a la fuerte agitación social y económica que caracterizaron a los años posteriores. No tenerlo en cuenta alimenta la idea errónea de que el Uruguay ejemplar, feliz, armónico y modélico fue víctima de un síncope fulminante a comienzos de los años 60.

Las características del proceso de decadencia uruguayo a partir de fines de los 40 y en especial a partir de 1950, sus tiempos largos, su avance paulatino, su imperceptibilidad, impidió que la población pudiese captar los grandes cambios que se estaban operando: quien tiene la cabeza contra el árbol no puede ver el bosque. Por eso, la perspectiva de los observadores extranjeros siempre resulta vital: nos da la imagen del espejo que no podemos o no queremos ver.

Los diplomáticos escandinavos certificaron la defunción del modelo de bienestar uruguayo (visto en términos económicos y también como una manera de vivir) a mediados de los 50. Ya entonces, el paciente uruguayo mostraba síntomas de una grave enfermedad.

Veamos un ejemplo. Las peores condiciones de competitividad de las fábricas textiles uruguayas a partir de 1950 llevaron a varias empresas del rubro a importar maquinaria para efectivizar la producción y no perder parcelas de mercado a mano de la competencia extranjera. La llegada de las máquinas desató una serie de difíciles conflictos sindicales en el ramo textil, sobre todo en 1953 y 1954. Los sindicatos sostenían que la maquinización (modernización) del proceso productivo llevaba a una reducción de la fuerza laboral y golpeaba los intereses de la clase trabajadora. Los empresarios, por su lado, aseguraban que si la industria textil nacional no se innovaba, introduciendo nuevas formas de producción, estaba condenada a morir.

Tratado el tema en Diputados, se aprobó un proyecto que prohibía la importación de maquinaria nueva sin el permiso previo del gobierno. De esa manera, las autoridades se dieron el poder de impedir la introducción de mejoras técnicas si la fábrica en cuestión no garantizaba que todo el personal afectado quedaba en planilla, gozando de las mismas condiciones económicas y laborales que antes de la compra e introducción de nuevas maquinarias.

Es decir: las fábricas textiles nacionales, golpeadas por la competencia extranjera, debían invertir en tecnología costosa para efectivizar su producción y, a la vez, tenían que pagarle el sueldo a todos los obreros, incluso los “sobrantes”, aunque ello significase firmar el certificado de defunción de la empresa.

No se entendía (como no se entiende aún hoy en amplios sectores políticos y sociales, y menos aún a lo largo y ancho del universo sindical) que los procesos de innovación son fundamentales para el mantenimiento y el desarrollo de una economía. Es el principio básico de la poda, que genera plantas vigorosas.

No en vano, varias embajadas europeas señalaban en sus informes diplomáticos que en Uruguay el populismo avanzaba peligrosamente, con el gobierno portando los estandartes. Y a nadie se le ocurrió detenerlo.