El país que realmente somos

Me resultó curioso el enojo con el nivel educativo pedido, como si este fuera un exceso o una arbitrariedad de la empresa, cuando de hecho el ciclo completo de Educación Media Básica fue el mínimo educativo obligatorio entre 1971 y 2008. Es decir, casi cualquier mujer de 35 años o más que aspirara al cargo debería, según la ley uruguaya vigente, tener ese ciclo terminado. Mirando la historia de la obligatoriedad en Uruguay, desde la reforma vareliana a finales del siglo XIX y hasta la Ley de Educación de 1971, solo la Educación Primaria fue obligatoria. Entre 1971 y 2008 fue obligatoria la Educación Media Básica (tercero de liceo o UTU completo) y desde 2008 a la fecha, es obligatoria la Educación Media Superior (sexto de liceo o UTU completo).

Establecer la obligatoriedad en determinado nivel no es un capricho de las autoridades. De hecho se parece más a una carrera algo desesperada de las autoridades por intentar garantizar a la ciudadanía unas competencias que, por lo que dicen los datos, siempre cotizan al alza. La demanda de un mejor y más elevado nivel educativo no para de crecer desde Varela para acá. Sin embargo, incluso en el contexto regional, Uruguay se destaca negativamente. Por ejemplo, según ese informe del Ineed, el promedio de egreso de Educación Media en la región en 2018, para la población de entre 20 y 24 años de edad, alcanzó el 62,3%, mientras en Uruguay fue el 41,1%. Y eso sin entrar en lo interno, en donde los indicadores educativos del Uruguay están bastante por debajo del resto de sus indicadores de desarrollo humano. En resumen, que pese a la obligatoriedad de la Educación Media completa o incluso según la antigua obligatoriedad de la Educación Media Básica o Ciclo Básico (que era la que pedía la empresa en su oferta laboral), en los hechos muchas mujeres (y hombres) no han completado esos ciclos y pedirles esos mínimos es excluirlas.

Pese a la obligatoriedad establecida en 2008, los criterios a nivel del Estado tampoco están unificados: si bien para entrar en la administración pública se necesita bachillerato completo y el Estado tiene programas para que quienes están ya dentro de ella puedan culminar el ciclo en caso de necesitarlo, la Policía y el Ejército, por ejemplo, siguen pidiendo solo primaria o Educación Media Básica. Más sangrante es el caso del Parlamento. Según el articulo 90 de la Constitución, “Para ser Representante se necesita ciudadanía natural en ejercicio, o legal con cinco años de ejercicio, y, en ambos casos, veinticinco años cumplidos de edad”. No existe ninguna necesidad de acreditar nivel educativo alguno, aunque ahí no se excluye a nadie por dicho motivo. Eso se puede comprobar mirando lo que es buena parte de la gestión parlamentaria, que cada dos por tres termina aprobando leyes que, a la postre, resultan inconstitucionales o tienen múltiples problemas formales.

Es interesante que cuando se plantea la necesidad de que los legisladores acrediten tener aquellos niveles educativos que el país considera obligatorios, de inmediato salten voces que acusen a quienes hacen el planteo de ser antidemocráticos. Como si la ciudadanía (son ciudadanos quienes están en el Parlamento) pudiera concebirse sin educación o como algo ajeno a esta. Como si ambas ideas pudieran caminar por senderos paralelos que no tienen la menor conexión entre sí. Sin embargo, si el Estado se toma las molestias de invertir un montón de dinero en educación, de analizar cómo se usa ese dinero, de medir los resultados de esa inversión y de fijar obligatoriedades varias en la educación, es precisamente porque la educación es parte integral de la idea ciudadana. Eso debería correr también para aquellos que se supone mejor nos representan.

La ciudadanía que se viene será cada vez más sofisticada. Requerirá de los ciudadanos que sean capaces de mirar y tomar posición sobre hechos políticos complejos. Que sean capaces de enfrentarse a un cambio tecnológico que solo tiene pinta de acelerarse. El problema que enfrentan los ciudadanos en tanto sujetos de la educación es que muy pronto buena parte de los empleos para los cuales alcanza con cumplir con los mínimos obligatorios, desaparecerán o serán exclusivamente aquellos que pagan peor. La obligatoriedad de los ciclos educativos tiene sentido solamente si la inmensa mayoría de los jóvenes los completan. De lo contrario terminan funcionando como cuello de botella laboral cuando aparecen como (razonable) exigencia en las ofertas de empleo. Que eso no ocurra es responsabilidad del Estado y este no parece venir cumpliendo cabalmente su tarea. Y es que una cosa es el país que nuestras leyes dicen que somos y otro el que realmente somos.