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Estamos viviendo tiempos absolutamente inéditos, pues jamás en la historia de la humanidad se había desplegado una pandemia que abarcara a todos los países del mundo y potencialmente a todos sus habitantes. Como factor favorable a la mejor y más rápida superación de la citada pandemia, contamos a nuestro favor con un grado de desarrollo tecnológico como nunca antes en la historia, lo que permite no solo la inmediata comunicación universal de los sucesos sanitarios así como de la mejor forma de combatirlos, sino también una producción de vacunas por distintos laboratorios en diferentes países, con una celeridad como nunca antes se había registrado. Como puede apreciarse, todo es nuevo y desconocido por estos tiempos, así como también resulta todavía hoy —más de un año después del comienzo de la pandemia— imposible determinar cuándo y cómo terminará este flagelo universal.
Ante el conjunto de incertidumbres que se abaten sobre el mundo todo pero con expresa referencia a nuestro país, hay algunos (dirigencia política opositora y varios colectivos sindicales) que reclaman “seguridades” al gobierno. Como si el gobierno —este gobierno o cualquier otro en el mundo— pudiera adoptar decisiones que determinen seguridades, en el marco pandémico que viene de analizarse. Obviamente estos reclamos responden a visiones distintas en relación con la vida.
La posición de quienes creemos ser socialdemócratas, es la de comprender que la vida en sociedad, la vida misma, está absolutamente rodeada de riesgos. Los hay cuando trabajamos y tememos perder el trabajo; cuando emprendemos alguna unidad productiva y tememos que el emprendimiento no dé resultado; pero, fundamentalmente también, cuando no sabemos qué enfermedades y qué eventuales resultados mortales afectarán a nuestros familiares, amigos, seres queridos y a nosotros mismos, y cuándo se darán esos eventos. No hay seguridades, la vida no permite seguridades para nadie, ni para hombres ni para mujeres, ni para ricos ni para pobres, ni para niños ni para ancianos y un larguísimo etcétera. Que algunos puedan estar mejor preparados que otros para asumir determinados siniestros, es cierto, en función de su cultura, su educación, su patrimonio, etc. Pero ello no quita que todos estemos sujetos al riesgo. El riesgo es parte de la vida misma, a punto tal que esta no se concibe sin aquel.
En ese ambiente de riesgo necesario, el Estado debe actuar en algunos escenarios, no para eliminar el riesgo, lo que no es posible, sino para intentar reducir el impacto del mismo. Así es que un seguro de desempleo y una indemnización por despido intentan resarcir y mantener, al menos parcialmente, los ingresos del trabajador. De igual forma, fondos especiales y/o líneas crediticias y/o exoneraciones tributarias pretenden sostener a la pequeña unidad empresarial en situaciones de inestabilidad. Y el sistema nacional de salud y el fondo nacional de recursos procuran amparar a aquellos que no tienen ahorros suficientes como para lograr su atención sanitaria y la de sus familiares.
Entonces el Estado aporta para intentar solucionar, remendar, estabilizar situaciones. Pero jamás para lograr lo imposible: eliminar el riesgo.
Sin embargo, algunos sectores políticos y sindicales exigen seguridades: que las vacunas estén en Uruguay antes que en otros países, que de nada sirve tener la logística preparada si no se tienen las vacunas disponibles, que es riesgoso demorarse en la compra de las vacunas, que las clases deben ser presenciales pues de lo contrario se afecta el derecho de los niños a educarse debidamente, pero que las clases deben ser virtuales porque de lo contrario el riesgo al contagio del virus es muy grande, que se deben dar seguridades para la asistencia a determinados ámbitos (educativos, laborales, etc.), que se debería prorrogar el plazo para la recolección de firmas contra la ley de urgente consideración pues podría no llegarse a la cantidad requerida, que, que, que, que, que…
Sin embargo, cuando el gobierno corre los riesgos que corre y obtiene resultados favorables, no solo no hay reclamos de seguridades sino que tampoco hay reconocimientos o disculpas.
Uruguay ocupa actualmente uno de los primeros lugares en el mundo en el suministro de vacunas a su población, contando con un abasto suficiente y diversificado para inocular a cada grupo etario o laboral conforme con el origen de vacuna que la autoridad sanitaria entiende más conveniente. Uruguay ha determinado la presencialidad cuando entendió que esta era procedente, la virtualidad cuanto consideró que era la mejor opción, el sistema mixto en las ocasiones en que parecía lo más prudente, etc. ¿Y qué seguridad puede dar un gobierno si no advertir a la población que debe usar tapabocas, que no debe violar su burbuja, que debe desinfectarse con alcohol en gel, que debe mantener la distancia suficiente con otras personas? ¿La cuarentena obligatoria asegura algo? Sí: asegura la desactivación completa de una economía ya muy debilitada, pero no asegura la no propagación del virus. ¿O reprimiremos a todos aquellos que igualmente violen la eventual cuarentena, encarcelándolos o enjuiciándolos por salir a la calle? ¿A los países latinos que han instrumentado cuarentenas, les ha ido mejor?
Los promotores del referéndum contra la referida ley sabían, cuando se embarcaron en dicha aventura, que debían transitarla por el camino de la pandemia con las limitaciones que ella implica. Pues decidieron correr el riesgo. Y está muy bien que hayan decidido correrlo. Pero ahora pretenden otra seguridad: más plazo para llegar a las firmas requeridas. Como un “gesto republicano y democrático”, dicen. Sin perjuicio de que el plazo es de naturaleza constitucional (no administrativo) y sin perjuicio de que podría respondérseles que tuvieran el gesto republicano y democrático de desistir del pretendido referéndum de forma de permitir al gobierno ejercer su actividad conforme su plataforma electoral, resulta de toda evidencia que no se puede correr el riesgo y luego pedirle al Estado que —como evidentemente las firmas no alcanzan— le elimine dicho riesgo. Adicionalmente: ¿de no accederse a dicho gesto, se estaría ante una práctica no republicana y antidemocrática? Y ¿qué es esto de las calidades democráticas o poco democráticas de los debates a que alude la oposición política? Los debates y todo otro comportamiento o conducta serán democráticos en la medida que se ajusten a las normas democráticamente dictadas por los diferentes organismos políticos del Estado y con especial referencia a su texto constitucional. Y no lo serán si no se ajustan a las mismas. Toda otra consideración es ajena a nuestra realidad democrática y representativa.
En suma: asumir el riesgo es vivir la vida, con lo bueno y lo malo que dicha asunción apareja. El Estado mitiga, pero no asegura ni puede hacerlo. Pretender seguridades no es de sociedades libres ni es posible satisfacerlas.
