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No desconozco que desde siempre las organizaciones sindicales estuvieron dirigidas por gente en su gran mayoría vinculada a la izquierda pero siempre se mantuvo un equilibrio entre su finalidad natural, o sea la defensa de los derechos y obligaciones de los trabajadores dentro de las normas del Estado de Derecho, y la actividad política y muy especialmente en tiempos electorales. Por eso sorprende la programación de un paro general parcial a menos de 40 días de las elecciones y, claramente expresado, en apoyo de un partido político y contra otro u otros, lo que no tiene precedentes en la historia electoral del país. Pero lo más alarmante es que el candidato de la coalición de partidos a la que pertenecen los dirigentes y ahora, expresamente, la central sindical, manifestó públicamente que no estaba de acuerdo con el paro y, sin embargo, lo aprobaron. Por lo que debe interpretarse como una señal de que, en caso de que a ese señor le tocara gobernar, la voluntad de ellos se impondrá sobre la voluntad del gobernante legítimamente investido.
Esto se llama corporativismo y es la aplicación de la doctrina surgida en el siglo XIX que propugna la constitución de organismos que integran a trabajadores y empresarios con la finalidad de ser representados en el gobierno y ejercer el poder en sustitución del ejercicio tradicional del poder por los representantes de la soberanía de la Nación; esa doctrina fue asumida por todos los fascismos del siglo XX que la impusieron en sus regímenes.
La coalición de gobierno, desde 2005, impulsó el corporativismo que se traduce en la intervención de los representantes sindicales en la dirección de organismos e instituciones públicas, incluso en el Parlamento a través de representantes sindicales, algunos suplentes que acceden a las bancas cuando se tratan proyectos de interés de su sindicato, en las empresas privadas a través de ocupaciones, desconocimiento del derecho de propiedad, gestión de las mismas con subsidios estatales y créditos para revivir empresas ineficientes e ineficaces.
Pero también ejercen la presión corporativa empresas y/o empresarios privados que, a través de actos de gobierno, logran la satisfacción de sus intereses, como, según versiones de prensa, la empresa que es dueña del fútbol uruguayo, que saca ministros o dirigentes, las empresas de transporte colectivo de Montevideo, sobre todo una, que logran tapar su ineficiencia con generosos subsidios que en lugar de mejorar el servicio se desvían a otros proyectos, una empresa de radiología oncológica que puso gente de su confianza en casi todos los institutos públicos relacionados a ese tema, o las empresas extranjeras que, también según versiones de prensa, financian campañas o pretenden comprar empresas aéreas sin el personal de las mismas provocando que órganos de gobierno estén a su servicio con resoluciones de dudosa legalidad.
El corporativismo sindical y empresarial va de la mano de un voluntarismo que esquiva las normas del Estado de Derecho imponiendo la voluntad del que quiere o necesita algo a cualquier costo a pesar de esas normas, lo que produce un quiebre en el principio de soberanía nacional, institucionalizado desde 1830 (art. 4 de la Constitución: “La soberanía en toda su plenitud existe radicalmente en la Nación, a la que compete el derecho exclusivo de establecer sus leyes, del modo que más adelante se expresará”). Y antes de 1830, en este territorio que hoy es Uruguay, ya se conocía ese principio de la Nación por encima de la voluntad individual (Artigas: “Es muy veleidosa la probidad de los hombres, solo el freno de la Constitución puede afirmarla”) y me atrevería a decir que en la época de la colonia también se conocía porque “sobrevuela” el mismo en la resolución del Cabildo de Montevideo del 21 de setiembre de 1808, cuando se acuerda, por primera vez en América, la formación de una Junta conservadora de los derechos de la Nación en ese momento representada por la Corona prisionera de Napoleón.
Creo que nuestro país está en un punto de inflexión y en las elecciones del mes próximo y eventualmente en noviembre no solo interesa si Vázquez, Lacalle, Bordaberry o Mieres serán presidentes o quién tendrá más legisladores, si habrá o no mayoría parlamentaria, etc., sino que además está en juego si queremos seguir con el país de siempre regido por la Nación o si queremos un país corporativo y la ventaja que tenemos los ciudadanos es que depende de nosotros, está en nuestras conciencias, a través del voto (privilegio que en el mundo muchos no tienen) tomar esa decisión. El Uruguay de siempre, con todos sus defectos y con todas sus virtudes, sobrevivió a regímenes constitucionales y de “facto” y llegó hasta nuestros días, pero si tomamos la decisión equivocada después no habrá arrepentimientos, a “llorar al cuartito”, como están llorando sin resolver sus graves problemas aquellos que optaron por un cambio como los argentinos desde fines de la década de los 40, los cubanos desde fines de la década de los 50 y más recientemente los venezolanos, nicaragüenses, bolivianos, ecuatorianos y tantos otros, teniendo en cuenta como lo expresa un lector de Búsqueda en una carta de esta misma sección de hace unos días: “Lo malo es mejor que lo peor”.
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