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Uruguay “mantiene esquemas de gobernanza, estructura organizacional, gestión financiera y mecanismos de rendición de cuentas típicos de la primera mitad del siglo XX. Como era de esperar, esto tiende a generar organizaciones orientadas a procesos con serias dificultades para mejorar su desempeño y adaptarse a los nuevos requisitos”, señalan Conrado Ramos, Alejandro Milanessi y Diego Gonnet al analizar lo que llaman la “modernización en cámara lenta” de la administración pública uruguaya en un capítulo en The Emerald Handbook of Public Administartion in Latin America, un libro presentado hace pocas semanas.
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Un apartado dentro de ese capítulo refiere en concreto al poder de los empleados públicos y sus sindicatos.
En Uruguay, “se puede decir que la burocracia ejerce su poder político en los ministerios”, principalmente a través de lo que algunos autores definen como “la disponibilidad de medios no impracticables”. Ese concepto refiere a la capacidad de los burócratas para “condicionar la visión de los formuladores de políticas sobre la viabilidad y las posibles formas de implementar sus ideas y proyectos”. Tal poder “radica en su dominio de las rutinas técnicas y administrativas, planteando un caso en el problema de la información asimétrica entre principal y agente”, explican los autores. Aclaran que, en el caso uruguayo, esta capacidad no se deriva del “prestigio o respeto” a la autonomía profesional de los funcionarios por parte de los políticos, como puede esperarse de un cuerpo de servidores públicos como el alemán o el francés. Ramos —un académico especializado en gestión pública que hoy es director de la Oficina Nacional del Servicio Civil— y los otros autores señalan que en Uruguay se ignora el servicio civil “meritocrático”. A pesar de esto, la burocracia establecida, con reglas que protegen sus derechos adquiridos, “ha desarrollado conocimientos y herramientas legales para bloquear la voluntad y gestión de los líderes ejecutivos para desarrollar políticas”. Como ejemplo de esa capacidad de promover sus intereses mencionan la creación “generalizada de fondos extrapresupuestarios obtenidos de tarifas y precios de trámites y servicios a la ciudadanía, compartidos entre el propio personal”. O la “exitosa resistencia de los funcionarios a establecer una competencia pública (dentro y fuera del Estado) para ocupar puestos de ‘alta conducción’” en el Estado. “En definitiva, nos enfrentamos a lo que se conoce en la literatura sobre liderazgo ejecutivo como una situación de ‘incompetencia politizada’”, señalan. Este fenómeno ocurre cuando los legisladores no solo desconfían de la burocracia y responden politizándola, sino que tampoco institucionalizan formas de gestión para romper la resistencia burocrática. En estos casos, los líderes ejecutivos tienden a ser percibidos como “rehenes de la maquinaria y, por lo tanto, confían su asesoramiento y gestión de políticas a equipos paralelos en lugar de a las estructuras formales de los ministerios”. En el caso de Uruguay, se recurre a la contratación de personal de confianza, asesores y técnicos fuera del sistema de carrera a quienes se les asigna funciones que no corresponden a sus cargos formales.
El análisis distingue diferencias en la capacidad de la burocracia para defender sus intereses corporativos según su ubicación en el aparato estatal. A nivel central, los grupos con mayor poder de presión son aquellos que, por ejemplo, desarrollan funciones estratégicas, como recaudación de impuestos o inspecciones laborales. Pero es en las empresas públicas y entidades descentralizadas de ejecución de políticas sociales, caracterizadas por el uso intensivo de mano de obra calificada (médicos, enfermeras, docentes, administradores), donde la burocracia pública “alcanza el poder suficiente para determinar la dirección e intensidad de las políticas e incluso reformas”. Ese poder se basa en “sindicatos fuertes” que, en áreas como la educación y salud, incluso está consagrado en la representación formal de los sindicatos en los órganos de dirección de la organización y en la fuerte autonomía (especialmente presupuestaria) del Ejecutivo.
Además, agregan los autores, los sindicatos de funcionarios de los entes “han jugado un papel central en la creación y apoyo para coaliciones antirreforma más amplias, resistiendo con éxito los intentos de desmonopolización y privatización”.