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Tuve el honor de ser uno de los negociadores del tratado, firmado con Argentina, denominado Estatuto del Río Uruguay y el de haber desempeñado funciones como presidente de la delegación uruguaya ante la Comisión Administradora del Río Uruguay por muchos años, en los tiempos en que ese cargo era honorario. Pero, además, he escrito múltiples trabajos sobre los aspectos hidrológicos e históricos de ese curso fluvial que sería muy extenso detallar.
Por ello, me han causado profunda indignación las declaraciones efectuadas por el presidente de Ancap, Alejandro Stipanicic, que, preguntado por una periodista si se iba a pagar el importante volumen de agua que iba a consumir, por día, la planta de hidrógeno verde, afirmó que habría que pagarle al Brasil porque las aguas del río Uruguay vienen del Brasil.
Esta afirmación efectuada nada menos que por el presidente del directorio del principal ente industrial y comercial del país es una afrenta intolerable a la soberanía nacional, como lo ha manifestado el diputado Dr. Eduardo Lust, e implica un desconocimiento supino de nuestra historia y de los tratados que conformaron los límites de la República Oriental del Uruguay.
Pero además de ser una grave ofensa a la soberanía nacional, con relación a nuestro río epónimo, es, también, una afrenta a personalidades que defendieron nuestros derechos sobre ese curso fluvial, entre las que se destaca el Dr. Luis Alberto de Herrera.
El Dr. De Herrera, en una nota del 5 de octubre de 1916, publicada en el diario El Siglo, sostuvo que “Siempre se entendió que la jurisdicción oriental sobre el río Uruguay alcanza hasta la mitad del cauce. Eso fue en todo tiempo nuestro punto de vista, sostenido aun en los días más azarosos, y así lo sostuvieron, intensamente, los gobiernos de todos los partidos, unificados los blancos y los colorados en el culto nacional”, y conforme a esa posición de defensa de los derechos de nuestro país sobre el río Uruguay promovió la designación del teniente de navío Homero Martínez Montero como canciller de la República, que fue el artífice del Tratado de Límites en el Río Uruguay, firmado con Argentina, el 7 de abril de 1961.
Si un brasileño hubiera hecho esa afirmación, hubiéramos reaccionado en forma airada y enérgica, por ende, con mayor razón debemos hacerlo cuando un alto jerarca de la administración pública afirma ese disparate lesivo a la soberanía nacional, por lo que no puede permanecer ni un día más ocupando ese cargo y el Poder Ejecutivo debería exigirle la renuncia correspondiente afirmando, de modo categórico, el repudio a esas manifestaciones.
