El juicio que enfrenta Sebastián Marset en Estados Unidos puede ser una fuente de información clave para la Justicia uruguaya. Los datos que surgen de los documentos incorporados en la causa muestran que hay evidencias sobre su papel en delitos cometidos en Uruguay. Y sin embargo, tanto en la fiscalía como en el Ministerio del Interior sostienen que esperarán a lo que surja en el proceso del caso y no prevén pedir pruebas antes, según las consultas de Búsqueda.
El fiscal del caso en Estados Unidos, Anthony T. Aminoff, presentó varias mociones al Tribunal de Distrito Este de Virginia en las que detalla el contenido de evidencias recabadas por la Administración de Control de Drogas (DEA, por su sigla en inglés) en el marco de su investigación sobre Marset, a quien acusan de cuatro delitos, entre ellos narcoterrorismo y lavado de activos. Obtuvieron mensajes en los que Marset ordena, en 2020, un atentado a la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas y una amenaza a la entonces fiscal de estupefacientes y actual fiscal general, Mónica Ferrero. Además, como informó Búsqueda la semana pasada, Aminoff aseguró que en el juicio exhibirá pruebas de que el narco pagó coimas en Uruguay, Bolivia, Paraguay y Venezuela.
Mientras que el atentado y la amenaza son investigados por el fiscal de Flagrancia, Diego Pérez, el presunto pago de sobornos por parte de Marset no estaba en el radar de las autoridades. El documento incorporado en la etapa preliminar del juicio en Estados Unidos, que comienza en enero, no da detalles de a quién habría coimeado el narco.
Aminoff sostiene que quieren presentar en el juicio “evidencia limitada de sobornos” porque Marset aplicaba una estrategia de “plata o plomo”. “En particular, el gobierno presentará pruebas relacionadas con sobornos en Uruguay, Paraguay, Bolivia y Venezuela; es decir, el acusado pagó a funcionarios gubernamentales para obtener información y protección frente a las fuerzas del orden. Estos sobornos le permitieron continuar con sus actividades de narcotráfico, lavado de dinero y terrorismo sin interferencia de las autoridades”, dice el escrito.
Consultada sobre la posibilidad de que la fiscalía uruguaya solicite la información en poder de los norteamericanos, en particular de los sobornos, la fiscal Ferrero dijo a Búsqueda que cree que “si Estados Unidos consigue evidencia y nombres, los enviará”.
“Desconozco lo que tiene la policía”, añadió ante una repregunta. Y agregó: “De que se va a investigar, estoy segura”.
En el Ministerio del Interior tampoco tienen previsto solicitar las evidencias, en parte porque surge de publicaciones periodísticas, y van a “esperar a que sea Estados Unidos el que envíe la información”, dijo una fuente de esa secretaría de Estado.
Fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero.
Mauricio Zina / adhocFOTOS
El fiscal Pérez dijo a Búsqueda que Estados Unidos “no ha compartido información formalmente sobre la investigación que ellos están llevando a cabo, lo que es normal, al menos hasta después de que se realice el juicio en su país”.
“Nuestra intención es cooperar en todo lo que ajustado a derecho corresponda, y a su vez, también recibir información respecto de los temas en los que conoce mi fiscalía y en relación con los que ellos hayan avanzado con evidencias y/o pruebas que nos resulten de utilidad”, añadió el fiscal.
Pérez evaluó que la información que tiene Estados Unidos puede aportar a sus investigaciones y también a las de otras, como la de Delitos Económicos y Complejos, que investigó la entrega del pasaporte a Marset mientras estaba detenido en Dubái. El representante del ministerio público sostuvo que es “lógico” recibir la información después del juicio y no pedirla antes porque “puede alterar la estrategia” de los fiscales norteamericanos.
En la etapa actual del proceso, las evidencias son reservadas, salvo para la defensa. Cuando comiencen las audiencias del juicio, esas pruebas serán presentadas y una versión pública estará accesible. En ocasiones, esas versiones tienen datos tapados, como números de cuentas y otra información personal mencionada.
La colaboración
Uno de los objetivos de Aminoff y su equipo es mostrar que Marset era un narco peligroso. Para ello, en la acusación que presentaron en junio y en la que sumaron el delito de narcoterrorismo, entre otros episodios, mencionaron el atentado a la brigada antidrogas y la amenaza a Ferrero. “Estas actividades violentas, que implicaron el uso de armas, artefactos peligrosos, armas de fuego y explosivos, se llevaron a cabo con fines que iban más allá del mero beneficio económico personal de Marset”, dice la acusación.
Pérez dijo a Búsqueda que tanto Ferrero como él van a colaborar en lo posible con el juicio en Alexandria, pero “formalmente” no le ha llegado “ninguna comunicación” de que vaya a ser citado a declarar.
Ferrero ya tuvo una instancia de cooperación, según un documento de fiscalía elevado la semana pasada al juez.
La participación de Marset en la amenaza a Ferrero y la granada que estalló en la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas quedaron registradas en comunicaciones que el narco tenía con subalternos.
Aminoff solicitó al juez que se acepte como prueba mensajes enviados por Marset y otros integrantes de su organización mediante la aplicación Sky ECC. Esas comunicaciones fueron obtenidas por Francia en el marco de una investigación y luego facilitadas a Estados Unidos.
El 4 de mayo de 2020, Marset le avisó a otro contacto en Sky ECC que estaba “por hacer lanzar una granada en la brigada (antidrogas). Así se quedan un poco quietos. Tienen que respetar al PCU”. Cinco días más tarde, en el mismo chat, dijo que acababan de tirar la granada. “Primera amenaza PCU”. Acompañando ese mensaje, mandó una captura de pantalla de un diálogo entre dos personas que tiene una foto de una granada y alguien diciendo que tenía US$ 20.000 para quien se animara a tirarla en la dirección antidrogas.
Conversación entre dos personas sobre el ataque a la Brigada Antidrogas en 2020.
También en ese chat de Sky ECC, el 10 de mayo de 2020, Marset dijo: “Escuchame bien. Tengo el número de la fiscal, es una hija de puta. Tenés un celular nuevo ahí. Vamos a mandarle un mensaje bien hecho. Después lo rompés. Te voy a escribir el mensaje acá. Te voy a pasar el número. Vos le mandás el mensaje”. Luego Marset le mandó el mensaje que debía llegarle a Ferrero.
La DEA habló con Ferrero, según el documento del fiscal Aminoff, y las autoridades uruguayas facilitaron una copia del mensaje amenazante que había recibido, cuyo texto coincidía con el que pidió enviar Marset.
“La DEA le mostró este mensaje al acusado durante la entrevista realizada tras la lectura de sus derechos”, relata el documento, y el “acusado confirmó que había hecho que otra persona enviara este mensaje a la fiscal, ya que la consideraba ‘incorruptible’”. Marset también admitió haber organizado el atentado con explosivo.
Después de que Búsqueda divulgara el contenido de esos documentos de fiscalía, el abogado uruguayo de Marset, Santiago Moratorio, emitió un comunicado en el que afirmó que su cliente es “inocente mientras no se demuestre lo contrario en un juicio con todas las garantías del debido proceso”. Además, sostuvo que los documentos de fiscalía “son pedidos de una parte, no pruebas”, por lo que “no acreditan ningún hecho”.
Abogado Santiago Moratorio.
Un revés para la defensa
Marset sufrió un revés esta semana después de que el juez Alston rechazara mociones que presentó su defensa, una de ellas para evitar que su declaración a la DEA sea usada en el juicio.
Los abogados habían pedido al magistrado que desestimara los cargos contra su cliente porque el proceso penal es “una persecución motivada por afán de represalia” y porque su cliente fue víctima de extorsión y de una violación de sus derechos.
En un escrito presentado semanas atrás, la defensa aseguró que, “desde el primer momento, la DEA intentó lograr la cooperación del acusado mediante amenazas contra su familia. Cuando el acusado rechazó la ‘oportunidad’ ofrecida por la DEA de entregarse voluntariamente —planteada en aras de la seguridad de su familia y seres queridos—, los agentes pusieron en marcha una serie de acontecimientos destinados a garantizar que Sebastián Marset fuera trasladado a este país en violación de las obligaciones internacionales contraídas por Estados Unidos mediante tratados, y con la intención de privarlo de los beneficios que dicho tratado otorga a las personas sujetas a extradición”.
Cuestionó que se usen declaraciones de Marset a los agentes de la DEA tras la lectura de sus derechos y sin tener un abogado presente.
El juez rechazó todos los planteos en una resolución que adoptó el martes 17. “El expediente demuestra que no hubo violación de los derechos” de Marset cuando declaró sin un abogado, “que los agentes a cargo del caso no intervinieron en la obtención de su expulsión de Bolivia, que no se ofreció ninguna promesa de clemencia y que no hubo intento alguno de extorsión mediante criptomonedas”. El magistrado también aseguró que “en cuanto a la alegación de que los agentes de las fuerzas del orden intentaron acosar a la familia y a los allegados del acusado, dicha acusación no encuentra respaldo en el expediente”.