Sanatorio del Casmu por 8 de Octubre.
Ricardo Antunez, adhocFOTOS
Lo contable
Durante la primera hora y media de asamblea se expusieron los hallazgos de las auditorías de KPGM y RSM. Participaron contadores de la institución y de las empresas contratadas. Rodríguez intentó hacer algunas acotaciones pero Beltramelli se lo impidió, aclarando que no era el momento indicado.
Se explicó el trasfondo del “doble apartamiento de la normativa contable legal” en los balances, las partidas sin fundamento y las omisiones de registro, procedimientos a los que el contador que habló evitó atribuir intenciones, pese a que el informe jurídico de Pablo Donnángelo y Eduardo Sasson les asigna la potencial calificación de estafa. También se expuso el gasto y la solución encontrada por la actual administración de hacer un “asiento de sinceramiento contable”.
En ese momento solo se admitían preguntas, no consideraciones, pero los ánimos generaron desbordes —gritos, aplausos, intervenciones superpuestas— que Beltramelli debió controlar en medio de la tensión.
Alguien le preguntó al contador auditor si no le extrañaba que el Ministerio de Salud Pública no hubiera detectado las irregularidades, a lo que el profesional respondió que no, porque el asunto “estaba bastante bien guardado” y porque la cartera no había recibido el desagregado contable, sino los balances ya procesados.
Areosa, el extesorero, insistió varias veces sobre el hecho de que los auditores contratados para la investigación no hubieran consultado a Grant Thornton, la empresa auditora que se desempeña en el Casmu desde 2024. Cada participación de Areosa fue interrumpida por gritos de censura y Beltramelli recordando, una y otra vez, que solo se admitían preguntas.
También procuró intervenir Rodríguez con el argumento de que Gran Thornton no había detectado “ningún faltante”. A su vez, intentó demostrar que la mutualista hoy sigue recurriendo a los mismos prestamistas que, según los informes, cobraron tasas de interés de hasta 3.400%.
La actual gerenta administrativa del Casmu, María Ana Porcelli, detalló entonces las gestiones que se hicieron para bajar esas tasas a precios razonables, y afirmó que habían logrado reducir intereses por $ 10 millones por mes, despertando los aplausos que ya adelantaban el ánimo de la asamblea.
Lo jurídico
Luego, Donnángelo y Sasson presentaron las conclusiones del informe jurídico. Ya con el tiempo apremiando y notoria ansiedad en el ambiente, los abogados aludieron a cuatro situaciones “de una gravedad inusitada”, y aseguraron que tenían más información que habían dejado afuera para incluir solo “lo relevante e imprescindible para llegar a las conclusiones” presentadas.
Entre los puntos más destacados estuvo el hecho de que las autoridades anteriores hubieran decidido no ejecutar la cláusula de contratos con prestamistas para preservar los intereses financieros del Casmu. Eso causó “perjuicio económico durante 13 meses”, dijo Donnángelo.
En otro momento, Sasson leyó en voz alta pasajes de actas que evidencian las presiones que ejercieron Rodríguez y sus colaboradores sobre quienes habían querido cuestionar o interiorizarse acerca de los balances para que los votaran sin recibir la información requerida, con el argumento de que de lo contrario complicarían a la institución.
Tras la presentación, uno de los médicos presentes preguntó si lo hallado se podía catalogar de mala gestión o qué, a lo que Sasson respondió que la facultad de juzgar es del juez y la de acusar es del fiscal, mientras que los abogados deben limitarse a presentar los indicios.
Aun así, soltó: “Si esto fuera en una clase y no en un juzgado, deberíamos estar analizando el delito de estafa”. Y recibió fuertes aplausos.
Areosa quiso insistir con el rol de Gran Thornton: “No soy abogado”, comenzó, y se escuchó el grito “¡menos mal!”, con risas que Beltramelli trató de acallar. “Lamentablemente esto se está volviendo un foro público en el que ustedes...”, se despachó el extesorero, ante lo cual se le insistió en que hiciera preguntas y no consideraciones.
Su pregunta, una vez más, fue sobre la empresa auditora, y Sasson le contestó: “El hecho de que nuestra firma no haya tenido contacto con Gran Thornton no invalida nuestro trabajo. Y no lo tuvimos porque no consideramos que fuera necesario”.
Antes de pasar a la siguiente fase, una médica preguntó si, ante todo lo expuesto, los médicos capitalizadores, como dueños de la institución, podían quedar en omisión en caso de no enviar la información a Fiscalía, a lo que Sasson respondió que no estaban obligados a hacerlo.
“Hoguera pública”
A las 22 horas comenzaron el análisis de las responsabilidades, para lo cual permitieron que los involucrados hicieran sus descargos. A cada uno se le otorgaron 10 minutos.
Habló primero Rodríguez. Varios médicos aprovecharon el momento para salir a fumar. El expresidente se defendió planteando, entre otras cosas, que para pagar los sueldos de los funcionarios había tenido que recurrir a los préstamos mencionados. También recordó que en 2024 Fiscalía ya analizó parte de los hallazgos y no consideró que ameritara una investigación.
Cuando se le terminó el tiempo, Beltramelli le concedió dos minutos más porque había tenido un par de interrupciones, y varios de los presentes expresaron su queja. Al culminar, Rodríguez agradeció irónicamente a todos los presentes por el “linchamiento” al que lo habían sometido, y gritó “¡viva Casmu!”.
Algo similar ocurrió con Areosa, que trató de calmar los ánimos apelando a la unión del colectivo: “Esperen, porque yo estoy a favor del Casmu y ustedes también. Tendríamos que estar luchando para recuperar los socios”, dijo, en vez de buscar culpables “como los gobiernos que llevan a Fiscalía a las administraciones anteriores”. Y agregó: “¡Esto no puede ser una hoguera pública!”.
Afirmó que los balances son “ignotos” para los médicos y que no tenía sentido que estuvieran discutiendo sobre contabilidad. Mencionó al pasar que Casmu podría ser “otra Casa de Galicia”, en referencia a la mutualista fundida en 2021.
A su turno, el exgerente general Gilard defendió su decisión de arrendar un una camioneta y un camión sin conductor, por un plazo de tres años y un precio mensual de $ 405.000 más IVA. Cuestionó que los abogados dijeran que se trató de un “negocio ruinoso” para Casmu y aseguró que, a diferencia de lo planteado en el informe jurídico, no omitió hacer un análisis de precios y oferentes. Puso a disposición lo que había averiguado antes de proceder al arrendamiento, y agregó que había contado con el visto bueno de un abogado y del MSP. Su participación fue la única que se escuchó en silencio y que recibió aplausos, pocos pero entusiastas.
Tras los descargos de los anteriores administradores, se dio paso a los 20 oradores anotados. A cada uno se le otorgaron tres minutos.
“Otra vez vamos a tener que poner plata. Fue una gestión mala porque no cuidaron la gestión. Lo que nos corresponde a nosotros es decir que así no se puede cuidar al Casmu. Ni a sus doctores ni a los usuarios”, dijo la primera médica en participar.
“Me parece que no es de respeto entre colegas”, planteó otra, que pidió “un mínimo de apertura mental”. “No somos jueces, no podemos juzgar sin la mínima evidencia”, exclamó.
Otra consideró: “No estamos para juzgar si tienen que ir presos. De eso se va a encargar la Justicia. Nosotros somos médicos. Estamos para brindar lo mejor a los pacientes y no lo estamos haciendo porque no hubo gestión transparente”.
Y luego agregó: “Me gustaría preguntarle a Rodríguez si estuvo de espaldas a esto. Areosa dice que no estamos capacitados para entender un balance. Si, estamos. Y podemos decir que ustedes les faltaron el respeto a todos y nos robaron, como ya quedó demostrado. Si fuera ustedes, me iría antes de que me echen”.
Una médica que formó parte de la comisión fiscal aseguró que debió renunciar por “amenazas” que quedaron registradas. “Hay documentos de todo lo que les digo. No voy a hablar de balances porque no entiendo nada. Lo que si sé es que el Casmu está cada vez peor y que el manejo está todo documentado”, apuntó.
“Cada uno de los que estamos acá tenemos posibilidades de decidir. Se acabó el terrorismo de consejeros y jefes. Terminemos con esto. Tenemos la oportunidad de oro de dar vuelta la página en esta asamblea y de empezar a construir el Casmu que queremos”, se despachó otro de los presentes.
También hubo quienes alzaron la voz en defensa de los acusados. “Errores hubo en todas las administraciones. Si podemos hablar de esto es porque está todo documentado. De 2023 para atrás no había nada. Los temas de balances y préstamos es una cosa que sucede. Expulsar colegas es un disparate. La razón de todo esto es debilitar a la oposición. No sé olviden de que hay intereses más allá de esto: cerrar al Casmu. Esto es funcional a esos intereses”, consideró.
Las mociones y la votación
Se presentaron cuatro mociones.
La primera fue de orden, a pedido de los involucrados en las irregularidades señaladas, que solicitaron un cuarto intermedio para preparar la defensa. Salió negativa por 564 contra 194.
La segunda fue para “considerar responsabilidad respecto a Rodríguez, Areosa, Zumar y Gilard” respecto de los hechos denunciados. La votación los halló responsables y se definió, por 544 votos contra 198, removerlos en su calidad de miembros del consejo directivo.
En medio de una creciente tensión, se puso a consideración la determinación de hacer la denuncia en Fiscalía. El resultado fue de 562 votos afirmativos contra 119 negativos.
Y finalmente se votó si promover por parte de Casmu una acción civil contra los cuatro involucrados, lo cual se aprobó por 481contra 127 intenciones.
A última hora, la institución emitió un escueto comunicado en el que da cuenta de lo resuelto y concluye: “Esperamos que esta compleja jornada redunde en beneficio de los asociados, trabajadores médicos y no médicos, y de todo el Sistema Nacional Integrado de Salud”.