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En relación con el Producto Bruto Interno, el crédito en la economía uruguaya no es alto, comparado con otros países. Pero es cierto que hay sectores de la población, y probablemente también algunas empresas de pequeño porte, que enfrentan problemas de sobreendeudamiento: piden préstamos para subsistir o para pagar deudas anteriores, lo que se vuelve para ellos una angustiante calesita financiera.
El sistema político se ha sensibilizado por esta realidad, que no es de ahora, y varios proyectos de ley han estado en danza en el Parlamento. El más notorio, quizás por la vehemencia con la que es defendido, es el de Cabildo Abierto. En sustancia, propone habilitar un mecanismo de refinanciación de deudas para personas físicas por vía administrativa y, si no prospera ese camino, mediante la intervención judicial. Incorpora un controversial concepto de “deuda justa” y, además, establece un nuevo tope para las tasas de interés sobre los créditos relacionándolo con el costo en el que incurre el gobierno al tomar deuda. De aprobarse, este esquema de reestructuración estaría disponible para un sector relativamente amplio de la población, ya que el límite es tener un inmueble cuyo valor no supere, en unidades indexadas a la inflación, el equivalente a unos US$ 240.000, contar con un vehículo que no exceda los US$ 22.000 y tener ingresos de hasta el equivalente a US$ 3.000 por mes.
Aunque el espíritu de esta y otras iniciativas sobre el tema es compartible, las medidas planteadas pueden ser peligrosas. Como han dicho algunos actores del sistema financiero, las lógicas del mercado podrían llevar a que el mecanismo termine limitando el acceso al crédito formal justamente a aquellos que hoy se pretende rescatar de su situación de sobreendeudamiento. También parece poco razonable el criterio para determinar la tasa máxima. Además, puede ser un precedente inconveniente al modificar contratos ya vigentes que fueron aceptados por las personas que tomaron el crédito. Y si quienes reestructuren sus deudas bajo esta ley después vuelven a caer en mora, ¿habría otras refinanciaciones?
Más que una ley relativamente amplia como la que se propone, el sistema político y el sector financiero deberían considerar otras vías para atacar el problema de forma focalizada, contemplando a aquellos que de verdad están con el agua al cuello. Eso podría hacerse sin necesidad de una ley. Otro aspecto relevante, del que se habla menos de lo necesario, es atacar uno de los problemas que está por detrás del excesivo endeudamiento de ciertos sectores de la sociedad: la información muchas veces poco clara sobre las condiciones de los créditos que se ofrecen y la pobre educación financiera de los uruguayos. En esto puede haber responsabilidades compartidas de las instituciones prestamistas y de las autoridades, que algo han intentado hacer, pero de manera timorata.
Está claro que este no es un tema fácil y que se entrelazan intereses diversos. Pero, aunque se haga con las mejores intenciones, alternativas legales como las que han sido puestas sobre la mesa corren el riesgo de ser más un problema que una verdadera solución.
