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El nombre no es muy feliz: suena a un nuevo producto lanzado por Conaprole y quizás se trate de una iniciativa algo sobrentusiasta. Que, además e infelizmente, no ha tenido gran difusión.
Me refiero al Programa de Modernización Legislativa, lanzado por Martín Lema desde su flamante presidencia de la Cámara de Diputados: se “propone derogar (…) leyes obsoletas, en desuso, que generen dificultades de interpretación e identificar aquellas que resultan inaplicables en la práctica (…). Incluye (…) la modificación o derogación de leyes que hayan sido declaradas inconstitucionales y de esta forma simplificar el sistema normativo nacional y adaptar el orden jurídico (…) a la realidad del siglo XXI”.
Sé que ha levantado críticas desde algunos integrantes de algunas cátedras. Celos, quizás, o la ceguera de quien vive en un mundo cerrado, laberíntico y que recurre al artilugio de la comparación con otros países para convencerse de que el nuestro es un ordenamiento jurídico magnífico.
Con lo que difiero fuertemente. Lo nuestro se parecer cada vez menos a un Estado de derecho y más al manual que suele acompañar la compra de un auto. El problema arrancó con el progresivo abandono de los fundamentos del derecho natural. Soltadas las amarras, nuestro derecho fue apartándose del tronco civilista para inventar “derechos especiales”, con principios propios, frecuentemente más puntuales y funcionales que coherentes. Luego abrazamos el formalismo de Kelsen para fundar las normas (nada más estéril), para después ensayar aquello de Marx, sobre la preminencia del derecho material sobre el formal y pasamos a descubrir genialidades, como la de la superioridad de lo política sobre lo jurídico, todo informado por la concepción en boga de que la realidad se arregla (o remienda) con leyes y que para eso está el Poder Legislativo, para legislar al kilo. Así, vivimos enredados en un mar de normas, últimamente redactadas de forma aún más ininteligible que los manuales de los autos. Descartes sucumbió a la “transversalidad” y otras nociones posmodernas (o prerracionales).
Mi padre, que era una persona eminentemente sensata, sostenía que se podía medir la evolución del país por el número de volúmenes del registro anual de leyes y decretos: cuando era de uno por año el país volava, hoy deben andar por seis o siete.
Por todo eso creo que la iniciativa de Martín Lema es excelente y que merece ser conocida -—y apreciada— por toda la sociedad. Ella sola no será suficiente para restablecer en el país un Estado de derecho racional que permita un desarrollo más libre del hombre y de la sociedad, pero es una buena aproximación.
También una apuesta altísima, que puede escaparse de las manos o, peor, hundirse en el olvido y la frustración.
Para tratar de que eso no ocurra es muy importante no solo difundir mucho más la iniciativa, sino también involucrar a todos aquellos con un interés directo en el tema: Poder Judicial, cátedras, gremiales, sindicatos, colegios profesionales, estudios, etc., y en paralelo organizar y sistematizar los trabajos, largando las piezas legislativas a medida que estén prontas, sin esperar a concluir todo (lo que no ocurrirá jamás).
