El próximo gobierno hará ajustes al Código del Proceso Penal

No había pasado más de un mes cuando saltaron las primeras alarmas. Un abrupto crecimiento de los delitos preocupó al Ministerio del Interior, que se apuró a señalar al nuevo CPP como responsable. Los fiscales se vieron pronto desbordados de trabajo y con cortocircuitos con la Policía, que, acostumbrada a trabajar con más libertad, se quejaba de la nueva operativa. Además, la población reaccionó con indignación ante los procesos abreviados, que habilitan a que los fiscales acuerden rebajas de penas con los delincuentes para obtener confesiones. Con el paso del tiempo los indicadores sobre la eficiencia del nuevo modelo parecieron acomodarse, pero las críticas persistieron.

Para el candidato del Frente Amplio, Daniel Martínez, “hay que “revisar las disposiciones del CPP que tienen diferentes orígenes”, pero “sin alterar y profundizando sus principios como sistema acusatorio, adversarial y oral”. En su programa de gobierno añade que se deben fortalecer “las unidades de análisis criminal y el trabajo entre los operadores fiscales y judiciales junto a la policía”, y propone hacer un “seguimiento y evaluación” de la aplicación del CPP con “el objeto de mejorar la persecución penal”. También dice que se “deberá reestructurar todo el sistema de penas” previsto en el Código Penal, “haciéndolo más coherente y equilibrado”.

Por otra parte, Martínez mencionó como relevante realizar “un trabajo de rehabilitación efectivo de los condenados en el sistema carcelario” y “priorizar la tarea policial en materia de prevención y de mantenimiento del orden público”.

Luis Lacalle Pou, del Partido Nacional, respondió que en su programa de gobierno está previsto modificar el CPP, y que también propone cambios al Código Penal. En el programa se detalla que se limitará la aplicación del proceso abreviado “únicamente a los delitos cuya pena es de prisión” (hasta dos años de cárcel), y se eliminará “cualquier mecanismo de aplicación de penas por debajo de los guarismos establecidos por el Código Penal”. Propone además “reintroducir” un proceso con una estructura simplificada y de carácter extraordinario, “tal como estaba previsto en la redacción original” del CPP. El Partido Nacional también considera “imperiosa” una reforma profunda del sistema carcelario, “que convierta a los establecimientos penitenciarios en auténticos lugares de rehabilitación y no en escuelas del delito”.

El colorado Ernesto Talvi dijo que está “plenamente de acuerdo” con el nuevo Código del Proceso Penal, “especialmente” por el reemplazo del sistema inquisitivo por el acusatorio. “Sin embargo, requiere de un tiempo prudencial de funcionamiento antes de ser juzgado. Realizaremos un diagnóstico profundo de la situación para valorar correctamente los pasos a seguir”, añadió, y aseguró que terminarán con los “parches legales” y harán una “verdadera reforma”. En concreto mencionó la necesidad de aumentar el número de fiscales y funcionarios, de limitar o incluso derogar el instituto de la libertad vigilada, y de que más casos sean resueltos mediante juicio oral y no a través de procesos abreviados.

En la actualidad los casos que llegan a juicio no superan el 3% del total, y la enorme mayoría se resuelve mediante acuerdos entre fiscales y defensores.

“Debemos encarar también —cuanto antes— una reforma global del Código Penal y una sustancial reforma carcelaria”, agregó el presidenciable colorado.

Guido Manini Ríos, candidato por Cabildo Abierto, no respondió a la pregunta de Búsqueda, aunque en su programa de gobierno propone “reformar el Código del Proceso Penal, limitando la aplicación del procesamiento sin prisión, la libertad provisional y anticipada, la suspensión condicional de la pena, las salidas transitorias, la gracia y la reducción de pena por estudio”. Asimismo, plantea “limitar la aplicación del proceso abreviado únicamente a los delitos cuya pena es de prisión”.

“El aumento en la criminalidad en todas sus formas, demuestra el fracaso de las políticas públicas articuladas en cuanto a seguridad”, dice su programa.

“Hay que seguir haciendo modificaciones tanto legislativas como de funcionamiento”, evaluó Pablo Mieres, del Partido Independiente. “Es indispensable que las alternativas de juicio abreviado sean mucho más reguladas y estrictas, para evitar que los mecanismos de acuerdos generen reducciones de penas inaceptables”, añadió. Planteó también que debe aumentarse “sustancialmente” el número de fiscales.

Gustavo Salle, del Partido Verde Animalista, opinó que al nuevo CPP “hay que tirarlo a la basura”. Propone derogarlo y volver al código anterior (Ley Nº 15.032). Daniel Goldman, del Partido Digital, dijo que el código debe “empezar por hacer un mea culpa” y propuso mejorar la situación en las cárceles.

“Me remito a su fracaso”, respondió el líder de Asamblea Popular, Gonzalo Abella, al ser consultado sobre las modificaciones que le haría al CPP. “El hecho positivo de que haya más detenidos procesados no justifica su deshumanización”, opinó, y propuso que los trabajadores y los técnicos que trabajan en las cárceles participen junto con los profesionales penalistas en la reelaboración del código.

Rafael Fernández, del Partido de los Trabajadores, dijo que no solo debería modificarse el CPP, sino también el Código Penal. Propuso en particular “eliminar los delitos políticos y contra el Estado, que tienen inspiración en el código de Mussolini”. Por otra parte, señaló que “las cárceles están llenas de pobres, ya que se penaliza cada vez más a los delitos más comunes, mientras que los ladrones de cuello blanco tienen un trato favorable”.