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    El puerto de Montevideo afectado

    Sr. Director:

    Desde hace meses las relaciones con la República Argentina han ingresado en un proceso de franco deterioro. Ello se aprecia claramente en una serie de medidas adoptadas por las autoridades de ese país entre las cuales me permito destacar las restricciones a la importación de los productos uruguayos, los gravámenes a que están sometidos los turistas argentinos si realizan erogaciones con tarjetas de crédito en nuestro país y, sobre todo, la resolución ADJ128/13, Disposición 1108/2013 de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables de la República Argentina.

    Por razones de especialización, me referiré principalmente a esta última medida que establece que “dentro del ámbito geográfico de los países que integran el Mercosur, las cargas de exportación originadas en puertos argentinos únicamente podrán ser transbordadas en otros puertos de jurisdicción nacional o en puertos de los Estados Parte del Mercosur y sus Estados asociados que mantengan acuerdos de transporte marítimo de cargas con la República Argentina”.

    Como la República Oriental del Uruguay no mantiene, con la República Argentina, ningún acuerdo de transporte marítimo, es el único país del Mercosur afectado por esta disposición que entró a regir el 7 de noviembre pasado.

    Las consecuencias de esa medida ya las está sufriendo el puerto de Montevideo que registra una reducción de su operativa que se ha estimado en un 25%. En atención a ello, hay empresas portuarias que están analizando reducir su personal, entre las que se destaca Terminal Cuenca del Plata que prevé enviar a seguro de paro alrededor de 500 funcionarios.

    El tránsito de mercaderías constituye un imperativo categórico de los puertos uruguayos, en general, y del puerto de Montevideo, en particular.

    El ingeniero José Serrato, en 1906, refiriéndose a las obras que se venían llevando a cabo de construcción de nuestra principal terminal portuaria, expresó: “Si nuestro puerto cómodo y seguro no sirviera nada más que para el intercambio propio del país, esto no bastaría, ni puede ser una aspiración nacional”.

    Y este ha sido siempre el pensamiento que inspiró a todos aquellos que fungieron como autoridades portuarias de nuestro país y se encuentra consagrado en la ley de puertos Nº 16.246 del 8 de abril de 1992 y en otras normas reglamentarias de ese tipo de actividades.

    La medida que comentamos, pues, afecta uno de los aspectos fundamentales de nuestros puertos. Y ¿qué ha pasado desde que se conoció la resolución ADJ128/13? Por un lado, el presidente quejándose de que lo dejaron solo cuando nunca convocó a los líderes de la oposición para tratar estos temas y mandando, a los que reclaman soluciones, que se “vayan a llorar al cuartito”.

    Por el otro, el ministro de Transporte y Obras Públicas afirmando que “la Argentina no existe más” y pensando que el vacío de esas cargas lo va a llenar con las que procedan de Bolivia y Paraguay.

    Por su parte, el presidente de la ANP, es decir, del Directorio de la Administración Nacional de Puertos, no concurrió ni el día 11 ni el 12 de este mes a la reunión regular de coordinación del dragado de los canales de Martín García que se llevó a cabo, precisamente, en la sede de la ANP. El ingeniero Alberto Díaz consideró prioritario asistir a la reunión de la Coordinadora del Puerto de Colonia y no a la que tuvo lugar en la sede del Instituto que él preside, a la que sí asistió el subsecretario de Puertos y Vías Navegables de la Argentina, ingeniero Horacio Tettamanti. ¿No hubiera sido conveniente aprovechar esa circunstancia para dialogar con el citado jerarca argentino, responsable de la medida que comentamos? ¿Es razonable ese desplante, en la coyuntura actual de nuestras relaciones con Argentina, por parte de la autoridad portuaria uruguaya?

    En cuanto a los trabajadores involucrados, el distinguido dirigente gremial Oscar López y el importante gremio que él lidera, se ha preocupado por el proceso que puede culminar con el envío a seguro de paro de cientos de obreros portuarios, pero no se ha interesado en aportar una solución al fondo del conflicto, donde el sindicato puede cumplir un rol muy importante.

    A nivel de los empresarios, unos sostienen que hay que negociar, negociar y negociar pero no saben cómo y con qué, y otros, en posición que adhiero, consideran que se debe aprobar el Acuerdo Multilateral de Transporte Marítimo del Mercosur, con alguna reserva, y de ese modo levantar automáticamente la prohibición.

    Pero el tiempo transcurre, algunos armadores ya han resuelto su problema operando en puertos brasileños y ahora vienen las vacaciones y cuando se vuelva a conversar de todo esto, nos encontraremos con hechos consumados. Hechos consumados que significarán un deterioro, quién sabe por cuánto tiempo, de nuestra operativa portuaria.

    Por el bien de mi querido país y de sus puertos, que son palancas fundamentales de su desarrollo, espero que, sin más dilatorias, se alcance una solución satisfactoria a este grave problema.

    Dr. Edison González Lapeyre

    CI 662.864-2