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En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acáCulminada la campaña del referendo para derogar parcialmente la llamada Ley de Urgente Consideración, promovida por el gobierno para resolver con la mayor premura los problemas que la ciudadanía indicara como prioritarios antes de las elecciones de 2019 y a cuya solución se habían comprometido “con el país” tanto el presidente Lacalle Pou como su partido y los demás integrantes de la llamada coalición multicolor, que personalmente preferiría designar como liberal republicana, deseamos mostrar aspectos que se perdieron en el fárrago de las discusiones y de la profusión de mentiras provenientes de los impulsores del ejercicio.
Lo primero para subrayar es que el Frente Amplio había quedado malherido, políticamente hablando, luego de las elecciones de 2019, lo que se complementó con el ocaso político, por distintas causas, de sus principales dirigentes.
En segundo lugar, cuando el gobierno de Lacalle Pou presentó, primero a la opinión pública y luego a los diferentes sectores políticos y grupos de interés, el texto de la LUC, esta fue acompañada, en buena parte de los artículos propuestos, por la coalición opositora de partidos y movimientos que integran el FA y el resto de los artículos fue aprobado democráticamente por la mayoría de los representantes del pueblo.
El Frente Amplio en principio descartó recurrir al tan manido referendo contra la ley, recurso tantas veces usado en el pasado, en primer lugar por su apoyo a parte de la ley, que se había brindado para cambiar la imagen luego de la derrota de 2019 y para tratar de evitar el impacto de auditorías a su gestión gubernamental, tantas veces anunciadas por voceros oficialistas, todo ello aunado a la merma de liderazgos partidarios, arriba mencionada, y quizás también al impacto de la crisis sanitaria por la pandemia.
Pero apareció entonces el PIT-CNT, impulsando una recolección de firmas para llegar al referendo. El sindicalismo no solamente convenció a su versión política enquistada en el Frente Amplio de acompañarlo y abrazar la causa del referendo sino que también le facilitó en paralelo a su presidente, Fernando Pereyra, para que se hiciera cargo de la presidencia del FA. Esa jugada se les desdibujó un poco cuando el presidente designado para sustituir a Pereyra en el PIT-CNT se vio obligado a dar un paso al costado por una grave falta que derivó en su formalización por la Justicia.
Y aquí viene una de las claves de este innecesario y frustrante ejercicio electoral. Es preciso descifrar, lo que no es difícil, las razones que llevaron a la central sindical a impulsar este costoso mecanismo en un momento de aguda crisis sanitaria y económica del país y del mundo. Porque, pese a los obstáculos, necesitaban seguir adelante por una oscura razón que trataron de mantener oculta, y parcialmente lo lograron, detrás de un gran número de artículos rechazados, los cuales se incorporaron con alguna explicación menor o casi sin ninguna.
Hete aquí que, de todas las reformas introducidas en la LUC, la más perjudicial para el sindicalismo era sin dudas la que da máximas garantías a los trabajadores de ejercer el derecho de huelga pero también de defender su derecho al trabajo, de acuerdo con la Constitución de la República, haciendo hincapié en permitirles el ingreso a los lugares de trabajo. Esto permite anular el mayor recurso extorsivo con que contaba el sindicalismo uruguayo antes de la LUC, apoyado por su brazo político con el que ahora ha transparentado su mimetización mutua.
Es preciso recordar que solamente el 25% de los trabajadores están afiliados al PIT-CNT pero, a pesar de ello, siempre ha existido la pretensión absurda e injustificada de los dirigentes sindicales de forzar el acatamiento de todos los trabajadores a decisiones que están lejos de representar a las mayorías y sus mandatos no derivan del voto universal y secreto de esos trabajadores a quienes aducen representar.
Estos dirigentes sindicales entendieron que tenían que desarmar lo dispuesto por la LUC porque temían, y hacen bien en hacerlo, que luego puedan venir mayores exigencias para la actuación sindical en el marco de la democracia, incluyendo, entre otras necesarias reformas, una revisión del fuero sindical que incluya la exigencia del voto secreto para elegir a las autoridades de los gremios y para la adopción de medidas de lucha, como por ejemplo paros y huelgas, a efectos de que el ejercicio sindical se inscriba legítimamente en la vida democrática del país.
Y por todas estas motivaciones arribaron, con la complicidad del brazo político, al cual de algún modo torcieron a su favor, a la decisión de proponer derogar más de una centena de artículos, entre los cuales se enmascararon aquellos poquitos que verdaderamente ponían en jaque sus privilegios que les permiten asumir representación de todos los trabajadores uruguayos, cuando solo una cuarta parte de la fuerza laboral está afiliada a la central. Pero, insistimos, debían hacerlo “entre gallos y medianoche” para no quedar tan expuestos al escarnio.
Para corroborar fehacientemente todo lo que aquí planteamos basta repasar el estrado de quienes acompañaron a Fernando Pereyra a no reconocer la derrota desde la explanada municipal, cuando ya se habían consolidado los resultados del referendo. Los dirigentes del FA, con los antecedentes arriba descritos y ante la inminencia del revolcón, se borraron y dejaron solos, como únicos padrinos de la derrota, a los principales promotores de un ejercicio que le costó al Uruguay mucho dinero y no sirvió más que para consolidar el apoyo del soberano al gobierno y fundamentalmente al presidente Lacalle Pou, que nos hicieron transitar de la mejor manera posible en estos durísimos dos años. Y que seguramente van a comenzar, libres de estos palos en la rueda, a esbozar otras soluciones para recuperar al Uruguay que todos queremos. Comenzando por la educación, madre de todas las aspiraciones de los uruguayos, de todas las preferencias políticas, a efectos de dar a los más humildes la mejor herramienta para avanzar en la escala social.
Solamente cabe augurar que en los próximos tres años no aparezcan nuevas acciones desestabilizadoras de un gobierno que ha sido legitimado una vez más por el apoyo explícito de la nación el domingo 27 de marzo.
Ulises Pioli